Ante las últimas cifras que muestran una acentuada alza en los casos de covid-19 en el Archipiélago y con 5 comunas en cuarentena total este fin de semana, el diputado Alejandro Santana (RN) pidió a las autoridades de Salud de la zona fortalecer la estrategia de búsqueda activa de contagios en la provincia.

Por ello el parlamentario llamó al Ministerio de Salud a potenciar el testeo, trazabilidad y aislamiento (TTA) para ayudar a combatir la pandemia, mientras se avanza de manera paralela en el proceso de vacunación.

El político de Gobierno señaló que "es necesario contar con todas las herramientas disponibles para controlar el aumento de contagios, por eso hemos pedido que regrese el móvil TTA a la provincia de Chiloé".

Según detalló el legislador, "dentro de las especificaciones del denominado 'Tren de Testeo', destaca la posibilidad de disponer del resultado de un test PCR en tan solo 24 horas, además de que posee la capacidad de procesar 300 muestras diarias, lo que resulta de vital importancia para la búsqueda activa de casos".

Tal unidad ya estuvo en el Archipiélago por este cometido, pero después fue enviada a la provincia de Osorno, en tiempos en que allá se incrementaron los cuadros infecciosos.

Después de meses de negociación de la oposición con el Ejecutivo, el Gobierno aceptó la propuesta de regular el precio de los planes de salud de las isapres.

Así lo informó el presidente de la Comisión de Salud del Senado, Rabindranath Quinteros (PS), quien dijo que el acuerdo establece que se dejan sin efecto las alzas de los años 2020 y 2021 y que el incremento de los planes será determinado por la Superintendencia de Salud mediante un sistema que considera los últimos 3 años.

"Con este acuerdo con el Gobierno, nunca más las isapres podrán autorregular el alza de precios de sus planes de salud, porque ahora esa decisión de fijar el indicador pasará a manos de la Superintendencia de Salud", aseveró el parlamentario opositor.

Agregó que "si el indicador es negativo, no habrá alzas y se colocan a las isapres metas de promoción y prevención de la salud, cuyo incumplimiento implica que no podrán reajustar los precios".

El senador por la Región de Los Lagos valoró la decisión del Gobierno de abrirse a la propuesta que los senadores de oposición presentaron a inicios del año pasado.

"Resultaba totalmente anómalo que la isapres fijarán sus propios precios, en el país no existe ninguna otra institución que funcione como las aseguradoras de salud. Por eso, para nosotros era muy importante poner fin a esa anomalía", comentó el político sobre las instituciones de salud previsional.

Derechos

Los derechos de los pueblos indígenas están consagrados en una serie de instrumentos normativos y jurídicos a nivel internacional. Su incorporación formal y vinculante es cada vez mayor, obligando a los Estados a promoverlos, protegerlos, respetarlos y garantizarlos. En esta materia, como institución pública, regional y estatal, la Universidad de Los Lagos se rige por estos instrumentos que Chile ha suscrito y ratificado, teniendo la oportunidad de contribuir al ejercicio pleno de esos derechos establecidos.

Lo anterior adquiere aún más relevancia en una región como Los Lagos que reporta el 28,2% de población perteneciente a pueblos originarios (Censo 2017). Nuestra universidad se emplaza, entonces, en un contexto sociohistórico y territorial que da cuenta de una significativa presencia de población mapuche williche. Es cuestión de mencionar los informes de caracterización sociodemográfica, cuyos datos revelan que más del 40% del estudiantado matriculado cada año en la Universidad de Los Lagos declara tener ascendencia mapuche, con énfasis en la identidad ya mencionada.

Desde su creación (1993), la ULagos ha venido impulsando acciones vinculadas a los pueblos originarios, en las distintas áreas del quehacer universitario; sin embargo, un avance más concreto, sustantivo y de carácter institucional ha sido la actualización de los instrumentos de política y gestión que han incorporado explícitamente compromisos y principios que atañen a los pueblos originarios, en concordancia con la Ley 21.094 sobre Universidades del Estado; tal es el caso de la misión de la universidad que declara el reconocimiento y la promoción de sus conocimientos, demandas permanentes del pueblo mapuche williche. Asimismo, el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) ha comprometido un proyecto estratégico, para la década 2020-2030, orientado a promover los derechos de los pueblos originarios a través del diseño e implementación de una política que los garantice. Al respecto, la incorporación de cursos de lengua, cultura e historia, junto con la construcción de estrategias que permitan fortalecer las relaciones de reciprocidad de la universidad con las comunidades y organizaciones mapuche y de otros pueblos originarios constituyen desafíos fundamentales para enriquecer el proyecto formativo.

una dirección

Actualmente, se avanza en la creación de una Dirección de Pueblos Originarios encargada de diseñar e implementar políticas, planes, programas, estrategias y medidas para promover y viabilizar el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios en la universidad. Con ello, se espera contribuir al reconocimiento (por cierto, no simbólico) de su aporte sustantivo en las distintas áreas del quehacer universitario, así como a la erradicación de estereotipos, prejuicios y prácticas discriminatorias, racistas y colonialistas, desde un enfoque de derechos y una perspectiva intercultural crítica que garantice dichos derechos. En este sentido, la participación de la comunidad universitaria y de las comunidades/organizaciones mapuche williche, en los procesos de socialización de la política y en la elaboración del plan de la potencial dirección, constituirá un eslabón clave. De ahí, entonces, la invitación a ello.

Las pasadas y recientes condiciones históricas de los pueblos originarios revelan despojos territoriales, diásporas forzadas, violencias, sometimientos, discriminaciones, abandono obligado de la lengua, por mencionar algunas.

En tiempos de crisis sociosanitaria y de profundización de las desigualdades sociales, económicas, educacionales y políticas, es un imperativo ético, entonces, contribuir a la formación de técnicos/as, profesionales y postgraduados/as que promuevan el ejercicio de los derechos de los pueblos originarios, derechos que deben estar refrendados en la nueva Constitución que se aproxima. ¡Femngepe may!/ ¡Que así sea!

"Las pasadas y recientes condiciones históricas de los pueblos originarios revelan despojos territoriales, diásporas forzadas, violencias, sometimientos, discriminaciones, abandono obligado de la lengua, por mencionar algunas".

Silvia Castillo, doctora en Ciencias de la Educación.

Silvia Castillo Sánchez, coordinadora de Asuntos Interculturales e Inclusión de Pueblos Indígenas de la Universidad de Los Lagos