Ayer se realizó una reunión encabezada por el intendente Harry Jürgensen en la que participaron el jefe de la Defensa Nacional para Los Lagos, Cristián Eguía; el general de la X Zona de Carabineros, Patricio Yáñez; el subprefecto de la PDI Andrés Canelo, y gobernadores, para coordinar medidas de reforzamiento en la protección sanitaria y el orden público regional.

La instancia analizó las medidas de control de las restricciones decretadas en el marco de la pandemia por Covid-19 y definió nuevas medidas para fortalecer el control de las normas sanitarias.

El intendente aseguró que "hemos presentado 13 querellas (en la región) contra los infractores del Covid-19 porque ellos están atentando también contra la salud pública y seguiremos en esa misma línea, se han revisado todas las acciones policiales que se han hecho y también tenemos los antecedentes del aumento y baja de delitos. Se acordó generar patrullajes mixtos para tratar de controlar aquellos delitos en que hemos tenido aumento, que especialmente están referidos a robos en lugares no habitados".

A su vez, el general Patricio Yáñez expuso que se han "readecuado los servicios, estamos trabajando de manera coordinada con el jefe de la Defensa Nacional y las Fuerza Armadas para reprogramar patrullajes sincronizados y coordinados entre todas las instituciones participantes, también se aplicarán operativos de impacto diurnos en el borde costero y sector urbano por parte de Carabineros".

Eguía, en tanto, constató que "la tasa de delitos de mayor connotación social ha decaído en nuestra zona. Aprecio cierta incredulidad al respecto y una sensación de inseguridad de parte de la población, por eso estamos aquí hoy día, para debatir, intercambiar información y focalizar los recursos de Carabineros, de la PDI y de las Fuerzas Armadas".

"Estamos trabajando de manera coordinada con el jefe de la Defensa Nacional y las Fuerza Armadas".

Patricio Yáñez,, general de Carabineros."

Sin imputados hasta el momento se mantiene la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Quinchao por el robo del motor del arco sanitario que estaba ubicado a la entrada de la isla de ese nombre, en la comuna de Curaco de Vélez.

Así lo confirmó el fiscal adjunto de Quinchao, Cristian Mena, señalando: "Hay una orden de investigar que se dio a la SIP (Sección de Investigaciones Policiales) de Carabineros", advirtiendo que "hasta el momento no hay imputados".

Desde el Municipio de Curaco de Vélez se informó que la denuncia fue realizada de oficio por el Retén de Carabineros de la comuna al persecutor.

En la misma línea, desde Relaciones Públicas de tal municipio se indicó que el consistorio se sumará a las acciones legales del Ministerio Público contra él o los autores de este atentado que dejó sin la herramienta sanitaria de desinfección para vehículos que ingresan a la isla.

Se advirtió también que el equipo sustraído era de propiedad de una empresa acuícola y se le había facilitado a la Municipalidad de Quinchao para la instalación del arco sanitario.

Para lo anterior, el alcalde de tal comuna, Washington Ulloa (UDI) solicitó apoyo al consistorio curacano, desde donde se facilitó el agua y la electricidad para el funcionamiento del equipo.

El personero manifestó escuetamente que también se hará parte con acciones legales por la sustracción del equipo en el sector de Coyumbe.

Eduardo Burgos Sepúlveda

Hasta fin de mes tiene de plazo la Inspección Comunal del Trabajo de Ancud para culminar una investigación por eventual acoso sexual contra una extrabajadora de Conaf de esta comuna, hecho por el cual el municipio anunció hacerse parte de acciones legales en apoyo a la mujer afectada.

El hecho ocurrió en marzo en el contexto de un desayuno con consumo de alcohol del que habría participado la eventual víctima. En él compañeros de trabajo la habrían desnudado estando inconsciente y viralizado fotos del abuso.

La Corporación Nacional Forestal puso los antecedentes a disposición de la Inspección del Trabajo de Ancud el 27 de abril, confirmó el director regional de la institución, Mauro González, informando que "tiene relación con una investigación que realizó Conaf frente a un presunto acoso sexual y estos antecedentes se colocan a disposición de la Dirección del Trabajo para que nosotros investiguemos y enviemos un informe final dentro del plazo de 30 días y podamos ver que se cumplió con todo el marco legal".

Hasta el momento, la indagatoria solo está en manos de Trabajo, ya que desde la Fiscalía Regional se señaló que "a la fecha no se registra el ingreso de una causa que se ajuste a las características de lo informado por La Estrella de Chiloé".

Se advirtió además desde el Ministerio Público que "una investigación de oficio procedería si se vislumbrara la afectación de menores de edad en los hechos relatados", descartando en ese aspecto una indagatoria.

Desde la Municipalidad de Ancud, su alcalde Carlos Gómez (indep.) recalcó que "por las redes sociales, incluso por un comentario de un usuario de Facebook en mi cuenta personal, me adjunta un link de una comunicación sobre lo que habría ocurrido con algunos trabajadores de Conaf, al parecer bajo el Código del Trabajo, donde habría ocurrido una situación irregular que tendría que ver con una mujer".

El edil dijo que "yo di instrucciones de inmediato a la encargada de la Oficina de la Mujer, que junto al equipo jurídico del municipio indaguen antecedentes sobre la situación ocurrida para verificar los antecedentes y comunicarse con la afectada para apoyarla, de ser reales los hechos denunciados", advirtiendo que "no descartamos hacernos parte de cualquier recurso legal que se haya o vaya a interponer".

Gómez desligó que el programa de empleo de emergencia al que estaba adscrita la trabajadora haya dependido del municipio.