Ocho lesionadas por balines y cuatro formalizados deja marcha en Castro
Critican el accionar de la policía civil tras incidentes frente a su cuartel.
Cuatro formalizados ayer por desórdenes públicos se convirtieron en la última arista de una movilización realizada en el centro de la capital chilota, en apoyo a una mujer que denunció ser víctima de una agresión sexual colectiva en el sector de Ten Ten. Una manifestación que derivó en el ataque a pedradas al cuartel de la Policía de Investigaciones (PDI) y en la disuasión a balines que terminó con al menos ocho lesionadas.
Alrededor de 150 personas se reunieron pasadas las 19 horas del jueves en la Plaza de Armas de Castro para mostrar su respaldo a la comerciante de 39 años que acusó la violación perpetrada por ocho sujetos. Un caso que emerge hace una semana y que permanece con pericias vigentes, pero en el cual ya se desvirtuó la versión de la afectada por parte de la policía y el Ministerio Público.
El jefe de la Prefectura de la PDI en Chiloé, Emilio Massú, recalcó en conferencia de prensa que las pericias comprobaron "que no había veracidad en los hechos señalados" por la vendedora. Agregó que sus dichos son "inconsistentes" con las pruebas recopiladas y que "se descartó totalmente la dinámica indicada en primera instancia", relativa al supuesto ataque sexual colectivo en la playa.
Justamente, estas declaraciones cayeron mal en diversas organizaciones sociales que criticaron su premura, más cuando todavía no se cierra la causa.
Como sostuvo Ivonne Lecaros, vocera de la Agrupación Mestizas, una de las que convocó a la marcha, "la PDI no utilizó los protocolos adecuados vulnerando los derechos de la víctima, emitiendo juicios a priori, sin haber finalizado la investigación".
Además, en un comunicado firmado por 14 colectivos feministas se cuestionó la información policial, como la calificación de "pérdida de tiempo" al despliegue de los detectives por el caso, remarcando que "es así como se desestima de forma constante y explicita el relato de la compañera, y tendencia a la opinión pública, minimizando la evidente e incuestionable agresión sexual".
Bajo ese tenor, la movilización se concentró contra el cuartel de la PDI, en calle Balmaceda. A los cánticos y reclamos por estas declaraciones, se sumaron proclamas y la intención de colocar carteles en el frontis del recinto, que era resguardado por un piquete antidisturbios de Carabineros.
Esta dinámica se rompió por un pequeño grupo de descolgados que comenzó a lanzar piedras. Y luego que se intentara abrir la puerta de la prefectura, salieron policías a repeler este accionar disparando balines que alcanzaron al menos a ocho de las manifestantes.
Tres mujeres debieron ser trasladas al Hospital Augusto Riffart, donde constataron lesiones que se concentraron en sus extremidades y la cabeza. "El accionar de la policía fue completamente desmedido, empleando un grado de violencia que pudo causar grave daño", cuestionó Lecaros, quien acompañó a las heridas en el centro asistencial.
Detención
Mientras se esperaba por el alta de las afectadas, el procedimiento por estos incidentes continuaba en el centro de la ciudad.
Personal de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros local detuvo a dos hombres, de 18 y 21 años, en las proximidades a la Iglesia San Francisco. Además, efectivos uniformados de la misma Segunda Comisaría aprehendieron a dos mujeres de 34 y 50 años, en calle O'Higgins con Ramírez.
En dos audiencias remotas con el Juzgado de Garantía local durante este viernes, tanto los jóvenes como las profesionales fueron formalizados por desórdenes públicos.
Según lo expuesto por el fiscal Luis Barría, quien instruyó ambas sesiones, se estableció "que la dinámica de los delitos está bien determinada y que la conducta de los imputados corresponden a la figura legal por la cual se encausó la indagatoria".
Mientras los isleños quedaron con las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al cuartel de la policía civil, a las vecinas solo se les aplicó la segunda precautoria.
Por su parte, el defensor Mauricio Díaz incidentó la legalidad del procedimiento abordado y la aprehensión de sus representados.
"No existen indicios suficientes para detenerlos. Se imputó la obstrucción al tránsito y lanzar objetos contundentes al recinto. Hay registros de cámaras, pero entendemos que no son fidedignos para hacer un seguimiento", explicó el abogado.
Asimismo, el jurista agregó que la base del actuar policial fue la sindicación de los funcionarios y la proximidad al sitio del suceso del operativo, "lo que, a nuestro juicio, no es suficiente para proceder al control de identidad y la aprehensión", acotó.
Más allá de estos argumentos, la magistrada Jesica Yáñez decretó que el procedimiento estuvo ajustado a derecho, dictando un plazo de 100 días para el cierre de la investigación por esta causa.