Pedro Bárcena González

En prisión preventiva quedó un joven después de protagonizar una nueva embestida contra su expareja. Otra vez la costanera de Castro fue el escenario de la agresión, por la cual fue detenido por Carabineros y formalizado por dos delitos.

Una sentencia del 15 de mayo pasado obligaba al sujeto de iniciales H. F. P. O. (38) a mantenerse alejado de la mujer de 41 años. Como medida accesoria por esta condena por lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF), tras la agresión en calle Pedro Montt, se le prohibió el acercamiento por un año.

Sin embargo, el encartado reincidió. A tres cuadras del primer incidente, el oriundo de Coyhaique volvió a atacar a la castreña. Un hecho registrado la madrugada de este viernes, por lo cual fue puesto a disposición de la justicia.

En audiencia efectuada en el Juzgado de Garantía local, el imputado fue formalizado por lesiones menos graves agravadas por el contexto de VIF, como también por desacato.

Así lo señaló el fiscal de turno, Enrique Canales, quien especificó como circunstancias de la comisión del ilícito que los intervinientes habrían estado "consumiendo alcohol en la zona del puerto, en un domicilio, luego salieron en busca de más para beber y es en la vía pública, como señaló la víctima, que el imputado le propinó puntapiés en la cara y el pecho".

Como detalló el persecutor, las contusiones que sufrió la afectada fueron diagnosticadas como de mediana gravedad en el Hospital de Castro y al ser cometidas en el marco de la Ley 20.066, de inmediato suben un grado su configuración legal.

De esta forma, por este ilícito el obrero arriesga una pena de presidio menor en su grado medio (hasta 3 años de presidio), mientras que por el quebrantamiento de la disposición judicial puede llegar a los 5 años de reclusión.

Por ello, considerando la gravedad de las sanciones asignadas a los delitos encausados (en sumatoria llegan a pena de crimen), como el peligro que constituye la libertad del sujeto para la seguridad de la vecina y la sociedad, el representante del Ministerio Público invocó la prisión preventiva.

defensa

La precautoria fue discutida por el defensor Rodrigo Zamorano, explicando que se cuestiona la existencia del delito más gravoso.

"Habría sido la propia afectada quien accedió a reunirse con mi representado. No fue él quien se acercó a ella. Por eso, el joven pensó que por la simple voluntad de la mujer quedaba sin efecto la cautelar", afirmó el profesional.

Igualmente, el jurista se opuso a la necesidad de cautela, manifestando que "incluso con una condena el imputado puede acceder a una pena de cumplimiento en libertad", por lo que consideró desproporcionada la prisión preventiva.

No obstante, la magistrada Jesica Yáñez decretó la precautoria más severa para el reincidente, medida que podría ser apelada en el tribunal de alzada por parte de la defensa.

La Corte Suprema ratificó la decisión del Consejo para la Transparencia (CPLT) al desestimar las causales aludidas por la empresa Invermar S.A., compañía con presencia en Chiloé, tras acoger el recurso de queja presentado por el CPLT, permitiendo con ello dejar a firme la orden de entrega al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) de datos desagregados por centro de producción en que se hayan declarado una serie de enfermedades infecciosas entre 2010 y 2017.

El pronunciamiento del máximo tribunal deja sin efecto el fallo de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que había acogido un reclamo de ilegalidad interpuesto por la salmonera argumentando la afectación de derechos comerciales y económicos (art. 21 N° 2 de la LT). Tras ello, Sernapesca deberá entregar al solicitante antecedentes por centro de cultivo en que se hayan detectado casos de tres patologías: vibriosis, estreptococosis y furunculosis atípica.

La compañía se opuso al acceso a esta información a partir de alegaciones que fueron consideradas incongruentes por la Suprema al intentar mantener en reserva datos sobre "el manejo en el uso de antibióticos en la producción" cuando la solicitud de antecedentes apunta a antecedentes sobre enfermedades.

Sin acreditar

Asimismo, Invermar no consiguió, acorde al dictamen, acreditar las ventajas competitivas que declaró poseer, cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, ni qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas.

Según el CPLT, diversas empresas de acuicultura han acudido a tribunales durante agosto para revertir decisiones del Consejo para la Transparencia asociadas a solicitudes de acceso a información sobre patologías que afectan al salmón.

En medio de un patrullaje programado por personal de la Capitanía de Puerto de Quellón fueron incautadas el sábado más de 1.300 unidades de diversos tamaños de loco (Concholepas concholepas).

"La patrulla de Policía Marítima divisó un auto que estaba al interior del terminal pesquero y realizó un control preventivo de identidad al chofer", mencionó el capitán de puerto de Quellón, capitán de corbeta litoral Claudio Zúñiga.

Sumó el oficial que tras ser solicitado al conductor que abriera el portamaletas del vehículo, los efectivos detectaron un tambor con el molusco desconchado.

"Procedieron a llamar a la Fiscalía y realizar el procedimiento, tras lo cual se dispuso la incautación del recurso con un total de 1.334 unidades correspondiente a 55,63 kilos", manifestó la autoridad de la Armada de Chile.

Tras el aviso correspondiente, el Ministerio Público dispuso la detención de la persona, para posteriormente dejarla en libertad y apercibida de acuerdo al artículo 26 del Código Procesal Penal.

Zúñiga sumó que tras el examen toxicológico realizado en la jornada dominical por la Autoridad Sanitaria al marisco, se verificó que es apto para el consumo humano.

El Tribunal de Letras y Garantía ordenó la disposición final para una institución de acogida. "A las 14.30 horas (de ayer) el juez determinó el envío del recurso al Centro de Acogida de Día de Quellón", confirmó el capitán de puerto.