Reos acusan a isleño de abusos al interior de la cárcel de Castro
El sujeto sindicado como responsable de estas agresiones fue denunciado y remitido al Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt. Se trata de uno de los tres lemuyanos condenados por una violación y homicidio.
Aislado en otra unidad penal de mayor seguridad se encuentra un sujeto acusado de ultrajar dentro del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Castro de otros internos. Las presuntas víctimas denunciaron que este recluso en el dormitorio común los intimidaba con un arma blanca y procedía a agredirlos sexualmente.
Los dardos apuntan contra el isleño de iniciales M.L.E. (49), uno de los tres condenados a 16 años de presidio por la violación y homicidio de Javier Nahuelneri Ojeda (51), ocurrido a fines de enero del 2018 en Puqueldón. Desde ese instante el obrero permanecía en el recinto penitenciario castreño, primero en prisión preventiva y desde noviembre en calidad de sentenciado en espera de ejecutoria.
Los 18 presos del dormitorio N°7 de imputados primerizos del penal de calle Monjitas firmaron una carta denuncia que fue remitida al alcaide, Carlos Olavarría, quien de inmediato tramitó los antecedentes para esclarecer lo sucedido.
Los hechos, como explicó el capitán, darían cuenta en el denuncio que el lemuyano "se levantaba en la noche a tocar a los otros internos. Los amenazaba con un cuchillo de fabricación artesanal para materializar estas presuntas agresiones".
Declaraciones
Ante la gravedad de los antecedentes, el oficial remitió los datos al Ministerio Público que instruyó diligencias por parte de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex), que el miércoles recién pasado se constituyó en la cárcel. Empadronamientos y fijaciones del sitio del suceso incluyeron las pesquisas de los detectives.
Igualmente, como explicó el jefe de Gendarmería, al ser considerada una falta grave esta situación dentro del reglamento interno de la institución, se tomaron medidas disciplinarias contra el recluso.
"Lo enviamos a cumplir su castigo de aislamiento al Complejo (Penitenciario Alto Bonito) de Puerto Montt, a través de la autorización que solicitamos al Tribunal Oral en lo Penal de Castro, que fue aprobada", recalcó el alcaide.
Es más, el uniformado también invocó que una vez que quede a firme el fallo contra el isleño, cumpla su condena en este establecimiento penal del continente, debido a que en ese lugar existen mayores medios y mejores espacios para su control.
Tanto las medidas como la indagatoria penal que se está realizando fueron confirmadas por el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, quien también sumó que el sujeto está siendo investigado por otro delito sexual, específicamente contra un menor en Puqueldón.
Por lo tanto, dos aristas indagatorias pesan sobre este chilote, las cuales están siendo analizadas por la Brisex, orden que se encuentra con tiempo vigente.
"La idea es reunir todos los antecedentes a objeto de realizar una persecución penal adecuada, dada la evidente peligrosidad que esta persona presenta para la sociedad en su conjunto", manifestó el abogado.
Una dinámica intimidatoria en las embestidas estudia el Ministerio Público, lo cual se condice con las denuncias de los propios reos. "Aparentemente amenazó con una supuesta arma, logrando reducir a una víctima que opuso resistencia logrando evitar que la agresión sexual llegara a término", acotó el fiscal.
Asimismo, el experto en investigar este tipo de delitos resaltó que existiría una víctima de lo que sería una violación tentada. "También hay otras personas por las cuales indagamos si existen elementos de abusos sexuales, relacionados con el relato de los internos", sostuvo.
En tanto, por el presunto abuso infantil el persecutor manifestó que se había iniciado una investigación con un imputado desconocido. Sin embargo, como especificó, las diligencias realizadas, en especial la declaración de testigos, dieron cuenta que se trataba del mismo sujeto, quien habría abordado al niño en la calle, diciendo que era su tío. La providencial intervención de una mujer gatilló que cesara de la agresión.
Cautela
Finalmente, por el avance procesal de estos casos, considerando que el imputado está preso, Canales enfatizó que la única diferencia a un proceso con encartado en libertad radicaría en la necesidad de cautela.
"Si se decide una formalización no se discutirán cautelares por su condición de condenado en que ese encuentra. Igual se permite pedir la prisión preventiva de manera anticipada pero en este caso, con una condena extensa por el caso de violación y homicidio, no aparece necesario discutir esta medida", concluyó la fuente.
Por su parte, el defensor Rodrigo Zamorano, quien representa al condenado por la causa de violación y homicidio del lemuyano, reconoció no tener mayores antecedentes de la sindicación de los reclusos por estas vulneraciones.
No obstante, el jurista indicó que "se hizo una audiencia por cautela de garantías y que el tribunal acogió su traslado a la cárcel de Puerto Montt, pero por una medida de seguridad del propio imputado, sin que se expusieran antecedentes de las supuestas agresiones sexuales".
"No hay complicidad del servicio por estos casos, sino que se denuncian de inmediato".
Carlos Olavarría,, alcaide del CDP de Castro."
Derechos humanos
Como una forma de derribar mitos se ha tomado la indagatoria en la cárcel de Castro. La consigna es dejar en claro que los delitos no se permiten entre las rejas, menos las agresiones sexuales, siempre y cuando la denuncia sea oportuna. Como recalcó el alcaide Carlos Olavarría, ante la notificación de estos casos "nosotros como garantes de los derechos humanos de los internos debemos denunciar los hechos ante el Ministerio Público. Cuando nos informan estas situaciones comenzamos de inmediato las tramitaciones a las entidades pertinentes". El oficial resaltó que es un verdadero estigma que se permitan los delitos sexuales en las cárceles. "Nosotros damos cuenta de inmediato estos hechos para que se indaguen y esclarezcan, por lo cual se insta a la población penal a no sentir miedo de denunciar. Hay que ser claros, no hay complicidad del servicio por estos casos", expresó.
"Esta conducta hizo que fuese trasladado a Puerto Montt, donde hay mejores condiciones para controlarlo".
Enrique Canales,, fiscal jefe de Castro"
16 años de cárcel fue la sentencia contra el obrero por los hechos en Puqueldón.
18 fueron los reclusos que firmaron una carta donde se denunciaban estos hechos.