La primera sala de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt desestimó los argumentos esgrimidos por las defensas de los dos imputados por un incendio forestal en el sector Mocopulli, comuna de Dalcahue, que buscaban revertir la privación de libertad que pesa en su contra hace 11 días.

El joven de iniciales I.A.G.V. (24) y la menor individualizada como D.A.C.G. (17) están siendo indagados por el siniestro que arrasó cerca de 2 hectáreas y que logró ser controlado por Bomberos y una brigada de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

A los amigos se le sindica autoría en el inicio del fuego por medio de encendedores, presupuestos que confirmó el tribunal de alzada, añadiendo que "la libertad de ambos constituye un peligro para la seguridad de la sociedad en atención al carácter, gravedad y circunstancias de comisión del hecho que se les imputa".

El defensor Filippo Corvalán, especializado en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, argumentó que "la figura penal está mal aplicada por el Ministerio Público, siendo propuesta en término de un incendio en el Código Penal, cuando en realidad es más adecuada en la Ley de Bosques".

Otro de los puntos que alegó el jurista fue "la lejanía de las casas con relación a los focos, lo que implica una disminución de la peligrosidad".

Asimismo, el profesión apuntó al fondo de la medida de internación provisoria que pesa sobre la menor, explicando que "ella está inserta en el Sename, entre otras cosas, por vulneración de derechos. Por ello, flaco favor se le hace al privarla de libertad, perdiendo los avances logrados e interrumpiendo su reinserción".

Sindicación

Por su parte, el defensor Mauricio Díaz, quien representa al adulto que está preso, postuló para revertir la precautoria que "falta sindicación en este caso y además, ante una eventual condena, puede existir un cumplimiento en libertad al tener irreprochable conducta anterior".

17 años tiene la joven que se mantendrá con internación provisoria en Puerto Montt.

70 días quedan para el desarrollo de las pericias que están a cargo del Labocar.

Pedro Bárcena González

Respondiendo al plan de acción diseñado para atender denuncias de eventuales vulneraciones de derechos humanos en adolescentes durante el estallido social en la zona, cinco casos existentes en la región están siendo investigado. Uno corresponde a Chiloé y permanece bajo la atenta mirada de los profesionales del Servicio Nacional de Menores (Sename).

Se trata de un estudiante de Quellón que acusó el violento proceder de Carabineros al momento de despejar una toma en el camino a San Antonio, el 7 de noviembre pasado. El isleño de 17 años fue aprehendido junto a su hermano de 15, aunque solamente se notificaron los antecedentes del mayor.

Este episodio ya había contado con el reproche de decenas de educandos que se constituyeron a las afueras de la Sexta Comisaría porteña criticando el actuar de los uniformados al instante de disolver la barricada.

Incluso, Ricardo Vásquez, uno de los voceros del movimiento estudiantil en Quellón, comentó en su momento que los alumnos "permanecieron un día en el cuartel y, como ellos mismos nos dijeron, fueron agredidos. Incluso al salir tenían rastros de estos golpes".

Derivación

El propio afectado se constituyó en la Oficina de Protección de Derechos (OPD) de la Infancia y la Adolescencia local para contar su experiencia y pedir apoyo. Así lo reveló la coordinadora de esta repartición, Gloria Toledo, añadiendo que "derivamos una denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que habría venido a entrevistar al niño a su colegio".

La funcionaria aclaró que los antecedentes también fueron remitidos a la Defensoría de la Niñez, como al Sename, después del respaldo inicial al estudiante del Liceo Politécnico. Todo ello, dentro de la línea de acción establecida para estos casos: denuncia, recopilación de datos, apoyo integral y derivación.

Según el relato del isleño, como especificó la asistente social, al momento del procedimiento policial "dio cuenta de mal trato verbal de los funcionarios y que uno le pegó con su casco en la cabeza. Además, señala que se mantuvieron en el calabozo con adultos y esposados, lo que estaría fuera de todo protocolo con menores de edad".

Por su parte, la directora regional del Sename, Lilian Peña, destacó la metodología de trabajo que se está realizando para abordar la contingencia y el impacto en niños y adolescentes.

"Todas las situaciones se van a investigar y el llamado es a denunciar. Por ello, establecimos un protocolo: cada vez que hay una vulneración a un menor, la familia o la víctima se puede acercar a algunos de nuestros programas, especialmente las OPD, donde se pueden entregar los antecedentes", sostuvo la profesional.

Dentro de esta dinámica, la fuente explicó que "lo primero es la denuncia, después de esos datos, se activa el protocolo y se notifica al Ministerio Público y remiten los antecedentes a Santiago, ya que el Ministerio de Justicia monitorea para que se haga parte, también con el INDH".

Igualmente, Peña especificó que este tema los tiene "ocupados" como servicio.

"Todos los días estamos monitoreando lo que ocurre a nivel regional y nacional. Más de 150 menores -152 hasta el cierre de la edición- han denunciado en el país posibles vulneraciones de derechos humanos en el marco de las manifestaciones (desde el 18 de octubre pasado)", concluyó la personera.