A un año de la Ley Gabriela

El 2 de marzo recién pasado se cumplió un año desde que se promulgara la llamada Ley Gabriela, la cual introdujo importantes modificaciones al tipo penal de femicidio que se había establecido en el año 2010 mediante la Ley 20.480. Si bien la disposición primitiva constituyó un avance trascendente en el reconocimiento de la violencia de género como un grave problema social y jurídico, ella adolecía de importantes omisiones que no se condecían, ni con la realidad, ni con los estándares internacionales comprometidos por nuestro país al ratificar la Convención de Belém do Pará.

En efecto, la Ley Gabriela deja de relegar la figura del femicidio al asesinato de una mujer que tiene o ha tenido una relación matrimonial o de convivencia con el imputado. Esa visión restringida no permitía visualizar y tratar este tipo de violencia como una cuestión de género, sino que la limitaba a los vínculos íntimos ya referidos.

Siguiendo a legislaciones latinoamericanas que plasmaron normativamente este conflicto de manera más temprana, nuestro país se hace cargo de la dimensión más amplia de la violencia que encierra la muerte de una mujer por la acción de un hombre. De esta manera, la Ley Gabriela, además de incorporar como víctima de femicidio a la mujer que tiene o ha tenido un hijo en común con el imputado, extiende el tipo penal al caso en que un hombre mata a una mujer en razón de su género.

Y es la misma norma la que describe circunstancias en las que se entenderá que existe una razón de género, mencionando, entre otras, la negativa de la víctima a establecer una relación sentimental o sexual con el imputado; la orientación sexual, identidad de género o expresión de género de la víctima; el ejercer o haber ejercido la víctima el comercio sexual, o cualquier situación que deje de manifiesto la desigualdad de poder entre la víctima y el agresor.

Asimismo, la Ley Gabriela elimina para estos casos la atenuante de responsabilidad penal de actuar por estímulos tan poderosos que produzcan arrebato u obcecación, utilizado muchas veces para aludir a los celos de los agresores, justificación que sin duda no hacía más que reproducir y validar la estructura cultural de dominación del hombre respecto de la mujer.

desafíos

A una año de la entrada en vigencia de esta ley, los desafíos que ella nos impone a las instituciones que formamos parte del sistema procesal penal son innegables. El enfoque de género y la comprensión amplia del concepto de violencia de género han significado un necesario cambio de paradigma en la investigación y juzgamiento de los delitos cometidos en este contexto. Ello exige la especialización y capacitación permanente de fiscales, defensores, jueces, policías, y en general, de todas y todos quienes trabajan en esta temática.

Sabemos que la alta penalidad contemplada en esta ley abre la posibilidad a la obtención de sanciones más acordes a la gravedad de la ofensa que la víctima y la sociedad sufre en estos casos, pero no necesariamente desalienta a quienes ejercen violencia de género. Durante el año 2020 la Fiscalía Regional de Los Lagos investigó once femicidios frustrados y uno consumado, y en lo que va del 2021 ya han ingresado seis femicidios frustrados, tipificándose en algunos de ellos la razón de género.

Creemos que el esfuerzo que realice la justicia penal para investigar y castigar este tipo de violencia no será suficiente si no se establecen programas de educación que inculquen, desde la primera infancia, los valores del respeto y de la equidad de género.

"La Ley Gabriela deja de relegar la figura del femicidio al asesinato de una mujer que tiene o ha tenido una relación matrimonial o de convivencia con el imputado. Esa visión restringida no permitía visualizar y tratar este tipo de violencia como una cuestión de género, sino que la limitaba a los vínculos íntimos ya referidos. Creemos que el esfuerzo que realice la justicia penal para investigar y castigar este tipo de violencia no será suficiente si no se establecen programas de educación".

Carmen Gloria Wittwer,, abogada.

Carmen Gloria Wittwer Opitz,, fiscal regional de Los Lagos

Un total de 33 familias de diferentes localidades rurales de la comuna de Chonchi se verá beneficiado con la construcción de obras de riego y uso eficiente del agua predial.

Esta iniciativa se enmarca en un convenio de colaboración entre el municipio local con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).

Ese proyecto de construcción de obras de riego y uso eficiente del agua predial correspondiente al 2021 favorecerá al menos a 16 sectores rurales como Nalhuitad, Rauco, Quilque, Huillinco, Chanquín, Huentemó y Huicha por un monto de inversión de 216 millones de pesos.

Recientemente se realizó la respectiva firma y entrega del terreno a la empresa que será la encargada de ejecutar este adelanto. Se trata de Epu Newen Limitada de la zona de La Araucanía, la que tendrá un plazo de 90 días.

El alcalde de Chonchi, Fernando Oyarzún (pro RN), junto con destacar la inversión a concretar en esta área, afirmó que "llegar a los lugares más apartados con riego para los pequeños agricultores de la comuna de Chonchi ha sido uno de los pilares de mi gestión y seguiré impulsando estos proyectos porque aún hay cientos de familias que lo necesitan".

posibilidad

La autoridad agregó que "en recorridos que hemos realizado a la zona de Rauco hemos podido ver en terreno cómo el riego le ha permitido a las familias generar una agricultura de subsistencia con productos como ajo, hortalizas y papas".

En tanto, Boris Solís, encargado de la Oficina de Desarrollo Indígena del municipio, manifestó que "la totalidad de estos proyectos busca favorecer a las familias indígenas que necesitan un desarrollo agropecuario vinculado principalmente al uso eficiente a este recurso hídrico, al agua predial y riego por goteo".

El funcionario agregó "se instalarán en algunos lugares sistemas de captación de agua lluvia con riego por goteo, riego para invernaderos, mejoramiento de captación de uso eficiente de agua predial, complementado con modernos equipos de impulsión con energía solar o eléctrica".

Según Boris, para la ejecución de estas obras existe un equipo técnico de su repartición, cuyos integrantes "son los encargados de verificar que estas iniciativas se lleven a cabo de buena manera, para dar cumplimiento a uno de los objetivos principales que es potenciar y fortalecer el trabajo productivo de las familias indígenas relacionadas sus labores a la agricultores y a la crianza de animales, donde el agua es fundamental para ellas".