Redacción

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) comprará dos grandes paños de terrenos en la Región de Los Lagos durante el presente año, para el desarrollo de proyectos habitacionales. Así lo informaron el intendente Carlos Geisse, y el seremi Jorge Guevara, añadiendo que una de estas áreas se encuentra en Castro.

La iniciativa se enmarca en la continuidad del denominado Banco de Suelos como política pública para abordar de mejor forma la atención al déficit de viviendas en el país.

"Consideramos que disponer de suelos en buenas ubicaciones dentro de las ciudades es clave para poder lograr integración social y mejorar la calidad de vida para familias de la región", explicó el seremi Guevara.

Añadió el personero que "es por eso que el Minvu creó el año pasado una política de banco de suelos, lo cual nos ha ido permitiendo comprar o transferir desde Bienes Nacionales terrenos bien ubicados. Y para este año, estamos trabajando para incorporar dos nuevos terrenos en las comunas de Puerto Varas y Castro, por lo que estamos muy contentos de esta política pública que busca impulsar el aprovechamiento de los suelos para dárselos a las familias que más lo necesitan".

La buena noticia fue valorada por el intendente Geisse, quien señaló que "esto viene a dar solución a las familias que más lo necesitan, a través de la adquisición o el traspaso de terrenos y disponer así de un banco de proyectos que sirve para planificar mejor las ciudades y tener más rapidez para dar soluciones habitacionales integrales y concretas".

Durante 2020 y a nivel nacional, el Banco de Suelos del Minvu permitió la adquisición de 120 terrenos para la construcción de 20 mil viviendas del Fondo Solidario de Elección de Vivienda y del Programa de Integración Social y Territorial.

Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos

Históricamente el sistema de cobros de pensiones de alimentos en Chile, se ha movido desde la lógica de la sanción, como es el arresto. Ello no incentiva el pago de las pensiones. Ahora, el gobierno ha propuesto al Congreso, cambiar dicho eje a través de la incorporación del alimentante moroso al Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Esto trae aparejada una serie de consecuencias en su diario vivir.

En efecto, se establecen obligaciones para una serie de instituciones tanto públicas como privadas que frente al otorgamiento de ciertas prestaciones, tendrán obligación de consultar el Registro, y en el evento que la persona esté inscrita en el mismo, deberán -en algunos casos- rechazar solicitudes, como es el caso de las solicitudes de pasaporte o de licencias de conducir. O retener parte de los fondos y pagar con ellos, los alimentos que se deben, por ejemplo, en el caso de que quien venda un vehículo o inmueble, sea el alimentante moroso.

Hoy, esta tendencia se rompe con el retiro del 10% de las AFP, lo que animó a actuar a un grupo importante de alimentarios, de los cuales una buena parte (20%) no contaban siquiera con liquidaciones previas en sus causas. La oportunidad también muestra el incentivo de los alimentarios por perseguir deudas de antigua data. Esto dejó en evidencia un fenómeno que ya analizaba la academia y los operadores del derecho: el endurecimiento de las medidas de apremio de carácter personal, a través de las modificaciones legales que se han promulgado en materia de alimentos en los últimos años. Ello no ha tenido un mayor impacto en el cumplimiento de las pensiones de alimentos adeudadas, justamente por su naturaleza, ya que tienen incidencia moral en el sujeto para que practique el pago, a diferencia de lo que ocurre con las medidas de carácter patrimonial que consisten, precisamente, en la satisfacción del crédito como retenciones de impuesto, retenciones de remuneraciones, y la retención al retiro del 10% de la AFP.

Es por ello que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, convocaron en agosto del año pasado, a los tres poderes del Estado y a destacados representantes del mundo académico, para constituir una mesa técnica y estudiar el tema, formular diagnósticos y, en atención a los resultados de la misma, contribuir a dar una solución efectiva a un fenómeno complejo, multicausal e interdisciplinario.

Fruto del trabajo de los equipos de profesionales de las carteras mencionadas, hoy presentamos un proyecto de ley que pretende modificar la legislación en materia de alimentos, incorporando medidas patrimoniales y de carácter personal, siendo la principal innovación la creación de un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

El proyecto de ley modifica la ley N° 14.908 sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Modifica el artículo 2.472 del Código Civil y el artículo 20 de la ley N° 19.620, que dicta normas sobre adopción de menores, para facilitar y perfeccionar el cobro de las pensiones de alimentos y crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que estará a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación.

"Históricamente el sistema de cobros de pensiones de alimentos en Chile, se ha movido desde la lógica de la sanción, como es el arresto. Ello no incentiva el pago de las pensiones".

Alex Meeder, Seremi de Justicia y DD.HH., región de Los Lagos