Durante el dominio español, el lugar de enterramiento de los muertos en la Isla Grande de Chiloé, era en el interior de la iglesia más próxima, al menos para los privilegiados. En razón de la jerarquía del personaje, se inhumaba más cerca del altar mayor o de la puerta de entrada del indio del archipiélago chilote, fundamentalmente navegante. Con la anexión de Chiloé a la República, la Iglesia prohibió el enterramiento en intramuros y el Estado legisló respecto de los cementerios. Pero los cementerios de campo, en general, quedaron anexos a la iglesia, de modo que fueran dotados por la comunidad con la misma sacralidad que se le confiere al templo mismo. La construcción de cementerios en el Archipiélago comenzó en 1836.