Pedro Bárcena González

Impacto ha generado el caso de una vecina de Quellón víctima de 19 delitos encausados contra su expareja (desde el 2016), todos en contexto de violencia intrafamiliar (VIF). Los últimos seis -incluye un porte ilegal de arma blanca- formalizados el domingo, gatillaron que el imputado quedara en prisión preventiva y que la red vinculada a este flagelo prendiera las alarmas.

Por dos desacatos, amenazas, daños y violación de morada está siendo indagado el pescador de iniciales M. E. M. N. (33), quien irrumpió en el domicilio de la mujer de 41 años, emplazado en el sector costero de la ciudad, quebrantando una prohibición de acercamiento por sentencia del 26 de febrero pasado, por tres lesiones menos graves y tres desacatos, todos en contexto de VIF.

Más allá que el hombre de mar se encuentre ahora preso en la cárcel de Castro, la institucionalidad se ha movilizado para reunir antecedentes y prestar apoyo a la afectada. Eso sí, tiene que lidiar con una problemática que es constante en estos sucesos: la falta de adhesión de las ofendidas.

Tal como explicó en su momento Carolina Vargas, coordinadora del Centro de la Mujer de Chiloé, "existió una derivación de Carabineros a nuestro organismo en marzo" del año pasado, relativa a una serie de episodios de violencia de género. Sin embargo, la mujer nunca se comunicó con las profesionales del organismo con sede en la capital isleña.

Bajo este escenario, la idea es "mantenerse siempre atentos", como explicó Kattia Galindo, directora de Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG) en Los Lagos, con el objeto de ofrecer el apoyo jurídico y reparatorio que las víctimas requieran.

La gran meta, como especificó la personera, es "romper los círculos de violencia, que en la mayoría de las veces se extienden por años". Un claro reflejo es lo que sucede con esta isleña que por más de un lustro ha sufrido las embestidas de su exconviviente.

Para conseguir este resultado, la profesional relevó la importancia de la denuncia. Señaló que "es el paso inicial" para una posterior intervención, "que pretende reconstituir desde lo emocional y psíquico" a las afectadas. "También se ofrece representación jurídica ante los tribunales para evitar la retractación, la revictimización y poner fin a la impunidad", añadió.

En cuanto al incumplimiento de medidas de protección por parte de los encartados, la directora sostuvo que "en esto se requiere el apoyo de todos a esa mujer que ha sufrido violencia, de sus familiares, vecinos y amigos, que puedan dar cuenta de estos acercamientos y llamar a las policías para que el desacato sea investigado y sancionado".

Alternativas

Hay coincidencia en lo complejo del fenómeno. Pero existen alternativas para abordarlo y prestar respaldo a las afectadas. Y en el sur de la Isla no están solas. Junto a la cobertura que entrega el Centro de la Mujer, está el Centro de Atención de Violencia Intrafamiliar en Reparación Breve (Cavif) Quellón.

Su coordinador, Carol Barría, detalló que tienen 60 usuarias y que funcionan con una metodología que incluye inicialmente la primera acogida. "Se diagnostica el daño de la persona, tanto en el ámbito de la violencia física, sicológica, sexual y económica. Luego, al entrar al programa se ofrece contención y la intervención correspondiente", apuntó.

Explicó el trabajador social que, según el impacto de las agresiones, se puede derivar a las usuarias a otras instancias (SernamEG, además está el Centro de Apoyo a Víctimas de Delitos del Ministerio del Interior, con sede en Castro). Incluso, igual trabajan con los agresores en talleres de reflexión de conductas o solicitan tratamientos de consumo de alcohol y drogas, como de control de impulsos.

41 años tiene la mujer víctima de los ataques en Quellón.

60 usuarias atiende el Cavif de la comuna de Quellón.

Nueve de los 17 formalizados por la causa relativa a los préstamos "gota a gota" en la región ya han sido condenados en procedimientos abreviados en el Juzgado de Garantía de Puerto Varas. Entre ellos, se encuentran los dos detenidos en Chiloé: un primo del líder de la organización criminal capturado en Castro y una testaferro aprehendida en Ancud.

Los tres más recientes se registraron en las últimas horas. Así lo señaló el fiscal Marco Muñoz, de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Los Lagos, quien sustancia la indagatoria, enfatizando que fueron sentenciados por "los delitos de asociación ilícita, usura y lavado de activos. Se impusieron penas privativas de libertad, entre 3 años y un día y 4 años de presidio efectivo, como también su (posterior) expulsión del territorio nacional".

Además, como explicó el persecutor, el dictamen incluyó "penas accesorias de multas y el comiso de tres vehículos, dinero en efectivo, como también los recursos que los imputados tenían en cuentas bancarias que manejaban para la comisión del delito. Son cerca de 13 millones de pesos que se recuperaron".