Carolina Larenas Faúndez

La instalación del posicionador satelital en las embarcaciones menores de 12 metros nuevamente está en el centro de la polémica e incluso ayer generó manifestaciones en Chiloé y otros puntos de la región en la previa que la sesión de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados analizara la llamada Ley Bentónica.

Tras reuniones en las distintas caletas se tomó la decisión de realizar manifestaciones, como la que ocurrió con los hombres de mar del continente que bloquearon el acceso a las faenas del Puente Chacao o la protesta de los pescadores de Quellón en esta ciudad chilota.

El costo que representaría no solo instalar esta tecnología sino que su funcionamiento mensual es uno de los puntos esgrimidos por los dirigentes, quienes acusan que con esta medida se pretende terminar con esta actividad.

Así lo explicó Denisse Alvarado, presidenta del Sindicato Mar Azul de Quellón, quien comentó previamente a la discusión parlamentaria de la tarde de ayer que "en la Comisión de Pesca se va a discutir la ley corta que es la Ley Bentónica y donde estamos muy preocupados, estamos en alerta roja".

Igualmente, expuso que "tuvimos reunión en la comuna, las diferentes caletas han tenido reuniones y estamos muy preocupados porque dentro de la ley viene la obligación de instalar el posicionador satelital a las embarcaciones bentónicas".

Junto con ello, la vocera recordó que "el año 2012, en la calle, logramos sacar ese posicionador a las lanchas menores de 12 metros, pero sí se incluyó a las lanchas acarreadoras y que ellas sean vigiladas donde iban a buscar el producto, en qué faena".

Esta es una situación que no solo preocupa a los artesanales que se dedican a esta actividad extractiva en Los Lagos, sino que también a sus pares de Melinka, en la Región de Aysén.

"El posicionador debe estar instalado en la embarcación y el costo va entre un millón y un millón y medio y el costo mensual va entre 270 a 300 mil pesos, lo ocupes o no", describió la quellonina, sumando que "si la embarcación tiene mala señal, los van a tener que llamar y regresar a un lugar donde haya para activarlo y si este deja de funcionar no es ninguna seguridad para nuestra gente porque si deja de funcionar lo van a llamar, pero no es una activación de alerta".

Del mismo modo, reiteró que, "entonces, para nosotros, la pesca artesanal y los armadores esto va a ser la muerta súbita; lo que hoy en día están buscando es desaparecer al pescador de estas áreas porque esto es insólito e inviable".

Una de las personas que intervino en la sesión de la comisión fue el gobernador regional Patricio Vallespín, quien valoró la oportunidad como nueva autoridad de participar de este tipo de instancias, además de destacar algunas consideraciones claves de la ley que se analiza y las proyecciones de desarrollo de la región.

"Acá hay que hablar de una macrozona que no puede resolverse administrativamente cada dos años (acuerdo de zonas contiguas) entre los gobiernos regionales, porque esa no es una medida de administración pesquera y creo que ha llegado el minuto de resolver este tema en la legislación", mencionó.

Quien también intervino en la sesión de la comisión fue Marcos Salas, en su calidad de representante de la Mesa Bentónica de la Región de Los Lagos, quien expuso que "la pesca bentónica a nivel nacional está unida (…) y uno de los temas fundamentales que tenemos es el rechazo al posicionador satelital. En el 2012 con toda nuestra gente en la carretera se logró que las embarcaciones inscritas en el registro bentónico no tuvieran posicionador satelital".

Además, en la instancia que fue trasmitida a través del canal de la Cámara de Diputados y Diputadas, el dirigente quellonino puntualizó que "hoy vuelve el mismo Gobierno a colocarnos en la misma instancia y estamos unidos en todos los ámbitos para rechazar este posicionador satelital. Este es un punto en el que todos estamos unidos porque sabemos a lo que nos va a llevar en el futuro".

"Uno de los temas fundamentales que tenemos es el rechazo al posicionador satelital".

Marcos Salas,, dirigente quellonino.

2012 fue el año en que con protestas se logró evitar la obligación de tener el dispositivo.