Con insultos recibieron a Fabricio en formalización
El bailarín brasileño fue imputado por presuntamente estafar a 16 personas. Quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal.
Camila Espinoza López - Medios Regionales
Sin decir una palabra y evadiendo a la prensa llegó ayer el bailarín Fabricio Almeida de Vasconcelos al Juzgado de Garantía de San Bernardo, en la Región Metropolitana. El brasileño fue formalizado por estafa.
"¡Devuelve la plata, ladrón!", fueron parte de los gritos que se escucharon en el recinto, antes de que se iniciara la audiencia, a la que también asistieron las presuntas víctimas.
Al ex "Porto seguro" se le imputa haber vendido en forma irregular terrenos a 16 personas "engañándolas acerca de las propiedades habitacionales del mismo, en circunstancias de que se trataba de un terreno inundable, no apto para ser urbanizado, que se encuentra situado en un área rural de interés silvoagropecuario exclusivo y en un sector de riesgo para los asentamientos humanos", detalló el Ministerio Público.
Por la venta del 20% de los derechos sobre el terreno, cada una de las víctimas habría pagado $17 millones.
Pamela Díaz, una de las abogadas querellantes, sostuvo que Vasconcellos estaba en conocimiento de que los terrenos eran susceptibles de ser inundables antes de adquirirlos y que por esta razón habría podido pagar un precio más bajo.
Paula Cabezas, defensora de Vasconcellos, descartó que se hubiera cometido algún delito y dijo que en los documentos entregados a las presuntas víctimas se indica que se estaban vendiendo terrenos agrícolas y que se les advirtió que no podrían construir en el terreno de inmediato. Añadió que Vasconcellos también se vio afectado al pedir créditos bancarios y tener una deuda de casi $650 millones de por la compra de terrenos.
El bailarín quedó con las medidas cautelares de arraigo nacional y firma quincenal. Además, se decretó un plazo de 120 días de investigación.
Una vez terminada la audiencia, Vasconcellos se retiró rápidamente en su auto, sin emitir declaraciones.
$17 millones pagaron las víctimas por los terrenos, sostienen los querellantes.