Leo Riquelme - Medios Regionales

A 31 subieron en la últimas horas las fiestas clandestinas detectadas en enero en el país, cifra que ya supera a todas las identificadas por Carabineros durante diciembre y que era hasta ahora el mes récord en la pandemia. Los últimos eventos ocurrieron en Villa Alemana y Las Condes, e intensificaron la idea de incorporar penas de trabajo comunitario vinculadas al manejo sanitario contra el coronavirus.

En ambos se trató de cumpleaños. En el festejo villalemanino se ubicaron a 16 personas provenientes de Santiago, quienes arrendaron un vehículo para que los trasladara a la vivienda, que había sido rentada con ese fin.

La fiesta de Las Condes, en tanto, ocurrió en la calle Vaticano, donde se encontraban 13 personas. El alcalde Joaquín Lavín (UDI) criticó a quienes persisten en estas reuniones, por lo que apoyó la propuesta del ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado, de incorporarles el trabajo comunitario. "Pero no en vez de la multa, sino que además de las multas, o sea, el sumario sanitario sanitario sí o sí, que además parte con dos millones y medio de pesos. Eso debe pagarse, pero además, como eso se demora mucho, trabajo comunitario altiro", dijo.

La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, aclaró que los casos son perseguidos "en paralelo" de forma penal y administrativa, por lo que es posible que un "enfiestado" sea condenado a la cárcel o a una pena sustitutiva, y a pagar una multa, que puede llegar hasta los $50 millones.

Ayer se reunió el ministro Delgado con el fiscal nacional Jorge Abbott. El jefe de gabinete afinó la propuesta y planteó que los condenados realicen trabajo comunitario en dos ámbitos: se les incorpore a una cuadrilla sanitaria, para que recorra las comunas o ciertos sectores entregando recomendaciones de protección para evitar contagios; o se les sume al programa Chile Atiende, para que deban responder consultas telefónicas de personas sobre programas y planes estatales diseñados para enfrentar la pandemia.

A las 5.29 horas de ayer uno de los hijos de Bartolina Paredes recibió una llamada telefónica. Según informó Carabineros, era su padre, quien le confesó que le había ocasionado la muerte a su mujer, con quien llevaba casi cinco décadas de matrimonio.

El pariente denunció el hecho a Carabineros, que envió una unidad a la casa, ubicada en calle José Victorino Lastarria de la comuna de Talagante. En el dormitorio estaba el cuerpo sin vida de la mujer, que tenía 67 años.

Tal sospechoso es su marido, un hombre de 69 años y que durante habría oficiado como chofer de colectivos. Fue detenido en la tarde de ayer y hoy será formalizado.

El subprefecto Erwin Rojas, de la Brigada de Homicidios de la PDI, explicó que el deceso se produjo por los golpes propinados con un objeto contundente, del cual no entregó más detalles.

"En el último tiempo estaban presentando diversos problemas de convivencia", declaró el oficial, quien añadió que, no obstante, no había registros de denuncias de violencia intrafimiliar.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Mónica Zalaquett, informó que le ofrecieron a la familia apoyo psicológico y social. "Esperamos que (el autor) se enfrente ante la justicia", mencionó.

Este año ya se han cometido dos femicidios en el país. Las mujeres que sean víctimas de violencia pueden denunciarlo al número 1455.

La recuperación del empleo que registraba el país desde julio se estancó en diciembre, según identificó el Centro de Encuestas y Centro de Estudios Longitudinales de la U. Católica en un sondeo entregado ayer.

El frenazo nacional se debió a que la Región Metropolitana tuvo una tasa de ocupación de 48,8%, frente al 52,2% que tenía en la medición de octubre. La razón sería el reinicio de las cuarentenas en ese período en la zona.

Tal estudio concluyó también que la tasa de desempleo se ha recuperado solo en un 26% en la pandemia, pero "lamentablemente no avanzamos nada si es que comparamos entre octubre y diciembre. Esa es la mala noticia de hoy", lamentó su director, David Bravo.

Dada la continuidad de la crisis, el Gobierno ingresó ayer a trámite en el Senado un proyecto que le permita extender desde el 6 de marzo al 31 de diciembre de la Ley de Protección al Empleo, tanto para suspender la relación laboral con el empleador como para reducir la jornada.

Según el Ministerio del Trabajo, más de 800 mil empleados han sido acogidos a este régimen en la pandemia, que permite mantener ciertos ingresos a costa del Seguro de Cesantía propio, lo que ha sido cuestionado por críticos de la política.