Pedro Bárcena González

Con los alegatos de apertura, la extensa intervención del acusado y los antecedentes aportados por dos testigos comenzó ayer el juicio contra un isleño acusado de asesinar a su expareja en la isla Caguach, comuna de Quinchao. Una audiencia por femicidio en que el encartado se expone a la máxima pena de nuestra legislación.

La sesión telemática, marcada por los rigores de este sistema, como interrupciones de conectividad, se inició ante la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, presidida por el magistrado (s) Elías Agüero, con los planteamientos de los cuatro acusadores y la defensa del sujeto de iniciales C. I. V. V. (45), sindicado como autor del crimen contra Mónica Mansilla Muñoz (54), cuyo cadáver fue hallado en su domicilio el 19 de diciembre del 2019.

El fiscal Luis Barría, quien instruyó las diligencias del caso, partió sus alegaciones remarcando que el delito por el cual presentó cargos "no es solo uno de los más graves de nuestra legislación, sino que también es el mayor que atenta contra las mujeres por violencia de género".

Episodios

Para sustentar esta perspectiva, el persecutor remarcó que el encartado por "17 años estuvo en conviviencia con la víctima, tiempo en que se registraron hechos de violencia intrafamiliar (VIF), tanto de amenazas como lesiones", siendo denunciados, uno en sede de Familia y otro en Garantía.

Además, el abogado resaltó que en noviembre del 2019 ocurrió otra embestida que marcó el término definitivo de la relación y la salida del hogar común del isleño. "El acusado persiguió con un arma blanca a la víctima, quien debió esconderse en un puente", relató.

Es más, la fuente expuso que la noche anterior al crimen la vecina participó de una fiesta. "El imputado estaba en el lugar y estimamos que quizás, al ver que la mujer estaba rehaciendo su vida, se gatilló este último episodio de violencia", acotó.

Durante su presentación, el fiscal describió el deceso de la pobladora, su hallazgo y posterior pesquisas de la Brigada de Homicidios (BH): "Quedó en evidencia la intervención de terceros y los indicios de estrangulación".

Los antecedentes que vincularon en el ilícito al sujeto, como especificó Barría, habrían surgido de las primeras diligencias policiales (pericias a una camioneta y levantamiento de restos biológicos de prendas de vestir cotejados), como las contradicciones en el relato del isleño. A ello, se sumó el aporte de testigos, incluso "lo ven ingresando al domicilio de la víctima durante la mañana (del día del crimen), siendo esta una prueba directa", explicó.

En base a esta prueba reunida, el jurista aseveró que "lograremos acreditar el delito de femicidio y la participación del acusado, quien prestó declaración negando su intervención".

Por su parte, el abogado Patricio Olivares, quien representa como querellante a Iván Aro, hijo de la víctima, expresó en la audiencia que en este caso "existió violencia de género sistemática en el tiempo", sumando que "por parte del acusado existe un desprecio a la vida de la víctima, que nace por su sentido de propiedad que tenía hacía ella".

Agregó el profesional que en base a las dos agravantes que invocó (abuso de las fuerzas y haber actuado en la morada de la víctima) "queda de manifiesto este cruel y cobarde ataque". Además, indicó que la pena de presidio perpetuo calificado que solicitó, como el resto de los acusadores, se sustenta en marcos legales sobre la violencia de género, como la Convención de Belem do Pará.

En tanto, el asesor legal del Servicio de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) Los Lagos, Thomas Patri, expuso que todo el contexto de este femicidio "demuestra como el acusado cosifica totalmente a la víctima, abusando de sus fuerzas y actuando con total desprecio de la dignidad de la mujer".

Junto con coincidir en los alcances de violencia de género en este caso, el querellante insistió en que pese a no existir denuncias de las embestidas anteriores contra Mansilla, "el acusado siempre fue violento con ella, en una dinámica que es típica en estos hechos, donde las agresiones van en escalada". Corrigió que la vecina "no murió, sino que la mataron".

Tania Sánchez, abogada del municipio de Quinchao, quien representa a Marcia Aro, otra hija de Mónica Mansilla, coincidió en la recurrencia de la VIF que terminó en el fatal ataque. "El acusado no respetó el derecho de la víctima de vivir libre de violencia y terminó con su vida", dijo.

Añadió la fuente que "el dolor de sus tres hijos no tiene reparación alguna, quedaron sin madre, sin el eje de la familia por la acción del imputado", hechos que catalogó como un delito de parricidio.

Defensa

Igualmente, el defensor particular Andrés Firmani insistió en la postura que ha mantenido desde que tomó la representación del encartado: asegura su inocencia.

"Mi cliente no mató a doña Mónica, aparte de eso, la prueba que fue recopilada en la investigación y que se conocerá en este juicio adolece de una serie de irregularidades. Hemos advertido en diferentes audiencias sobre la pureza de la prueba, la ilegalidad de las evidencias obtenidas", explicó el penalista.

Asimismo, el profesional sostuvo que la falta de participación del isleño "no solo se da porque niega haberle quitado la vida a quien fue su conviviente por más de 17 años, sino que los meros indicios recopilados fueron creados para imputar al único sospechoso de esta causa".

Tras las alegaciones de los intervinientes declaró el acusado y luego comparecieron dos testigos. Para esta jornada sigue la exposición de los medios probatorios del Ministerio Público.

"La comunidad de Caguach y familia de Mónica no serán las mismas por esta muerte. La extensión del mal causado será fundamental para sustentar una pena ejemplar".

Thomas Patri,, querellante por el SernamEG.

27 de febrero del 2020 fue la detención del sujeto, tiempo desde el cual está privado de libertad.

24 lesiones constató el Servicio Médico Legal en el cuerpo de la víctima tras la autopsia.

11 peritos fueron fijados por los acusadores para detallar las diligencias de esta causa.

40 años efectivos de cárcel contempla la perpetua calificada, antes de optar a beneficios.