César Cárdenas Ruiz

El próximo 21 de noviembre el Juzgado de Garantía de Ancud formalizará al exdirector de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile (Directemar), el vicealmirante (r) Osvaldo Schwarzenberg Ashton como autor del delito de prevaricación administrativa, en el marco de la investigación por la crisis que afectó a la pesca y acuicultura de parte de la zona sur del país, principalmente a Chiloé, en el 2016.

Esta última situación provocó que pescadores artesanales apoyados por diversas organizaciones se tomaran la Ruta 5 Sur y otros caminos en diferentes puntos de la provincia, como una forma de presionar al Gobierno para la búsqueda de soluciones concretas frente a los problemas por la marea roja, con acusaciones hacia las salmoneras por la mortandad de la fauna marina y la presencia del veneno paralizante de los mariscos (VPM).

Más de dos años han transcurrido desde aquellos hechos, tiempo en que se ha desarrollado una investigación por parte del Ministerio Público, la que ha estado a cargo de la fiscal adjunta de Puerto Montt Pamela Salgado, a fin de poder establecer si el vertimiento de 4.600 toneladas de salmones muertos frente a las costas de Chiloé tuvo relación con la toxina y el hallazgo de especies marinas muertas.

Respecto a las sanciones que pudiera solicitar el Ministerio Público en contra del exoficial de marina, la profesional comentó que "se tomó la decisión de formalizar por el delito de prevaricación administrativa que está regulado en artículo 128 del Código Penal. El haber dictado una resolución manifiestamente injusta, arbitraria, muy apresurada en este caso, nosotros estimamos casi negligente".

En esta misma línea, la jurista indicó que en cualquier caso las sanciones por este tipo de infracciones no son muy elevadas. "Las penas no son muy altas. El problema que nos encontramos en este tipo de delitos es la falta de legislación, sobre todo en lo que es legislación ambiental", comentó.

comunidades

Fue en mayo del 2016 cuando un grupo de comunidades indígenas de la Región de Los Lagos presentó un recurso de protección en contra de la Directemar y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por la Resolución N°114 que otorgó permiso para efectuar vertimientos de emergencia de desechos de pescado en la jurisdicción marítima de Puerto Montt.

Quien encabezó dichas acciones legales fue la abogada Orieta Llauca, quien respecto a la anunciada formalización de Schwarzenberg, indicó que "estamos bastante contentos de que al menos se formalice a uno de los responsables de lo que ocurrió con el vertimiento de salmones. Si bien el Ministerio Público, el Estado de Chile y el Gobierno tienen su versión respecto a lo que ocurrió, y siguen nombrándolos como marea roja, para el común de la ciudadanía esto fue una catástrofe ambiental causada por el vertimiento de salmones".

mesa local

Para las organizaciones sociales que fueron protagonistas de la movilización del 2016, la apertura de la indagación formal contra el exdirector de Directemar dejaría de manifiesto los "errores" cometidos en aquel proceso de vertimiento de la mortandad salmonera afectada por el bloom algal.

"Cada vez se nos está dando más la razón, después de haber dicho lo que pensamos como pescadores, nos dijeron que no teníamos veracidad en lo que estábamos diciendo. Hoy día con el fallo que se hizo en el recurso de protección, más la formalización de un exalto mando de la Directemar por el permiso que dio para este vertimiento, nos está dando la razón y pone más contentos", esgrimió Pablo Oyarzo, presidente de la Mesa de Marea Roja de Ancud.

"Si bien el Ministerio Público, el Estado de Chile y el Gobierno tienen su versión respecto a lo que ocurrió, y siguen nombrándolos como marea roja, para el común de la ciudadanía esto fue una catástrofe ambiental causada por el vertimiento de salmones".

Orieta Llauca, abogada."