Hernán Osses Suárez - El Llanquihue

El calvario de María Delia Loncón comenzó en 2010. Necesitaba dinero, pero no tenía acceso a la banca formal.

Un aviso en el diario El Llanquihue le dio esperanzas de poder conseguir los recursos que necesitaba.

La empresa chilota de servicios financieros Latinoamericana de Comercio ofrecía créditos para quienes no podían acceder a los bancos.

La mujer solicitó 3 millones de pesos. A cambio, tuvo que firmar un pagaré e hipotecó una casa que había comprado cuando tenía 30 años, pensando en su jubilación. Sin embargo, el contrato de hipoteca contenía un mandato, de dación en pago. "Esa figura nunca la había escuchado", recuerda ahora.

Con el tiempo, ese mandato sería el inicio de un drama del que aún no ha podido salir adelante.

Loncón fue una de las primeras denunciantes -en total fueron cuatro en esta causa- en contra de Latinoamericana de Comercio.

En agosto pasado, logró que el Tribunal Oral en Lo Penal de Puerto Montt condenara al dueño de la financiera -Alberto Segundo Velásquez Triviño, conocido como 'León de Oro'- a 541 días de presidio remitido por el delito reiterado de usura. El TOP le otorgó el beneficio de la remisión condicional de la pena.

Velásquez logró salvar la acusación de estafa, delito que también le imputaba el Ministerio Público. Ahora su causa está en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, luego que fuera presentado un recurso de nulidad.

El diputado Fidel Espinoza (PS) ha recibido algunas denuncias en contra la financiera. Dice lamentar que la empresa "haya sido condenada solo por usura", pero "aquí hay actos que claramente rayan en la estafa", sostiene.

Desde su punto de vista, "no es posible que una empresa tenga cláusulas leoninas para engañar a la gente para quitarle sus propiedades".

Espinoza cree que "el objetivo de esas empresas no es facilitar un préstamo, es que las familias se atrasen en una cuota para quitarle la casa. Ese es el modus operandi... Una vergüenza".

"clientes"

Al día siguiente de haber firmado la hipoteca, María Delia Loncón recibió el dinero de parte de la empresa. A pesar que fue muchas veces a la oficina, nunca pudo tener una copia de los documentos que firmó.

Los problemas con la empresa comenzaron en 2012. A raíz de problemas familiares, se atrasó en algunas cuotas. Fue a Latinoamericana para pedir un nuevo préstamo. Así, comenzó una verdadera "bicicleta". Solicitaba un préstamo solo para poder pagar los intereses. "Cada tres meses tenía que pagar un millón y tanto de puro interés", relata.

Cree que, en total, firmó unos 12 pagarés, pero solamente en tres o cuatro ocasiones recibió dinero. "Yo solo firmaba para pagar lo anterior", evoca. Agrega que únicamente en términos de capital debe haber pedido unos 3 o 4 millones de pesos.

Sin embargo, la empresa sostiene que su deuda llega a los 12 millones.

En las oficinas le dijeron que por el atraso en los pagos se iniciarían acciones legales. Ella pensó que aún tenía tiempo para conseguir el dinero, pagar y salvar su casa.

Sin embargo, dos meses más tarde, una carta de Latinoamericana de Comercio le informó que su vivienda fue dada en pago por la deuda. Había perdido su propiedad.

Durante el juicio por usura, prestó declaración como testigo el carabinero del OS-9 Juan Molina Hernández, quien investigó el caso. Él declaró que durante la investigación le correspondió entrevistar a las dos personas que trabajaban en la oficina de Puerto Montt.

Se trata de Guido Pacheco Muñoz y Silvia Ojeda Barrientos.

En relación al primero, el funcionario policial recordó que este trabajaba desde 2003 para Latinoamericana de Comercio. Según esta versión, la compañía se dedicaba a realizar préstamos, por los cuales recibían cheques como garantía.

Sin embargo, desde 2008 la firma comenzó a otorgar préstamos, pero con garantía hipotecaria.

Según contó Pacheco al oficial, para recibir los préstamos las personas debían tener una propiedad sin gravámenes. Una vez que se autorizaba, a los clientes se les hacía suscribir dos documentos. Por una parte, un pagaré y, por otra, un contrato de hipoteca que contenía un mandato en favor de Sociedad Servicios Generales y Finanzas (SyF), representada por José Manuel Triviño Morales, sobrino de Velásquez.

Molina afirmó haber entrevistado a varios clientes que perdieron sus casas. Algunos contaron que la empresa hizo efectiva una de las cláusulas del mandato. La misma establecía que para solucionar la deuda, Latinoamericana de Comercio podía hacer una dación en pago, es decir, recibir la propiedad, de parte del mandatario, es decir, SyF.

En el registro de propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt existen, al menos, 12 inscripciones a nombre de Latinoamericana de Comercio, en las que dicha firma recibió una casa o propiedad como "dación en pago" por la deuda.

El 25 de noviembre de 2013, Latinoamericana de Comercio vendió la casa de María Delia Loncón en 15 millones de pesos, según se puede ver en la escritura firmada en la notaría de Hernán Tike.

Según el Ministerio Público, se transfirió el inmueble a una nuera de Alberto Velásquez, el dueño de Latinoamericana de Comercio.

