La Policía de Investigaciones informó el accidente fatal que sufrió un poblador del sector rural de Ancud, hecho por el cual debió venir hasta la Isla Grande personal de la capital regional.

El domingo recién pasado, en horas de la tarde, detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de Puerto Montt en compañía de efectivos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la misma PDI de esa ciudad concurrieron hasta El Palomar, específicamente al kilómetro 1.131 de la Carretera Panamericana, tras el fallecimiento de un varón adulto.

El subprefecto Enrique Zamora, jefe de la BH puertomontina, dijo que "en el interior de una propiedad ubicada en el lugar se encontraba fallecido un hombre de 42 años, el cual de acuerdo a los antecedentes preliminares y posteriormente verificado por la investigación efectuada por los detectives, se pudo establecer que la persona, al tratar de asegurar el suministro de agua para su vivienda, procedió a efectuar una instalación de una bomba de extracción de agua en una fuente cercana".

Dentro de esa faena, "de una forma accidental se produjo una descarga eléctrica que le causó su muerte", indicó el detective de la policía civil.

SML

El subprefecto agregó que "conforme al examen externo del cadáver, el cual tiene que ser corroborado por el Servicio Médico Legal (SML), la causa probable de su fallecimiento está directamente relacionada con esta descarga eléctrica recibida".

De acuerdo a Zamora, "se efectuaron las pericias mecánicas que ayudarán a las labores de investigación que serán dispuestas para la Fiscalía de Ancud" por el caso.

El Palomar también hizo noticia policial recientemente por la colisión de vehículos que el viernes dejó tres lesionados y provocó el corte de la Ruta 5 y, con ello, causando atochamientos kilométricos por casi 3 horas.

En fallo unánime (causa rol 44.832-2021), la Primera Sala del máximo tribunal del país desestimó, por estar mal formulado, el recurso deducido en contra de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la de base que dio lugar a la acción respecto a una propiedad ancuditana.

"Que examinado el recurso de casación se puede constatar que el recurrente no cuestiona la aplicación del derecho atinente a la materia debatida, pues los fundamentos esenciales de su libelo dicen relación con el sentido y alcance que corresponde conferir a la prueba rendida en autos", releva el dictamen.

Con ello la instancia no solo rechazó el recurso de casación en el fondo deducido en contra de la sentencia que acogió demanda de reivindicación, pues también ordenó la restitución de retazo de terreno ubicado en la comuna de Ancud.

La resolución agrega que: "Sin embargo, tal actividad se agotó con la valoración que hicieron los jueces del fondo, quienes tras ponderar todos los antecedentes, incluida aquella que la recurrente estima preterida, y en uso de las facultades que les son propias, concluyeron que concurrían todos los elementos para dar lugar a la acción intentada, y en particular, pudieron establecer que la porción de terreno de 2.860 metros cuadrados -que finalmente la sentencia circunscribe a 2.700 metros cuadrados en razón de la petición formulada en la demanda- que materialmente posee el demandado se ubica hacia el límite oeste de la propiedad del actor de mayor extensión encontrándose su ubicación y deslindes claramente precisados en la forma que se indica en el motivo décimo tercero del fallo de primer grado".

"jueces de fondo"

Para la Suprema "resulta pertinente recordar que solo los jueces del fondo se encuentran facultados para fijar los hechos de la causa y que efectuada correctamente dicha labor, al determinar estos con sujeción al mérito de los antecedentes y las probanzas aportadas por las partes, ellos resultan ser inamovibles para este tribunal conforme a lo previsto en el artículo 785 del Código de Procedimiento Civil".

El tribunal con asiento en Santiago también indica que no posible la respectiva revisión "por la vía de la nulidad que se analiza al no haberse impugnado el fallo denunciando contravención a las leyes reguladoras de la prueba para modificar el presupuesto fáctico que ha servido de sustento a la decisión, y sustituirlo por uno que se avenga con las pretensiones jurídicas del recurrente".

Además, la resolución emanada por la sala integrada por los ministros Mauricio Silva Cancino, María Angélica Repetto y Jean Pierre Matus, además de los abogados integrantes Diegos Munita y Raúl Fuentes, recalca que no se contraviene los artículos 1.698 y 1.699 del Código Civil, como el 346 Nº3 del Código de Procedimiento Civil.