Visión Acuícola
Con su publicación en el Diario Oficial, entró en vigencia la ley de modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), norma clave en el combate contra la pesca ilegal.
La lucha contra ese fenómeno, que causa perjuicios de índole diversa, es una de las prioridades fijadas por el Presidente Sebastián Piñera en el ámbito pesquero.
El cuerpo legal estatuye nuevas figuras penales y fija sanciones, bajo la premisa de que es necesario enfocarse en toda la cadena ilícita y no solo en sus eslabones más débiles.
La entrada en vigor de la norma implicará, además, un ostensible mejoramiento en las condiciones de trabajo de quienes cumplen tareas en el servicio, que acaba de cumplir 40 años.
"Esta es una muy buena noticia para Chile. La entrada en vigencia de esta ley permitirá que los funcionarios del servicio desarrollen sus tareas de mejor forma, pero, además, propiciará un avance sustancial en el combate contra la pesca ilegal, tema prioritario para el Gobierno del Presidente Piñera", destacó el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Eduardo Riquelme.
Junto con valorar la norma en su conjunto, la directora de Sernapesca, Alicia Gallardo, resaltó uno de sus aspectos específicos: el establecimiento de una asignación para el personal del organismo.
"Esto representa un reconocimiento a la valiosa labor que cumplen nuestros funcionarios a lo largo de todo Chile, y que se suma a la posibilidad de incrementar significativamente nuestra dotación con 253 nuevos funcionarios, los que tendrán como única misión velar por la protección y la sustentabilidad de las actividades de la pesca y la acuicultura en nuestro país", detalló la autoridad.
DAÑOS DIVERSOS
La pesca ilegal es un fenómeno que genera perjuicios diversos, según ha expuesto el subsecretario Riquelme: "Golpea, por ejemplo, a quienes ejercen la actividad de manera honesta, vale decir a aquellas personas que cumplen rigurosamente con las normas".
Sumó que "la sustentabilidad de los recursos se ve igualmente amagada, porque estas organizaciones vulneran las cuotas máximas de captura fijadas por ley. Junto con lo anterior, se configura un peligro sanitario, pues nadie se hace responsable por la calidad ni el estado de los productos transados".
Panorama judicial
Uno de los propósitos de la nueva ley es mejorar la proporcionalidad de las infracciones y multas para quienes incurren en actividades de pesca ilegal, de modo de sancionar equilibradamente a aquellos que intervienen en esa cadena.
Bajo esa lógica, por ejemplo, el juez ahora podrá aquilatar la capacidad económica del infractor, así como el beneficio percibido a través de la conducta ilícita, cuando resuelva el castigo.
En el mismo plano, se considera la posibilidad de que el sancionado pueda pagar en cuotas la multa que se le imponga o que preste servicios comunitarios, en vez de responder pecuniariamente.
En ese contexto, se estatuye la "falta de acreditación de origen legal en pesquerías colapsadas y sobreexplotadas", de manera de sancionar con mayor fuerza a quienes extraen recursos amenazados.
Se perfecciona también la figura del delito de extracción ilegal de recursos desde áreas de manejo, acción que perjudica fuertemente a pescadores artesanales, a veces muy modestos, y que ahora será castigado enérgicamente.
Subsistencia
Otra novedad de la ley es el reconocimiento formal de la pesca de subsistencia, vale decir aquella que procura el sustento a quien extrae los recursos y a su grupo familiar.
Quienes ejercen dicha actividad quedan exceptuados de cumplir obligaciones inherentes a la pesca comercial, como estar inscritos en el Registro Pesquero Artesanal o declarar desembarques.
