Leo Riquelme - Medios Regionales

La Contraloría investigará la legalidad de una solicitud del Ministerio de Hacienda a la Superintendencia de Pensiones, que le requirió la entrega de los RUT de los cotizantes que solicitaron el primer retiro del 10% de las AFP y el monto que demandaron.

Diputados del PPD y el PS pidieron indagar el hecho, gestión que se da en medio del debate parlamentario para autorizar un segundo giro, algo a lo que La Moneda se opone, pese a que concita simpatía en el oficialismo.

El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que entendía la inquietud, pero aseguró que el oficio "no tiene por objetivo identificar a nadie en particular", sino que busca tener datos para hacer cruces para evaluar el impacto de las políticas públicas.

El diputado del PS Luis Rocafull respondió que si el objetivo es solo generar información estadística, "no se explica por qué ha solicitado las cédulas de identidad de las personas, y no simplemente el número de solicitudes de retiro".

El presidente de RN, Rafael Prohens, también criticó la decisión ministerial. "No me parece bien", expuso el senador a radio Cooperativa. "El ministerio, a mi gusto, no puede meterse en la vida privada de la gente", agregó.

Desde la DC se sumaron las quejas y recurrieron al Consejo para la Transparencia para que evalúe su asidero, organismo que envió un oficio a Hacienda solicitando que lo aclare. El diputado Gabriel Silber aseguró que el pedido es "inconstitucional e ilegal" y añadió que la única manera sería que el titular autorice expresamente la divulgación de sus datos.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió que la solicitud es legal e instituciones como la Dirección de Presupuesto y las subsecretarías las solicitan "habitualmente" para realizar política pública.

Además, aseguró que la normativa garantiza confidencialidad. "Si eso se vulnerara, no solo sería una grave falta administrativa, sino que también perseguible penalmente", agregó el mismo ministro.

Briones, en tanto, añadió que para seguridad de todos la base recabada queda en un servidor institucional, de acceso restringido y que a los 16 días se destruye. Sabemos que es información sensible", comentó.

En medio de las amenazas de Donald Trump de recusar votaciones y paralizar los conteos en estados donde aparece como derrotado ante el demócrata Joe Biden, la autoridad electoral de Nevada anunció que el grueso de la contabilidad se realizará entre mañana y el domingo.

El anuncio significa una dilación para los comicios presidenciales de Estados Unidos, que partieron el martes y hasta ayer no tenían ganador.

Nevada otorga seis electores al triunfador, que son los que le faltaban a Biden para imponerse, pues hasta ayer sumaba 264 (sumando Arizona) y Trump, 214.

A diferencia del tono del presidente para denunciar supuestos fraudes, Biden tuiteó: "'Sean pacientes, amigos. Se están contando los votos y nos sentimos bien con el lugar donde nos encontramos'.

La campaña de Trump anunció una querella contra el proceso de Nevada denunciando que han encontrado "miles" de votos botados y que sufragaron muertos e indocumentados. El jefe del colegio electoral de ese estado, Joe Gloria, defendió que todo será revisado, pero advirtió que recibirán sufragios postales hasta el martes. Restan 63 mil.

Otro estado crítico era Georgia, donde la diferencia a favor del republicano era al cierre menos de 10 mil votos, con el 98% de los sufragios, según The New York Times. En Pensilvania eran menos de 80 mil, con el 93% y restando aún postales.

En su primer día como ministro del Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Delgado dedicó parte importante a una de las tareas que le encomendó el Presidente Sebastián Piñera: impulsar una reforma a Carabineros.

El jefe de gabinete se reunió con expertos para esa tarea y en la tarde recibió a los altos mandos policiales, incluido el director general Mario Rozas, que ha estado cuestionado por hechos relacionados con derechos humanos en la institución.

Delgado dijo que urgía una "modernización", nuevos protocolos y el "respeto siempre de los derechos humanos". "Hay que lograr que por diversos canales las policías puedan estar más cerca de la comunidad", agregó.

En su primera noche como ministro hubo tres hechos de violencia en La Araucanía. En Ercilla desconocidos protagonizaron el bloqueo de un camino, quemaron dos camionetas y hubo ráfagas de disparos.

En Lautaro, una planta de árido amaneció con cinco máquinas quemadas y panfletos alusivos a la causa mapuche. "En algún momento me iba a tocar", dijo su dueño. "Son acciones de grupos extremos", calificó el gobernador de Cautín, Richard Caifal. El tercero ocurrió entre Lumaco y Purén, donde una forestal sufrió la quema de siete vehículos.

Delgado repudió la violencia y anunció que reactivará las mesas intersectoriales para enfrentar la situación local.

El Tribunal Constitucional (TC) acogió un recurso de Chile Vamos y estableció que un artículo del proyecto que fija como un delito negar las violaciones a los derechos humanos en la dictadura militar era inconstitucional.

Por 9 a 1, los ministros consideraron que aprobar esa iniciativa requería quorum calificado, y no mayoría simple, como obtuvo cuando se visó por la Cámara de Diputados en septiembre. También, por 6 votos a 5, los integrantes del TC consideraron que no procedía incluirlo en el proyecto que penaliza la incitación al odio.