"error de confiar"

Gustavo Velquén llegó a los 5 años a vivir a su casa de Puerto Varas. Sus recuerdos de infancia y, ahora, su trabajo como laboratorista dental, los desarrolló en el lugar.

Velquén había dejado cheques en la financiera y, hace unos 14 años, decidió pedir un préstamo a Latinoamericana de Comercio para salir de las deudas que tenía tras la muerte de su padre.

Como la casa estaba a nombre de su madre, Elena Charath, ambos debieron firmar los documentos, mediante los cuales dejaban la propiedad en garantía. "Cometí el error de confiar porque ya había trabajado con él", expone.

Cuando se atrasó, menciona que comenzaron a cobrarle elevados intereses. "Algo no me cuadra", le dijo a la funcionaria con la que hablaba en la financiera.

A pesar que fue pagando la deuda, siempre lo hizo un mes atrasado.

Velquén rememora que un amigo abogado le estaba revisando sus papeles. El profesional le advirtió que la financiera lo había demandado.

Durante cuatro años trató en tribunales de evitar que le quitaran su casa.

Al final, la financiera remató la vivienda y Velquén terminó arrendándole al nuevo dueño la casa en la que había vivido buena parte de su vida. "La carga emocional fue muy fuerte", confiesa.

La pérdida de la vivienda le significó un cambio radical en su vida. En la casa tenía su laboratorio dental, pero también vivía con su madre, quien debió partir a Temuco, para residir con una hermana.

Gustavo trató de rehacer su negocio en Puerto Montt, pero no funcionó. Ahora trata de rehacer su vida laboral en Puerto Varas.

"A mí me cambió la vida. Me trajo daños colaterales, emocionales... He tenido problemas familiares, laborales, porque tuve que adecuarme. Ha sido un año muy difícil. Ha hecho mucho daño, (a) muchas familias", calificó.

Durante el juicio en contra del controlador de Latinoamericana de Comercio, la Fiscalía presentó como testigo a Jorge Bustamante Ruiz, quien aseguró que perdió su casa de Techo Para Todos, tras pedir un préstamo de cuatro millones de pesos.

Bustamante, quien había sido propietario por más de 40 años, contó en el tribunal que mientras él había solicitado el crédito, su esposa había firmado otro, pensando que se trataba de un solo préstamo.

Para garantizar el dinero, en julio de 2008, hipotecó la casa en favor de Latinoamericana de Comercio, firmando la cláusula con el mandato amplio. Finalmente, intentó repactar el crédito, pero antes de poder pagar la primera cuota de la repactación, le quitaron la vivienda.

El 22 de junio de 2011, la empresa hizo efectivo el mandato, inscribiendo en el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt la casa de Bustamante a nombre de la empresa, luego de hacer efectiva la "dación en pago".

El 22 de noviembre de ese año 2011, el inmueble de Bustamante fue vendido a Milton Alvarado por Latinoamericana de Comercio a un valor de 14 millones de pesos.

Luego, la vivienda fue vendida a una tercera persona y, posteriormente, fue demolida.

QUERELLA

En 2016, a través del abogado Sergio Coronado, Bustamante presentó una querella en contra de Latinoamericana de Comercio y de SyF (en total, Coronado está representando a 8 familias que dicen ser víctimas de la financiera, entre ellos está Gustavo Velquén).

En la acción legal, el abogado señala que junto con la hipoteca, Bustamante firmó un mandato especial amplio e irrevocable, mediante el cual autorizaba a SyF para vender o ceder la propiedad hipotecada en caso de atraso de cualquiera de las cuotas.

"Frente a cualquier atraso, el más mínimo, esta empresa se hacía cargo de todo el patrimonio de la persona deudora... Las consecuencias de esa cláusula jamás le fueron explicadas a las personas" relata el abogado, quien está convencido que "estamos frente al delito de usura... El delito de estafa porque existe un engaño a propósito de los documentos que se le hicieron suscribir; y, evidentemente, una situación de asociación ilícita vinculada a la forma en que operaba esta empresa", consigna.

Coronado explica que incluso hay casos de personas que si bien se atrasaron, continuaron pagando a la financiera, sin enterarse que sus bienes ya los habían perdido.

Según la querella, el mandato también facultaba a SyF para notificarse de cualquier acción judicial.

El Juzgado de Garantía de Puerto Montt fijó para el próximo 30 de octubre una audiencia para debatir la solicitud del abogado de Velásquez Triviño, en orden a decretar la prescripción de la acción penal.

Pese a ello, Coronado está confiado en que la investigación seguirá adelante, "considerando la cantidad de antecedentes que existen en contra de esta empresa".

El profesional cree que con las querellas que están pendientes, de llegar a juicio y obtener sentencias condenatorias, se podrían conseguir penas efectivas de cárcel para los responsables.

También esperan seguir por la vía civil para resarcir el daño causado.

"El objetivo de esas empresas no es facilitar un préstamo, es que las familias se atrasen en una cuota para quitarle la casa. Ese es el modus operandi... Una vergüenza

Fidel Espinoza,, diputado socialista."

36 años y más "financiando el comercio" dice la página web de la firma.