Pedro Bárcena González

De manera desformalizada y a cargo de un fiscal especializado en casos de drogas, avanzan las diligencias relativas a la incautación de Cannabis sativa al interior de un domicilio en Chonchi donde se produjo el asesinato de un joven. Un crimen ocurrido la madrugada del sábado y por el cual existe un sujeto privado de libertad.

En medio de las diligencias por la muerte de Luis Oyarzún Carrasco (25), quien recibió al menos tres estocadas con arma blanca tras un confuso incidente al interior de una casa emplazada en el pasaje 2 de calle O'Higgins, donde se desarrollaba una fiesta clandestina, se hallaron más de 700 gramos de marihuana y 45 plantas de la misma especie.

Tal como explicó el fiscal Fernando Metzner, quien está guiando las pericias por esta infracción a la Ley 20.000, al no encausarse la indagatoria con respecto a algún imputado las diligencias se llevan a cabo con reserva. "Se está investigando el caso por parte de la unidad MT-0 (Microtráfico Cero)", reportó.

Los detectives de este equipo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro se han desplegado para recabar información y evidencia tendiente a identificar el dueño de la sustancia ilícita.

De acuerdo a lo señalado por el subprefecto Alejandro Pino, jefe de la policía civil castreña, a raíz de la concurrencia que se efectuó al inmueble donde se produjo el crimen, "las pericias de nuestra unidad junto a funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) se encontraron sustancias que orientaban a estar en presencia de droga".

Detalles

Tras dar cuenta de estos antecedentes, el Ministerio Público instruyó la constitución de un equipo de MT-0 para aclarar estos hallazgos.

"Se logró establecer que se trataba de Cannabis sativa, del tipo a granel, con un peso de 773,88 gramos, más 45 plantas vivas del mismo género. En consecuencia, con esa droga incautada se podrían haber obtenido alrededor de 775 dosis, que podrían generar una ganancia comercial de 7 millones 750 mil pesos", detalló el oficial.

Dentro de las pesquisas se encuentran la toma de declaración a los jóvenes que participaban de la fiesta en horario de toque de queda, como también la búsqueda de eventuales proveedores y compradores de la hierba. Una indagatoria que avanza en paralelo al caso de homicidio que tiene al encartado de iniciales C. A. L. Á. (45) en prisión preventiva en la cárcel de Castro.

Cuando hoy se analiza la solicitud de sobreseimiento definitivo de la causa por el incendio intencional de la Iglesia San Francisco de Ancud, Monumento Nacional, y la casa parroquial contigua, la comunidad de fieles locales manifestó su disconformidad con este trámite procesal que marcará el cierre del caso, dejando en impunidad al gravoso delito.

A través de un comunicado, el Consejo Parroquial El Sagrario de Ancud lamentó este término invocado por la Fiscalía local, el cual se debate a partir de las 13 horas en el Tribunal Oral en lo Penal de Castro. De prosperar, no solo concluiría el procedimiento, sino también se alzaría la cautelar de arresto domiciliario total contra el imputado de iniciales D. M. C. V. (25), quien arriesgaba una pena de 10 años y un día de presidio por el siniestro registrado el 22 de enero del 2020 en la construcción que era ejemplo de la Escuela Chilota de Arquitectura Religiosa en Madera.

"Este consejo, junto con reiterar sus sentimientos de tristeza por la irreparable pérdida que ha sufrido por la destrucción íntegra de su templo, no puede menos que manifestar su pública decepción por los resultados y conclusiones a que se ha llegado luego de la investigación de este delito por parte de las instancias judiciales competentes", esgrimieron los integrantes de la instancia.

Responsabilidad

Igualmente, el colectivo que incluye a 24 comunidades religiosas ancuditanas sumó que ha "confiado la responsabilidad de la búsqueda de la justicia y la aplicación de sanciones, al autor o autores de este delito, en las instancias judiciales. Por ello espera que las instituciones encargadas de la administración de justicia llamadas a investigar, sancionar y hacer cumplir las leyes asuman su responsabilidad si su negligencia y errores impiden, en este caso, arribar a la verdad".

Junto con manifestar su "unidad" ante lo que califican los consejeros como una "triste experiencia", añadieron que "la pérdida material ha sido irrecuperable" y que aguardan por explicaciones por este lapidario escenario jurídico que también gatilló las críticas de los querellantes en esta causa, el Obispado de Ancud y la Intendencia de Los Lagos.

14 meses privado de libertad, tanto en la cárcel como en su casa, ha estado el imputado.

6 horas del 22 de enero del 2020 comenzó el incendio que arrasó el templo patrimonial.

Un aporte en recursos para ir en ayuda del Grupo Especializado para Rescate Subacuático (Gersa) de Dalcahue, solicitó al pleno del Consejo Regional de Los Lagos uno de sus integrantes, Cristian Miranda (PPD), en búsqueda de potenciar esta unidad que es una de las tres acreditadas que existen en el país.

El consejero remarcó que este equipo de la Segunda Compañía de Bomberos dalcahuina "no tiene ninguna ayuda", enfatizando que tiene equipamiento "como botellas de oxígeno que están por vencer y no tienen cómo comprar". Agregó que los trajes de buceo que tienen "están malos y que se les echaron a perder las carpas y ahora no tienen nada".

Junto con manifestar que espera que los oficiales de la unidad puedan exponer ante el CORE, la fuente sostuvo que "me han comentado que han estado durmiendo en malas condiciones porque no tienen un techo o no tienen donde quedarse, últimamente estuvieron en Quellón en la búsqueda de un vecino (José Teiguel) y ellos tenían que regresar todos los días a sus casas, porque no tienen carpas".

Por lo anterior, Miranda solicitó tratar esta situación como un tema regional, porque los voluntarios del Gersa acuden a emergencias en toda la región y el país.