Por 10 años intentó la Fundación Amparo y Justicia sacar adelante un proyecto, originalmente llamado como "entrevista única" que se amplió a estas instancias videograbadas en la fase indagatoria como en el juicio de las causas. Fueron motores de esta iniciativa y ahora valoran su promulgación.

Catalina Fernández, jefa de políticas públicas de esta organización, mostró su conformidad con este paso adelante, señalando que "se incorporó no solo la entrevista en la fase investigativa por parte de personas especializadas, sino también que se realicen en dependencias adecuadas. El objeto es someter lo menos posible a exposición a lo niños".

A su vez, la sicóloga aclaró que serán las policías y el Ministerio Público los encargados de proveer los entrevistadores idóneos que serán acreditados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, dijo que no se apunta a un profesional tipo para abordar estas entrevistas: "Lo importante es el entrenamiento, la formación que se les dicte en el curso que deben cumplir".

Por su parte, el fiscal regional Marcos Emilfork valoró esta iniciativa, pero advirtió que antes ya habían realizado pasos similares tendientes a implementar un modelo de atención integral a niños víctimas de delitos sexuales.

"Estas iniciativas son bienvenidas, pero importante es que operadores del sistema de justicia penal, como nosotros como Fiscalía, busquemos las medidas para mejorar las condiciones en que los niños participan del proceso penal", aclaró.

Pedro Bárcena González

Karla es madre de una de las nueve niñitas que fueron abusadas por un conductor de furgón escolar que las movilizaba en la Escuela de Nercón, en Castro. La pequeña declaró en tres ocasiones antes del juicio abreviado que terminó en la condena del transportista. Una exposición que según su mamá "ha sido traumática". La pesadilla de los ultrajes revivía con cada relato.

El daño sufrido por esta estudiante de 12 años, como también por miles de otros infantes que se han visto sometidos a un sistema penal que no los protege, buscará finalmente minimizarse por medio de un marco legal. Un proyecto que se luchó por más de una década, que enfrentó casi un lustro de trámites legislativos, pero que ayer vio la luz con su promulgación.

Se trata de la Ley 21.057 de Entrevistas Grabadas en Video y Otras Medidas de Resguardo a Menores de Edad Víctimas de Delitos que este martes tuvo la rúbrica de la Presidenta Michelle Bachelet y que ahora solo espera por su publicación en el Diario Oficial.

La iniciativa tiene como objeto evitar la victimización secundaria, que los niños y adolescentes vean reducidas sus intervenciones tanto en las indagatorias de las causas como en las fases judiciales, fijando una entrevista investigativa videograbada y otra declaración en juicio. Un entrevistador acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será el encargado de esta pericia.

En tres fases será implementada la normativa en el país, correspondiendo a la Región de Los Lagos la última etapa -junto a la del Maule, O'Higgins y Metropolitana-, después de 24 meses de publicada la ley. Una instauración gradual, pero que fue valorada por todos los actores del sistema, en especial las víctimas.

"Repetir una y otra vez lo que sucedió abre las heridas y genera un peso muy grande para personas tan pequeñas que vuelven a sentirse afectados por lo que les pasó. Declarar ante la policía, los abogados, los peritos y esperar hacerlo en un juicio es mucho, por eso no quisimos irnos a juicio oral. Todo esto es muy doloroso y qué bueno que se traten de acortar los procesos", indicó Karla, quien continúa con su hija en tratamiento de reparación por los abusos sistemáticos que sufrió.

Congresistas

Tal como lo reflejan las palabras de esta joven castreña, el interés superior del marco legal son los niños. Así lo entienden los legisladores por la zona, quienes buscaron sacar adelante este proyecto en el Congreso.

Como afirmó el senador Rabindranath Quinteros (PS), la iniciativa busca "compatibilizar los derechos de los menores con el mejoramiento del sistema penal, evitando la doble victimización. No queremos que se vean más expuestos en el sistema judicial, en especial considerando que han sufrido delitos graves".

Asimismo, el congresista enfatizó que para la puesta en vigor de la tercera fase de la ley, en la que está incluida la zona, se implementarán 12 salas especiales y nombrarán a 113 entrevistadores. Además, recalcó que la demora en la promulgación de la normativa, que desde el 2014 se paseó por las salas parlamentarias en busca de su aprobación, "no se trató de un tema político, sino técnico enfocado en realizar las cosas con maduración".

Así también lo entiende el senador Iván Moreira (UDI), añadiendo que la tardanza se debió "a que las modificación fueron al Código Penal, son leyes con complicaciones jurídicas". Por ello, calificó como "un gran avance" esta promulgación, sumando que "seguiremos avanzando en estas materias en favor de nuestros niños".

Por su parte, el diputado Alejandro Santana (RN) recalcó que esta ley "permitirá no aumentar el estrés y el impacto emocional de las victimas abusadas, a través de entrevistas especializadas".

Esta problemática en Chiloé cobra ribetes preocupantes, como resaltó la fuente, aludiendo datos de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme), que dan cuenta que "el 99,9% de los delitos que investigan en la provincia corresponden a autor conocido muy cercano a la familia e inclusive que se dan al interior de la familia".

En tanto, la diputada Jenny Álvarez (PS) manifestó la importancia de contar con entrevistadores "capacitados" para tomar la declaración a los menores. "Conocí muchos casos en la Isla, donde los niños se sentían avergonzados por recordar cada vez lo que les sucedió ante personas que no tenían la expertiz para estas labores. Por eso, con profesionales idóneos se podrá reunir la información de los procedimientos penales y evitar la victimización", acotó.