Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Un viaje que frecuentaba hacer una joven ciclista por la calle Holanda, en Providencia, se convirtió ayer en el último luego que en su trayecto fuera impactada por un bus del transporte público. El choque dejó a la mujer con lesiones graves que le quitaron la vida.

El accidente ocurrió en la esquina con avenida Nueva Providencia, cerca del Hospital Metropolitano. Pese a que personal del recinto asistencial llegó a socorrerla, no pudieron evitar su deceso.

El hecho enlutó a la comunidad ciclista, que en los últimos días ha sufrido otras dos muertes. El 30 de octubre un periodista falleció tras ser embestido por una micro en Santiago, y el martes un ciclista murió atropellado en Maipú.

Tras el último accidente cientos de ciclistas conmemoraron su deceso exigiendo justicia, grito que ayer se repitió por redes sociales, por donde se convocaron protestas. Ayer por segundo día el hashtag "No más ciclistas muertos" fue tendencia en Twitter.

"Es urgente crear más medidas. Esto no da para más", dijo el colectivo Educleta tras el nuevo deceso.

Según la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset), entre enero y septiembre 85 ciclistas murieron en accidentes, un 28% más que el 2019. Su secretaria ejecutiva, Johanna Vollrath, explicó que en el alza influyó el aumento de velocidad de los automovilistas al ver las calles vacías en los confinamientos por la pandemia, lo que generó un riesgo mayor para los ciclistas.

Pero la tendencia ha seguido tras la apertura de la ciudad. Así lo comprobó un piloto hecho en Las Condes donde en una semana se detectó que el 39% de quienes circularon por Camino El Alba excedieron el límite de velocidad.

Con radares midieron la velocidad de 60.587 vehículos: 23.822 circularon por sobre los 50 km/h exigido. Incluso un vehículo fue detectado a 116 km/h. "No necesitamos más evidencia: la velocidad es un arma mortal. Sabemos que eso está causando fallecimientos", enunció la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hutt.

Claman por ley

Así como en Las Condes, la Conaset ha promovido mediciones con radares en Puente Alto, Estación Central y Valparaíso. El alcalde Joaquín Lavín (UDI) anunció que se instalarán 27 de esos equipos en la comuna, los que mediante pantallas mostrarán la velocidad de los vehículos para "que los automovilistas se vayan acostumbrando a cumplir el límite de velocidad".

Sin embargo, todas estas experiencias son meramente estadísticas, pues hoy las multas vía fotorradares están vetadas. Algo que busca reimpulsar el Gobierno para combatir el alza de decesos en las vías con un proyecto de ley que permita un control automatizado de las infracciones.

El proyecto, denominado "Ley CATI", consiste en un centro que permitirá fiscalizar infracciones de tránsito y tomar medidas de gestión mediante telerradares debidamente señalizados en zonas con alta siniestralidad vial. El miércoles se le puso urgencia a su tramitación en el Senado.

"Nos importa resolver esto con medidas como un control masivo usando tecnología, dado que la conciencia individual pareciera no ser suficiente para corregir conductas", añadió Hutt.

Según sus impulsores, la fiscalización de velocidad presencial solo captura tres de cada 10 mil excesos, mientras que países que usan gestión tecnológica bajaron un 40% sus muertes y siniestros viales.

La ley también ha sido solicitada por el Centro Bicicultura y el Movimiento contra el Exceso de velocidad Letal (MEL). La fundadora del primero, Amarilis Horta, mencionó que el proyecto "es clave" pues multa "solo a quienes desoyen las señales", y el presidente de MEL, Rodolfo Fung, destacó que el centro automatizado "permitirá corregir la conducta de los conductores".

Pero para otros no basta. Desde el movimiento Ciclistas Furiosos plantearon cambios en la obtención de la licencia de conducir, y el académico de Ingeniería Industrial de la U. Católica de Valparaíso Franco Basso añadió en Emol que se requieren ciclovías.

A ello también se refirió Jens Godtfredsen, embajador de Dinamarca en Chile, quien como representante de una "gran nación ciclista" mostró preocupación por los últimos hechos en Santiago. "Experiencias de Dinamarca muestran que una buena infraestructura de ciclovías disminuye accidentes", sentenció.

Con 130 votos a favor, la totalidad de los sufragios que se emitieron en la sesión, la sala de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece un retiro forzoso del 10% de los fondos previsionales de las AFP (administradoras de fondos de pensiones) para el pago de deudas por pensiones de alimentos.

La propuesta, que ahora avanza al Senado, faculta al juez de garantía a autorizar el retiro de fondos del alimentante moroso, algo que 87 mil cotizantes evitaron durante el primer retiro para no pagar las deudas con sus hijos.

Según se informó en el trámite, de las más de 500 mil causas en tribunales para obtener la retención del citado 10%, 250 mil aún no han sido pagadas a los niños.

De aprobarse, el giro forzoso regirá tanto para el primer retiro del 10% que aún está vigente, como para un eventual segundo proceso que esta semana pasó a discusión en la Cámara Alta.

Según el proyecto, si las deudas son inferiores al fondo que forzosamente se autoriza retirar, el afiliado tendrá derecho a recibir lo restante, mientras que si el giro no alcanza para cubrir las deudas el tribunal deberá repartir proporcionalmente el dinero.