Pedro Bárcena González

Tras recabar todos los antecedentes, especialmente médicos y testimoniales, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en Los Lagos presentó una querella por apremios ilegítimos, en representación de seis mujeres que aparecen como víctimas de impactos de balines tras una marcha realizada el 15 de octubre en Castro. Pese a no individualizar a los autores, sí existe coincidencia en acusar a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) por este accionar.

Admisible y ya remitido al Ministerio Público se encuentra el recurso criminal patrocinado por Milena Sánchez, el cual busca esclarecer las responsabilidades de todos quienes intervinieron en la utilización de armamento antidisturbios que provocó lesiones a las denunciantes, especialmente en sus extremidades.

Los hechos se enfocan en la disuasión de un ataque a pedradas contra el cuartel de la PDI en calle Balmaceda, realizado por un pequeño grupo descolgado de una marcha que protestaba ese día por el desmentido público realizado previamente a una presunta víctima de una violación colectiva.

Al menos ocho de las participantes en esta movilización resultaron con heridas por proyectiles. Sin embargo, fueron seis -de entre 19 y 40 años- las que continuaron con las acciones legales en búsqueda de justicia.

De acuerdo a lo señalado por la abogada, se interpuso una acción judicial en favor de las seis denunciantes, quienes relatan una dinámica similar.

"Las versiones parten casi igual, con una reunión en la plaza (de armas) y luego se trasladan al cuartel con cánticos y carteles interpelando a la PDI por unas declaraciones en prensa del día anterior. Sale Carabineros con escudos y detrás funcionarios de la PDI empiezan a hacer uso inmediato de las armas antimotines", indicó la jefa (s) del INDH en la zona.

perímetro

Asimismo, la fuente recalcó que los testimonios describen que los disparos ocurren a una distancia entre uno y ocho metros. "No se identifican funcionarios, pero en sus relatos todas coinciden que entre dos o tres participaron directamente", sostuvo.

En cuanto a la afectación de las manifestantes, la profesional recalcó que todas las lesiones fueron por los balines. "Una sola víctima recibió un impacto en la cabeza, el resto todas en las piernas. No hay categorización de las lesiones, pero gran parte son eritematosas, o sea de la piel, hematomas identificables; una tuvo que tener atención traumatológica", acotó.

16 documentos acompañó la jurista en la querella, en especial certificados de atención de urgencia, sets fotográficos de las lesiones, una imagen de la munición rescatada por una de las afectadas y capturas de los videos realizados durante la marcha.

Igualmente, en el requerimiento que activa procesalmente este caso, Sánchez invocó 12 diligencias.

"Pedimos antecedentes médicos del Hospital de Castro, indagar información sobre los funcionarios de la PDI y si estaban habilitados para el uso de armas no letales. También la declaración o empadronamiento de posibles testigos, incluso grabaciones de edificios aledaños, para dar cuenta de lo que ocurrió frente al cuartel", sentenció.

Indagatoria

Entre las pesquisas se incluye remitir los sumarios internos que existieran por este caso. Además, otro punto que se analiza en las diligencias es que sea otra la policía encargada de ejecutarlas, por un tema de transparencia y objetividad.

No obstante, como puntualizó el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, la misma PDI tiene una unidad para analizar los eventuales ilícitos en que se ven envueltos sus funcionarios.

"Se encuentra el Departamento Quinto (Asuntos Internos), pero se va a ir evaluando el tipo de diligencia y cuál será la mejor policía que se hará cargo. Según el mérito de las pesquisas, del estado actual de la investigación y la necesidad de realizar pericias nuevas, se decidirá con qué recurso se trabaja", dijo el persecutor.

Dentro de los primeros levantamientos indagatorios, el abogado enfatizó que "se verán las versiones de las participantes, cuál es la dinámica que se aduce y que podría ser la base de un eventual delito". Aclaró que la investigación es abierta y puede trascender a otros ilícitos.

"Si bien hay denuncias por un hecho determinado, se deben levantar hipótesis que se confirman o descartan con las pesquisas. Eso abre nuevas líneas de trabajo que redundan en la toma de decisiones posteriores", remarcó.

Por su parte, desde la PDI se informó que hasta ayer no había notificación de esta querella y que "existen investigaciones internas que están en curso" por este caso, pero de las cuales no se pueden referir.

Carolina Vergara (40), una de las querellantes en este caso, recalcó que se busca con esta acción legal "que esto deje de suceder, que exista una sanción penal para estas personas por su actuar indiscriminado y violento". Además, relató su experiencia de ese 15 de octubre, indicando que "nos manifestábamos de manera pacífica, cuando noté el primer impacto de balín a una activista. Le dispararon máximo a 2 metros y medio de distancia. La fui a auxiliar y la sacamos del lugar. Ellos siguieron disparando, siguieron los gritos, la gente empezó a arrancar. Voy cruzando la calle y siento un impacto en la pierna izquierda, un poco más arriba del tobillo". La afectada reconoció sentir "mucho miedo que me llegara un proyectil en la cara". Después fue auxiliada y constató lesiones en el hospital, recalcando que aún siente dolor en la zona impactada.

19 años tiene la menor de las afectadas, quien fue a la marcha junto a su madre y hermana.

4 detenidos hubo tras la movilización realizada la tarde del 15 de octubre pasado.