Redacción

Manteniendo las medidas de seguridad y de autocuidado, se realizó la entrega del Centro Comunitario de Salud Familiar de Quetalmahue, en la comuna de Ancud.

El director (s) del Servicio de Salud Chiloé, José Cárdenas, traspasó el recinto al alcalde de la comuna, Carlos Gómez (indep.), quien destacó que el moderno inmueble, de 284 metros cuadrados, permitirá brindar atenciones a unos tres mil vecinos de la localidad rural y sectores aledaños.

Tal edificio, explicó el directivo del organismo dependiente del Minsal, brindará atenciones a pacientes con alguna enfermedad, poniendo énfasis en las actividades preventivas, pesquisando de esta forma problemas que pudieran afectar la salud de personas sin patologías, no solo en el ámbito de lo biológico sino también los aspectos sicológicos y sociales, como son la salud ambiental y la salud mental.

En la construcción, ubicada en calle N°1 s/n de Villa Quetalmahue, península de Lacuy, atenderá un equipo de profesionales básico compuesto por médico, dentista, enfermera, matrona y técnicos paramédicos, quienes trabajarán en prevención y promoción de la salud.

El recinto entregado a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud y que ejecutó la empresa del contratista Alex Fritz Oyarzún cuenta con 1 box multipropósito, 1 box de consulta y examen, 1 box de procedimientos, 1 box ginecoobstétrico, 1 box dental, espacios fijos y de apoyo, y se traspasó equipado, cuya inversión bordeó los $520 millones.

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Miguel Romo, director del Departamento de Salud Municipal de Ancud, valoró la ceremonia realizada en medio de la pandemia destacando la labor que ha realizado la atención primaria para contener la propagación del virus.

En esta misma línea, José Cárdenas indicó que el recinto cuenta además con un estanque de 14 mil litros y un generador eléctrico que entregará autonomía de 72 horas al edificio.

Por su parte, el alcalde Gómez destacó que este es uno de los consultorios que se ha entregado a la comunidad durante su administración y que, sin duda, favorecerá a los vecinos del sector.

Este cecosf, que ya funciona para el público desde abril del 2020, incorpora un sistema de llamado que, mediante un micrófono, ubicado en SOME (Servicio de Orientación Médica Estadística), y parlantes en el edificio facilitarán la atención de los usuarios, además de un sistema de cámaras de vigilancia con un disco duro que almacena hasta tres meses de grabación.

Entre el equipamiento de última generación con que cuenta el recinto destacan un sillón dental con un sistema de rayos X portátil, baños universales con mudadores, persianas de seguridad y rejas de protección antivandálicas.

"Cuenta además con un estanque de 14 mil litros y un generador eléctrico".

José Cárdenas,, director (s) del Servicio, de Salud Chiloé.

Una transición que duró más

El Golpe de Estado de 1973 puso fin a un proceso de democratización que se desarrollaba progresivamente bajo el paraguas de la Constitución de 1925.

La dictadura militar, al imponernos la Constitución de 1980, buscaba aplicar un nuevo modelo de "democracia protegida" que, en la práctica, instalaba un presidencialismo tutelado por las Fuerzas Armadas.

Las reformas de 1989 que fueron aceptadas por la dictadura, lo que buscaban no era otra cosa que evitar que la transición democrática -que se inauguró con la elección del Presidente Patricio Aylwin-, intentara reemplazar la Constitución de Pinochet, tal como ocurrió en otras transiciones, como fue en España después del franquismo.

El año 2005 se realizaron las reformas más importantes a la Constitución de 1980, las que hicieron de esta una Constitución más democrática, lo que se expresa en una democratización institucional sustantiva.

Sin embargo, ninguno de estos cambios constitucionales, logró subsanar el obstáculo que representa la actual Constitución para seguir profundizando nuestro sistema democrático. Tampoco puso fin a los cuestionamientos a la legitimidad de origen y de ejercicio de la Constitución Política de la República, la que sigue asociada al tipo de democracia protegida y al modelo de estado subsidiario.

Las reformas constitucionales de 2005 no pudieron dar una identidad a la comunidad política como elemento de cohesión social. Subsiste hasta hoy un sistema político con fuerte sesgo antimayoritario que da un amplio poder de veto a una minoría. Particularmente, el elevado quorum de reforma constitucional y de las Leyes Orgánicas Constitucionales, lo que en la práctica generan un empate artificial en el Congreso Nacional.

La acción neutralizadora de la actual carta fundamental ha dañado profundamente nuestro sistema político al impedir su capacidad de canalizar las demandas ciudadanas.

La creciente desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos pone en evidencia la debilidad de nuestro sistema político y sus instituciones. La rigidez constitucional y las leyes de amarre (leyes orgánicas constitucionales) dificultan enormemente el cambio constitucional, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de replantear la institucionalidad tal cual está concebida.

Esta rigidez constitucional expresada en la Constitución de 1980, se contrapone con la Constitución de 1925, cuya flexibilidad le permitió ir adaptándose a las cambiantes circunstancias sociales del siglo XXI.

"obstáculo para la

expresión ciudadana"

La actual Constitución, al mismo tiempo que representa un obstáculo para la expresión ciudadana, permite generar todas las condiciones para el funcionamiento de una economía liberal de mercado, que garantiza la primacía de la propiedad privada y la libre iniciativa económica, generando con ello profundas desigualdades socioeconómicas y el acceso limitado a derechos económicos, sociales y culturales.

Una Constitución, para ser real y efectiva, tendrá que ser observada lealmente por todos los/as interesados/as. Para ello es muy importante el consenso en la aprobación de la Constitución, o bien el respaldo de una amplia mayoría política y ciudadana (Karl Loewenstein).

Chile necesita una nueva Constitución que permita que la voluntad popular pueda manifestarse institucionalmente en función de la dinámica y los requerimientos propios de una sociedad que cambia y progresa.

El proceso constituyente que culminará con una nueva carta magna, lo que debe perseguir es mejorar la calidad de la democracia y sus instituciones, que se han visto afectada por la abstención electoral y la desafección ciudadana.

"La creciente desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos pone en evidencia la debilidad de nuestro sistema político y sus instituciones. La rigidez constitucional y las leyes de amarre (leyes orgánicas constitucionales), dificultan enormemente el cambio constitucional".

Cozut Vásquez González,, expresidente regional, de la Democracia Cristiana