Al menos 10 muertos y unas 54 personas heridas dejó ayer la explosión de un auto en las instalaciones de la Escuela de Policía de Bogotá, capital de Colombia. El hecho fue catalogado como un atentado.

El fiscal general del país, Néstor Humberto Martínez, confirmó que el autor material del atentado es José Aldemar Rojas Rodríguez, quien ingresó a la Escuela General Santander a bordo de un Nissan Patrol, modelo 1993, cargado con 80 kilos de pentolita.

El grado de quemaduras y de desintegración de las víctimas complicó las labores de reconocimiento, por lo que los restos deberán ser sometidos a pruebas de ADN.

Según se informó, el cuerpo que resultó con más daños fue el del conductor del vehículo, quien chocó el auto para provocar la explosión. Aparentemente uno de los fallecidos sería ecuatoriano.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lamentaron y conderaron el hecho, de acuerdo a un comunicado emitido.

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, manifestó en Twitter que "los colombianos pueden tener la certeza de que los criminales no intimidarán a nuestro Estado".

El canciller chileno Roberto Ampuero expresó por Twitter sus condolencias y "nuestra enérgica condena por el cobarde atentado terrorista en la Escuela de Policía de Colombia. Solidaridad plena", posteó.

Diego Gotelli C. - Medios Regionales

Una doble vida vivió durante una década un profesor de Peñalolén. Mientras en el día el hombre colaboraba en una ONG para enseñar a niños y adolescentes sobre el uso de computadores y les daba clases de matemáticas, al llegar a su casa se sentaba frente a su computador a ver videos de abusos sexuales contra menores de edad.

El sujeto, de 43 años, fue detenido esta semana acusado de comprar material pornográfico infantil desde al menos el 2012, aunque se cree que su consumo de este tipo de contenido ilegal vendría desde el 2009.

Su nombre llegó a las oficinas de la PDI en un informe emitido por la policía de Toronto, Canadá, que alertaba que él y otros 12 mil usuarios en el mundo han estado descargando y comercializando material de abusos contra menores a través de la deep web, una "zona oscura" de internet donde se pueden hallar contenidos prohibidos o contratar servicios ilegales.

"Este tipo de compras en la deep web es algo inusual en nuestro país. Sin embargo, es un delito que potencialmente está en aumento", afirmó la subcomisaria Pía Barrera, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano de la PDI.

Según la detective, fiscalizar el contenido que circula por esta parte de internet es complejo, ya que es una zona a la que no todos los usuarios pueden acceder, por lo que quienes ingresan tienen ciertos conocimientos tecnológicos que les facilita ocultarse. Además, su navegación se hace de forma anónima, dificultando aún más la labor policial.

Por ello, la sección del Cibercrimen tiene un equipo especializado en casos de explotación sexual de niños y jóvenes a través de internet, el que constantemente monitorea los nuevos usuarios que ingresan a la deep web y sus relaciones, una vigilancia que según se afirmó ahora será reforzada tras la alerta emitida desde Norteamérica.

Asimismo, esta unidad se encarga de periciar los informes que llegan desde el extranjero vía Interpol, como el que permitió dar con el paradero del docente.

El profesor, por ahora el único chileno identificado en el informe de Toronto, fue formalizado tras hallar en su computador personal más de 23.300 archivos de fotos y videos donde niñas de entre 5 y 11 años eran violentadas sexualmente.

Preliminarmente se descartó que algunos de esos registros sean producidos por él, aunque la investigación apuntará a dilucidar definitivamente esta arista, además de si existe en el país una red que produzca y venda este material en la deep web.

23.300 archivos de audio y video de pornografía infantil tenía en su computador el detenido.