Muerte de recluso activa protocolos forenses y hasta de Covid-19
En la cárcel de Castro se constató el deceso de un anciano, a quien se le realizó examen de coronavirus.
Con protocolos forenses especiales y hasta sometido a una prueba de Covid-19 se desarrolla la indagatoria para esclarecer las circunstancias de la muerte de un anciano que cumplía condena al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro. Un deceso constatado la madrugada de ayer y que activó un amplio operativo.
La víctima, identificada con las iniciales R.G.C.B. (69), cumplía sentencia por delitos de amenaza y desacato en contexto de violencia intrafamiliar. Tras la revocación de una pena sustitutiva por estos ilícitos, en audiencia realizada el 10 de julio del 2019 en el Juzgado de Garantía local, el sujeto ingresó a cumplir un saldo de 344 días de presidio efectivo.
Dolores lumbares en el interno alertaron a personal de Gendarmería sobre su estado de salud. Así lo indicó el capitán Carlos Olavarría, alcaide de la unidad penal castreña, añadiendo que el equipo sanitario del recinto constató la gravedad de su condición en ese instante.
"Luego de ser atendido por nuestro personal y tras seguir con el dolor, se llama al SAMU (Servicio de Atención Médica de Urgencia) que ingresa a las dependencias y realiza las maniobras respectivas, no teniendo las respuestas favorables", explicó el oficial.
Alrededor de la 1 de la madrugada de este jueves se constató el fallecimiento del recluso. Y tras notificar los datos al Ministerio Público y adoptar los procedimientos administrativos respectivos, el jefe penitenciario visitó a la familia de la víctima.
"Este alcaide va al domicilio de los parientes a dar cuenta del hecho, quedando a disposición de todas sus necesidades e información del caso", sostuvo la fuente.
Dispositivo
Por instrucción del fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, personal del Servicio Médico Legal se encargó de levantar el cuerpo del condenado para las pericias tanatológicas correspondientes, las cuales se realizarán bajo un modelo específico.
"Respecto de la autopsia, aún cuando parezca una muerte accidental -preliminarmente se trataría de un paro cardiorrespiratorio-, la persona murió bajo la custodia del Estado, por lo cual hay que aplicar el Protocolo de Minnesota en la autopsia que tiene requisitos adicionales para salvaguardar que no haya fallecido por una acción de agentes del Estado", manifestó el persecutor.
Asimismo, tanto el abogado como el alcaide Olavarría confirmaron que pese a no existir un indicio previo, debido a la emergencia sanitaria que se vive en el país y la vulnerabilidad existente en los recintos penales, se instruyó realizar un examen de Covid-19 al occiso. "Es la primera pesquisa que se hará", aclaró el fiscal.
Hasta el cierre de la edición se esperaba por el resultado de esta pericia, mientras avanzaban otras diligencias que no requirieron de la intervención policial.
Como especificó el representante del Ministerio Público, no se instruyeron pesquisas especiales, "considerando que Gendarmería tiene los medios y canales para realizar diligencias e incluirlas en la carpeta investigativa", finalizó.
Junto con ello, el jefe del CDP de Castro remitió los antecedentes tanto a la Defensoría Penitenciaria como al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).