Por 7 votos a favor, uno en contra y 4 abstenciones, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja aprobó una indicación para prohibir la extracción de materiales o productos desde turberas, así como la extracción, explotación y comercialización del musgo Sphagnum magallanicum, conocido como pompón o pompoñ.

Según indicó el diputado Gabriel Ascencio, se trata de una iniciativa suya que cuenta con el respaldo de las comunidades rurales de Chiloé y de organizaciones medioambientales y científicas que ven en la protección de las turberas y de pomponales en particular, así como de su repoblamiento y recuperación, una necesidad vital para proteger el ciclo del agua y la diversidad en el territorio.

"La comisión "dio un paso muy importante para ocuparnos de los reservorios de agua que tiene Chiloé y prohibir la extracción, comercialización, exportación e importación del musgo Sphagnum o pompón y, luego del trabajo que he realizado en el Congreso y en la comisión, me tocó defenderlo y la discusión fundamental, a lo menos para mí, se centra en que es de vital importancia que nosotros cuidemos los reservorios de agua, pues Chiloé se puede quedar sin agua si nosotros no hacemos algo y el agua y los reservorios están en muchos lugares, pero especialmente en el pompón, que es un reservorio natural que junta agua que luego es usada por la gente", justificó.

Según el decé, "tenemos una explotación indiscriminada de los pomponales, de las turberas y hay que ponerle fin a eso", acotando que la Sala de la Cámara de Diputados analizaría el proyecto en agosto.

Además de prohibir la extracción de materiales o productos desde turberas, así como la extracción, explotación y comercialización del pompón, la indicación establece que el incumplimiento constituirá una infracción a la protección y conservación de los recursos naturales, que será sancionado por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) con multas que van desde las 10 a 1000 unidades tributarias mensuales (UTM).

El diputado Alejandro Bernales (PL) cuestionó a sus pares por la zona en la Cámara Baja al acusar señalando que algunos "rasgan vestiduras" en los medios de comunicación, refiriéndose a la situación de los hospitales de Ancud, Castro y Quellón, aunque recientemente votaron en contra de interpelar al ministro de Salud, Enrique Paris.

"Me genera bastante indignación y rabia" tal actuar, aseveró el exfrenteamplista, acusando que sus colegas "arrugan". "Yo voté a favor de la interpelación del ministro Paris justamente para decirle en su cara lo que está ocurriendo con el tema sanitario en el Archipiélago de Chiloé", indicó.

Sumó el legislador que "los casos que hemos conocidos en Ancud, Castro y Quellón agravan lo que ya estamos viviendo con la crisis sanitaria. Es por ese motivo que yo llamo a los parlamentarios de Gobierno a que la misma cara que le dan a la ciudadanía, la misma señal que dan en los medios públicos de condenar este tipo de acciones la hagan en la Sala, porque actúan de una forma hacia la ciudadanía y de otra forma entre las cuatro paredes del Congreso. Eso no es posible y hay que denunciarlo".

A principios de mes, con 66 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, la Cámara de Diputados y Diputadas confirmó la interpelación al jefe del Minsal, la que se llevará a cabo el próximo martes 20 de julio a las 15.30 horas. En el distrito 26 la apoyaron Bernales y Gabriel Ascencio (DC), rechazaron Alejando Santana (RN) y Carlos Kuschel (RN) y no votó Jenny Álvarez (PS).

Visibilizar la discapacidad

En tiempos de restricciones sanitarias una de las situaciones de carencia social que no se ha visibilizado del todo es la de las personas con discapacidad, especialmente desde el punto de vista de su falta de inclusión social y en el acceso a beneficios que la ley les da.

Según el segundo Estudio Nacional de la Discapacidad (Endisc) del año 2015, en la Región de Los Lagos hay 140 mil 765 personas con discapacidad, de las cuales solo 21 mil 891 están inscritas en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND). En la provincia de Chiloé hay 4 mil 708 personas inscritas y de ellas 2 mil 333 corresponden a hombres y 2 mil 375 a mujeres.

Las cifras señaladas llaman la atención, ya que la baja cifra de personas inscritas se debe, en parte, a la falta de información acerca de la existencia del Registro Nacional de la Discapacidad, de los beneficios legales que otorga la credencial de discapacidad y de la baja aceptación social frente a la situación, lo que lleva a muchas personas con discapacidad a no querer acceder a la credencial para no ser objeto de un trato discriminatorio. En esta parte relevamos la importancia de respetar y garantizar la dignidad, autonomía, voluntad y preferencias de las personas con discapacidad; y de realizar conductas incluyentes a favor de su participación en comunidad.

Uno de los factores que ha incidido en esta situación y que limita el acceso a beneficios sociales tales como ayudas técnicas, postulación a subsidio habitacional, inclusión laboral, atención preferente en centros de salud, uso exclusivo de estacionamientos diferenciados y accesos en medios de transporte, entre otros, es la falta de credencial de discapacidad. Se trata de un antecedente oficial que, con base técnica, acredita que la persona está incluida en el Registro Nacional de la Discapacidad (RND) que lleva el Servicio de Registro Civil e Identificación.

En esta parte debemos destacar que el procedimiento de calificación de la discapacidad para la obtención de la credencial de discapacidad es llevado por un equipo de profesionales de salud de una entidad calificadora de discapacidad, que considera un informe biomédico funcional, un informe social y de redes de apoyo y un informe de valoración del desempeño en comunidad, el que se aplica en base a un instrumento de evaluación estandarizado bajo una norma internacional.

"mayor autonomía

posible"

Se trata de revisar el grado de desarrollo y desempeño social que tiene la persona a partir de una discapacidad o impedimento, procurando su mayor autonomía posible respecto de terceras personas, lo que es importante reconocer en quien tenga una discapacidad, ya que social y tradicionalmente se mira a las personas con discapacidad como enfermas o que tienen una situación que deben sufrir y de la cual deben intentar mejorarse para poder desempeñarse en comunidad y, mientras tanto, se las invalida en esa acción. Esta última visión que debemos dejar de lado para mirar a quien tiene esa condición como una persona titular de los mismos derechos que tiene todo ciudadano frente a la ley y a la sociedad.

Esperamos ser un apoyo en generar conciencia acerca del estatus de la discapacidad y de la consideración de las personas que tienen una discapacidad para ser tratadas desde su dignidad como ciudadanos y seres humanos validados como cualquier otro para desempeñarse socialmente.

"Debemos destacar que el procedimiento de calificación de la discapacidad para la obtención de la credencial de discapacidad es llevado por un equipo de profesionales de salud de una entidad calificadora de discapacidad".

Jorge Martel Rayo, abogado ejecutor del convenio CAJ-Senadis,, Corporación de Asistencia Judicial, Región de Los Lagos