Pedro Bárcena González

Con la evacuación reciente de pericias científicas avanza la indagatoria ligada al mediático caso de una menor quinchaína de apenas 12 años, a quien se le detectó un prematuro embarazo que gatilló una denuncia por violación impropia. Además, la pequeña se convirtió en la primera paciente en el país a la que se le sometió a un aborto tras la despenalización del procedimiento, bajo la causal de la agresión sexual.

Junto al arduo trabajo de atención y apoyo que se sigue en favor de la escolar, la investigación que se desarrolla desde septiembre, luego de quedar al descubierto el estado de gravidez de la infante y posterior interrupción del embarazo en el Hospital San José de Santiago tras ser negada la intervención en Chiloé, sumó un crucial antecedente ligado a la recepción por parte del Ministerio Público de los comparativos de ADN.

Así lo confirmó el fiscal de la causa, Enrique Canales, quien explicó que en el caso no hay detenidos ni personas formalizadas. Añadió que en paralelo el caso sí avanza en el Tribunal de Familia, "donde se le aplicó a la víctima una medida proteccional relativa a no entregar antecedentes que puedan identificar".

El persecutor recalcó que la indagatoria "se encuentra abierta", con una orden vigente instruida a la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) que ya ha entregado reportes. Sin embargo, existen diligencias pendientes.

"Además, se han realizado pericias médico-forenses, en particular comparativos de ADN para determinar participación en este ilícito. Hay resultados gracias a la intervención de la Fiscalía Regional que logró una respuesta más rápida, ya que las conclusiones por lo general demoran varios meses", enfatizó el abogado.

Estas pruebas se llevaron a cabo en el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la policía civil de Puerto Montt y confirmaron una dinámica similar a la mayoría de ultrajes cometidos en la provincia, en los cuales el responsable está inmerso en el círculo cercano a la víctima.

"Se trata de un delito de carácter intrafamiliar, lo que complejiza más a la afectada generando un amplio daño y la revictimización por la intervención estatal que se realiza. Es un caso grave de vulneración de derechos sumado a una compleja situación familiar", puntualizó Canales.

Pendiente

Más allá de estos resultados, Canales fue claro en señalar que existen numerosas pericias pendientes, que incluirían tomar nuevas declaraciones al entorno cercano de la afectada. Una vez agotadas estas instancias, el fiscal resaltó que tomará la decisión de judicializar definitivamente la causa.

De forma paralela a la indagatoria del organismo público, la fiscalía asegura que no se descuida el estado de la víctima.

"Es un caso muy complejo para nosotros como Fiscalía de Chile y Los Lagos. Resulta prioritario dar toda la protección como centro de la indagatoria a la niña de 12 años que ha vivido una agresión muy traumática y con consecuencias que la han revictimizado. Nuestro centro es el bienestar de la menor", concluyó el persecutor.

Dentro de este contexto, la pequeña se encuentra en un proceso de reparación liderado por la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Castro, a través de la sicóloga Marcela Riquelme, quien coordina todas las intervenciones profesionales y reparatorias. Un trabajo que está siendo realizado en red, con especialistas del área de Salud todo en marco de los protocolos de atención a menores.

"Se trata de un delito de carácter intrafamiliar, lo que complejiza más a la afectada por el daño sufrido".

Enrique Canales,, fiscal de la causa."

12 años tiene la menor afectada por una agresión sexual en su entorno familiar.

84 días de gestación es el límite para un aborto por violación. Cerca del plazo estaba la niña.