Pedro Bárcena González

Privado de libertad en su vivienda emplazada en el sector rural de Yaldad, quedó un sujeto después de protagonizar un nuevo siniestro vial dentro de su extenso prontuario de infracciones a la Ley de Tránsito. Esta vez, se le imputa manejar en estado etílico un auto que volcó por una zanja y casi arrasa una vivienda en Quellón.

El encartado de iniciales F. J. C. C. (42) fue formalizado por los delitos de conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y negativa a efectuarse el examen de alcoholemia. Dos ilícitos asociados al aparatoso accidente que protagonizó en la población Bellavista y que implicó un amplio despliegue de equipos de emergencia para liberarlo.

La fiscal (s) Paulina Otero, considerando la cantidad de antecedentes por hechos de la misma naturaleza, solicitó el arresto domiciliario total del quellonino con el objeto de cautelar la seguridad de la sociedad.

Dentro de los datos expuestos en la audiencia virtual se encuentran las tres condenas pretéritas del imputado, fechadas el 7 de marzo del 2018 (por conducción en estado de ebriedad), 14 de agosto del 2019 (manejo de vehículo motorizado con sanción vigente) y 14 de octubre del año pasado (conducción en estado de ebriedad con resultado de daños y con sanción vigente).

Es más, el isleño junto a estas sentencias que no provocaron mayor efecto en su conducta, como hizo hincapié el Ministerio Público, mantiene una causa vigente del 13 de enero de este 2020, por otro manejo con licencia suspendida por 5 años.

Daniel Henríquez, defensor penal público, se opuso a la precautoria invocada por la persecutora, apuntando a su desproporcionalidad.

"En una prognosis de pena la sanción no va a ser más gravosa que una reclusión nocturna, puesto que mi representado cumple con los requisitos para optar a una pena en libertad. Por lo tanto, la probabilidad que tenga una condena más gravosa es muy baja", explicó el abogado.

Asimismo, el jurista recalcó que privar de libertad al encartado constituye un "adelanto de pena".

juez

Pese a estos argumentos, el magistrado José Milanca acogió los argumentos del ente persecutor, remarcando que existe riesgo para la seguridad de la sociedad, más al analizar las circunstancias del último siniestro: ejecución del delito que pudo provocar lesiones a otras personas, al caer el vehículo a una zanja y terminar en el frontis de una vivienda.

Igualmente, el profesional buscó el sobreseimiento inmediato por la negativa a la prueba de sangre, sosteniendo que "sí se efectuó la alcoholemia -previa orden judicial solicitada por la fiscal-, ante lo cual es improcedente formalizar a una persona por un delito, siendo que no existe la negativa y sí se obtuvo la pericia".

Pese a estos razonamientos, el sentenciador determinó mantener la investigación por este ilícito.

Se fijaron 45 días para realizar las pesquisas por esta causa.

En lo que marca otro hito dentro de una extensa causa judicial, el Tribunal Constitucional (TC) rechazó la suspensión de la pena sustitutiva contra una mujer condenada por su responsabilidad en un fatal siniestro vial, registrado en el sector Ñiucho, comuna de Dalcahue. Una tragedia en la que falleció su propia amiga y en la que fue sentenciada a 3 años y un día de libertad vigilada intensiva.

La joven de iniciales J. V. C. L. (39) fue sancionada por el delito consumado de conducción en estado de ebriedad causando muerte, lesiones leves y daños, por los hechos registrados el 24 de junio del 2018, en los cuales perdió la vida Bárbara Nicole Gallardo Barría (25).

Durante el juicio oral, en su fase resolutiva el 26 de febrero pasado, la magistrada Loreto Yáñez determinó que el beneficio en el cumplimiento de la pena se suspenderá por un año, tiempo en que la encartada debía estar en la cárcel. Sin embargo, su defensa no solo recurrió de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, sino también de inaplicabilidad ante el TC.

Como explicó el defensor Luis Mora, se presentó el requerimiento "solicitando se declare la inconstitucionalidad de la norma contenida en el artículo 196 ter de la Ley 18.290 de Tránsito, lo que es conocido comúnmente como Ley Emilia y que impone la posibilidad de cumplir un año efectivo de presidio".

El profesional explicó que "la sentencia acoge nuestra petición y declara inconstitucional la norma. Esto se traduce en que mi representada deberá cumplir la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva durante el período de 3 años y un día, resultado que nos satisface como defensa".

Por su parte, el fiscal Luis Barría, quien instruyó la indagatoria y sustanció el juicio oral, expresó que con esta decisión judicial "solo varía la forma de cumplimiento, el tiempo fijado como condena no ha cambiado. Se dejó sin efecto la pena efectiva de un año".

Asimismo, el persecutor manifestó que el tribunal de alzada puertomontino "ya tiene a la vista esta resolución, la cual considerará al momento de resolver por el recurso de nulidad que todavía está pendiente".

25 años tenía Bárbara Nicole Gallardo Barría, la ocupante fallecida.

Con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y arraigo provincial quedó un hombre de 34 años tras ser sorprendido intentando robar un ejemplar de ganado bovino en el sector rural de Tey, comuna de Castro.

A eso de las 20.20 horas se registró el hecho que consideró incluso la muerte con arma de fuego de una vaca avaluada en 400 mil pesos.

Vecinos del sector alertaron al propietario del predio de lo que ocurría, pero debido a sus problemas de desplazamiento este le pidió a su ahijado que revisara el lugar. Allí el hombre se encontró con tres personas que ya habían sacrificado al animal.

Así lo explicó el teniente Jaime Betancourt, oficial de la Segunda Comisaría de Carabineros de Castro, comentando que "la víctima llama a Carabineros y cuando personal llega al lugar estas personas ya se habían retirado, pero en un recorrido por las cercanías sorprende a uno de ellos y se procede a la detención".

Del mismo modo, comentó que "se hizo una búsqueda en los domicilios de estas personas, pero no estaban allí, pero de todos modos se dejó consignado en el parte policial".

Betancourt también mencionó que el fiscal instruyó que esta persona pasara a control de detención y formalización, y se decretaron las mencionadas cautelares.