Michael Seguel P. - Medios Regionales

Los 30 días dados por el Gobierno para que los ciudadanos extranjeros que ingresaron al país por pasos no habilitados se inscribieran para normalizar su situación concluyó el miércoles 23 de mayo.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría del Interior, fueron 125.578 los inscritos en el proceso. Del total, 12.649 fueron extranjeros que ingresaron por pasos no habilitados.

Mientras el proceso para aquellas personas que entraron por pasos regulares continuará por otros dos meses, las personas que entraron por la cordillera o el desierto y no concurrieron a ordenar sus papeles arriesgan ser expulsados.

Así lo explicó a La Estrella el abogado José María Hurtado, asesor de la Subsecretaría del Interior en temas de migración, quien sostuvo que "cualquier persona que tuvo un ingreso irregular o por un paso no habilitado y que no se sometió al proceso de regularización se le aplican las normas generales. Es sujeto de expulsión".

"Nuestra mayor irregularidad migratoria no se produce por la gente que ingresa por pasos no habilitados, sino que es la gente que entra legalmente al país y se vence su (visa de) turismo o residencia", añadió.

Por otra parte explicó que quienes sí participaron del proceso, a partir del 23 de julio se les solicitarán documentos como el certificado de antecedentes y cédula de identidad, para resolver sobre su permanencia.

Procedimiento

María Soledad Torres, abogada y directora de Legal Global, explicó que es la policía (PDI o Carabineros) quien realiza el control y notifica tanto al tribunal correspondiente como al Departamento de Extranjería y Migración en estos casos: "La persona queda generalmente con una medida cautelar de firma mensual o quincenal, luego de ser citado al tribunal y fijar domicilio". Añade que "paralelamente, Extranjería elabora un decreto de expulsión que demora, incluso, ocho meses".

El subprefecto Cristián González, jefe de la plana mayor de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional (Jenaex) de la PDI, consigna que se informa "por medio de una declaración voluntaria, señalando la mayor cantidad de antecedentes: ¿por dónde ingreso a Chile?, ¿cómo ingresó? y los motivos, u otro antecedente que sea importante".

Torres recalca que una vez notificada de su expulsión, la persona tiene 24 horas para presentar un recurso de reclamación ante la Corte Suprema, o bien un recurso en la Corte de Apelaciones.

12 mil 649 extranjeros iniciaron su regularización.

Árboles caídos, cortes de luz, antenas de telefonía y hasta murallas en el suelo dejó ayer el fuerte viento causado por el sistema frontal que afectó ayer a la zona central y sur del país. Hasta ayer por la tarde las regiones Metropolitana, de O'Higgins, del Maule, La Araucanía y Los Lagos se mantenían con alerta temprana preventiva decretada por la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi). Mientras, Bío Bío se mantenía con alerta amarilla.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) dijo que "se registran 23.264 clientes afectados por cortes en el servicio de suministro eléctrico" en cinco comunas. Hasta en el complejo deportivo Juan Pinto Durán, donde entrena la Selección Chilena, se cayó parte del muro que separa la instalación con la calle Macul, en la capital.

Tras ser votada por las estudiantes, ayer se bajó la toma feminista de la Casa Central de la Universidad Católica (PUC) en Santiago, que se inició el viernes en protesta por lo que calificaron de "machismo" en el plantel y "violencia de género".

A las 13.30 las voceras de la toma comunicaron que tras la reunión sostenida el domingo con el rector Ignacio Sánchez y la asamblea de ayer se llegó a acuerdo en tres puntos: la regularización del pago de trabajadoras subcontratadas, la reunión con la mujer que acusó a un docente de violencia intrafamiliar y el reconocimiento del nombre social en la lista y tarjeta de alumnos trans.

"Es inaceptable la presencia de académicos, funcionarios y estudiantes que ejercen violencia sexual y de género que quedan impunes porque la universidad los encubre", dijo la vocera Catalina Cabello.

Mientras, Sánchez destacó el diálogo con las manifestantes y sostuvo: "Esto no significa que se tenga la misma respuesta respecto a una eventual nueva toma. Es un error que el sistema de tomas se haya instalado en el país".

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, calificó ayer de "injustas" las críticas tras asumir de forma interina la presidencia del Consejo de Prevención de Abusos Sexuales a Menores y Acompañamiento de Víctimas, de la Conferencia Episcopal.

Lo anterior, tras la renuncia del extitular y obispo de Rancagua, Alejandro Goic, luego de que se destapara una serie de presuntos abusos sexuales contra menores en su diócesis. "Ser insultado públicamente es algo duro, pero es nuestra condición", dijo González a Radio Universo.

Añadió el prelado que "llevo años trabajando en esto, en silencio y oculto, al lado de don Alejandro (...). Es una cosa injusta nomás y mucha gente lo ha captado".