Michael Seguel P.

A las 00.30 de ayer los funcionarios de Gendarmería concretaron una paralización nacional de carácter indefinido, que se había anunciado el miércoles 31 de octubre luego de no llegar a acuerdo tras cuatro meses de negociaciones con el Gobierno, en un mesa de trabajo liderada por el subsecretario de Justicia Juan José Ossa.

Los cinco gremios de gendarmes, agrupados en el Frente de Trabajadores Penitenciarios, exigen mejoras en la carrera funcionaria, cuestión que se resume en tres ejes: bono de incentivo al retiro, bonificación de egreso y redistribución de las plantas carcelarias.

El vocero de los uniformados, Andrés Segovia, indicó que hasta la tarde de ayer, "la paralización tiene un 97% de apoyo de los gendarmes (...) no salen ni entran reos de las cárceles". Es decir, cerca de 20 mil funcionarios se sumaron al paro en las cárceles de Arica a Porvenir.

Segovia precisó que Carabineros se hizo cargo del traslado desde y hacia las cárceles de los imputados para los respectivos controles de detención en los Juzgados de Garantía y para los juicios orales de los acusados que se encuentren en prisión preventiva.

Desde el Gobierno, la vocera Cecilia Pérez señaló que el paro está fuera de la normativa. "Es un paro ilegal, no se ajusta a ningún tipo de normativa legal existente para los funcionarios públicos. Creemos que no pueden pretender entorpecer las labores de un poder del Estado como es el Judicial", dijo Pérez.

Ante la crítica de Pérez, el vocero de los gendarmes cuestionó que "estuvimos cuatro meses trabajando en una mesa entablada por el Gobierno (...) están los dos requisitos que reúne una movilización: una reunión que no dio resultado y que nosotros avisamos que estamos en libertad de acción para hacer nuestra protesta".

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, dijo ayer que "se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar de modo efectivo los derechos de los imputados privados de libertad, de manera que los servicios funcionen con la máxima normalidad posible."

Hasta la tarde ayer, no había un acuerdo entre las partes.

"La paralización tiene un 97% de apoyo de los gendarmes (...) no salen ni entran reos de las cárceles".

Andrés Segovia,, vocero de los gendarmes."

Tras una manifestación en el frontis del Internado Nacional Barros Arana (INBA), emblemático liceo de Santiago, Carabineros detuvo a cuatro encapuchados, dos de ellos con overoles blancos, e incautó al menos 35 bombas molotov fabricadas y bombas de pintura.

El general Eric Gajardo, jefe de la Zona Santiago de control de orden público e intervención, indicó ayer que se encontraron "panfletos" alusivos a Kevin Garrido, quien fue asesinado el viernes en la cárcel Santiago I. Estaba condenado a 17 años de prisión por porte de armas y colocación de artefactos explosivos.

Los hechos ocurren seis días después de que dos bombas molotov fueran lanzadas por encapuchados a la oficina del director del INBA, Jaime Uribe. Además, para hoy se espera que comience la discusión en la Cámara de Diputados del proyecto "Aula Segura", que busca que los directores de colegios tengan mayores facultades ante hechos de violencia.

"Desórdenes afuera del INBA provocados por encapuchados interrumpen actividad escolar y tranquilidad de vecinos", señaló ayer en Twitter la intendenta metropolitana, Karla Rubilar. El alcalde de Santiago, Felipe Alessandi, dijo ayer que "hasta ahora nadie ha muerto, pero de continuar esta escalada violentista vamos a tener hechos que lamentar".

La vocera Cecilia Pérez señaló que "condenamos los hechos que suceden en un colegio tradicional de Santiago". Y añadió que los antecedentes "ya son parte de la investigación que tiene que llevar el Ministerio Público y del cual se va a hacer parte nuestro Gobierno a través de una querella de la Intendencia Metropolitana".