Pedro Bárcena González
La inquietud de una prima de la víctima de una bestial agresión armada en Castro, quien no se explicaba cómo a 12 días de ocurrido el ataque con cuchillo a su pariente no existían respuestas sobre el caso y menos se detenía al imputado, activó el procedimiento policial que permitió la captura de este sujeto. Y no solo eso, también dejó en evidencia la ineficiencia en los protocolos de denuncia.
La mujer llegó el martes a la Fiscalía de Castro a solicitar información sobre la causa. Indicó que su familiar permanecía hospitalizada desde el 29 de marzo producto de una estocada a nivel abdominal, que le implicó una perforación intestinal, la pérdida del baso y parte del páncreas. Y se encontró una sorpresa. Pese al grave estado de su ser querido, no existían mayores antecedentes de lo sucedido.
Bajo este escenario, rápidamente la fiscal asistente Carmen Paz Vargas instruyó a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la capital chilota recopilar información. Así un equipo de detectives se constituyó en el Hospital Augusto Riffart para entrevistar a la afectada de iniciales G.G.S. (39). Sus datos fueron aclaratorios e impulsaron empadronamientos y otras diligencias que llevaron al paradero del presunto autor.
Procedimiento
Tal como expuso el inspector Álex Varela, con las pesquisas efectuadas "determinamos que la mujer fue agredida por su conviviente con un arma cortopunzante en la región abdominal".
El policía añadió que junto al testimonio de la afectada, "se reunió información con nuestra base de datos y con diligencias en el sitio del suceso que permitieron establecer la identidad del imputado. Ahí se gestionó una orden de detención y otra de entrada y registro del domicilio, las que permitieron la aprehensión y el levantamiento de evidencia en el lugar".
La captura se produjo alrededor de las 23.50 horas del martes en el hogar del pescador de iniciales L.R.B. (53), ubicado en calle Piloto Pardo, el mismo donde se produjo el incidente que hasta fue presenciado por la hija del hombre de mar.
El sujeto fue puesto ayer a disposición de la justicia. Junto con acreditarse la legalidad de la detención, en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía castreño, la misma persecutora que instruyó las pericias procedió a formalizar una indagatoria por lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar (VIF).
La abogada aclaró que los intervinientes convivían hace nueve meses y que, según datos entregados por la misma afectada, la agresión se produjo en el contexto de una discusión en los momentos en que ambos bebían alcohol.
Esta relación entre los involucrados también habría sido reconocida por vecinos, como explicó la jurista, añadiendo que uno de ellos "despertó por los gritos de la víctima". Incluso, añadió que la vio en el suelo junto a la vereda y que dijo que su pareja la acuchilló.
Estos dichos se sumarían a los de la hija del imputado, testigo presencial del hecho, para sustentar la participación del hombre de mar en el caso.
A su vez, Vargas invocó la prisión preventiva contra el imputado, al considerar que su libertad "es un peligro para la víctima", aclarando que también tiene condenas anteriores por delitos de la misma naturaleza y que la pena que arriesga sería de cumplimiento efectivo.
Por su parte, el defensor Juan Manuel Castro se opuso a esta medida, explicando que la causa no se trataría de una VIF al no estar acreditada la convivencia. "Ellos mantuvieron una relación sentimental, pero en ese momento solo era de arrendador y arrendatario. Además, la víctima estaba de forma esporádica en el domicilio", acotó.
En cuanto a la necesidad de cautela, el profesional dijo que se asegura con un arresto domiciliario parcial, exponiendo que las condenas de su representado ya están prescritas (la última del 2009), por lo cual puede optar a beneficios, "siendo la prisión preventiva una pena anticipada", enfatizó.
Pese a estos argumentos, la magistrada Jesica Yáñez decretó la precautoria más gravosa, acreditando en estas alturas de la causa la figura legal por la cohabitación en la misma residencia entre los involucrados, dando valor también al testimonio de la víctima, de vecinos, hasta del mismo imputado y su hija.
La sentenciadora dictó 60 días para indagar.
