Leo Riquelme - Medios Regionales

La comisión unida de Trabajo y Hacienda del Senado despachó ayer para su discusión en la sala el proyecto del Gobierno que busca autorizar un segundo retiro del 10% de los fondos individuales de las AFP, y que pretende anteponerse a una reforma constitucional que tiene la misma finalidad, ya aprobada por la Cámara de Diputados, pero a la cual La Moneda se opone porque, a su juicio, se arroga atribuciones que son propias del Ejecutivo y viola la carta magna.

Asumiendo que su iniciativa original era mucho más restrictiva que la surgida de la moción parlamentaria, el Gobierno accedió a respaldar aspectos centrales de su propuesta, tal como pedían representantes oficialistas que cuestionaban su idea y la hacían tambalear.

Ante ello, los ministros informaron en el debate que accederán a subir el límite a retirar. Ya no será de 100 UF (casi 3 millones de pesos), como planteaba La Moneda, sino que de 150 UF, es decir, los mismos $4,3 millones que considera la reforma constitucional e idéntico techo al que tiene el giro aprobado en julio por el Congreso.

El Gobierno también cedió en los plazos que planteaba inicialmente. Los ministros comunicaron que patrocinarán la indicación de senadores oficialistas que autorizará que el pago de las AFP se efectúe en dos cuotas: la primera en un plazo de 15 días por la mitad de lo solicitado, y la otra por el 50% en los 15 días siguientes al retiro anterior.

"¡Impeca!, exclamó ante el anuncio el PPD Ricardo Lagos Weber, quien recordó que el proyecto oficialista establecía plazos de 60 y 10 días para cada giro, respectivamente.

"Tiene que ser un proyecto lo más parecido posible al que salió de la Cámara de Diputados", le pidió en el inicio del debate el senador de la UDI José García Ruminot al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Monckeberg.

"Lo más probable es que el proyecto de reforma no pase el Tribunal Constitucional (al que lo envió el Gobierno), pero todos debemos asumir que el proyecto de retiro es una realidad", agregó su par gremialilsta, Jacqueline van Rysselberghe.

Con ese escenario la comisión aprobó aspectos que le dan familiaridad a ambas iniciativas. Por ejemplo, el Ejecutivo accedió a que su proyecto ya no esté restringido solo a los cotizantes activos, sino que también abarque a quienes reciben jubilaciones de parte de las administradoras.

Asimismo, se autorizó un plazo de 365 días de promulgada la ley para que las personas puedan solicitar el retiro; y se autorizó el acceso universal al beneficio, excepto para las altas autoridades, como el Presidente de la República, los ministros, subsecretarios, parlamentarios, intendentes, entre otros.

Los senadores también le doblaron la mano a La Moneda en su deseo de establecer el reintegro obligatorio para quienes retiren.

"Lamento que esto se haya rechazado. Es importante reponer el daño previsional que esto genera, y es por esa misma razón que no patrocinamos la voluntariedad del reintegro", calificó el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, sobre una propuesta que realizaba el senador de la RN Francisco Chahuán.

A la salida, el secretario de Estado comentó que aunque no está explicitado, el proyecto que salió de la instancia ayer mantiene el deseo gubernamental de exigir el pago de impuestos para las rentas más altas, algo de lo que exime la reforma de los diputados.

"Acá no se hace perdonazo a los más altos ingresos. El proyecto no tiene ninguna frase en materia tributaria, porque la verdad es que no es necesario, ya que el régimen general de nuestro ordenamiento jurídico así lo señala. En cambio la reforma (de los diputados) lo que hace es crear una exención tributaria, eliminar el impuesto, mientras que en el proyecto del Ejecutivo pasa a ser un ingreso renta", planteó.

La segunda diferencia que marcó el ministro es que esta iniciativa priva del beneficio a las autoridades.

El presidente de la comisión unida, el decé Jorge Pizarro, le concedió el punto y pidió considerar que este tipo de impuesto lo paga solo quienes tienen muy altos ingresos. "Este proyecto es bastante parecido a lo que llegó desde la Cámara y eso es lo que nosotros perseguíamos", habló al canal 24 Horas.

La discusión de hoy

La gran mayoría de las decenas de correcciones que se presentaron ante la comisión fueron de parte de parlamentarios de Chile Vamos, varios de los cuales han expresado su deseo de apoyar la reforma originada desde la oposición.

Este último proyecto debe votarse hoy en la sala del Senado, luego que la presidenta Adriana Muñoz (PPD) decidiera priorizar la discusión de esta propuesta de retiro por sobre el proyecto gubernamental.

Muñoz anunció su decisión luego que a primera hora la misma comisión aprobara en general la idea de legislar, algo que avanzó gracias a las abstenciones de los senadores de la DC Carolina Goic y Jorge Pizarro, y el socialista Juan Pablo Letelier.

Los tres justificaron su decisión en que creen que es posible que el Tribunal Constitucional rechace la reforma ya aprobada por la Cámara.

2 diferencias tiene el proyecto del Ejecutivo con la reforma: tributa y lo veta a las autoridades.

38 votos necesita la reforma hoy en el Senado: requiere apoyos desde el oficialismo.