Pedro Bárcena González

Con el objetivo de resarcir el daño sufrido por lo que califica como un despido injustificado, Adriana Olivares, exjefa de Finanzas de la Corporación Municipal para la Educación, la Salud y la Atención al Menor de Castro, demandó por vulneración de derechos fundamentales a esta entidad. Una acción laboral que se alzaría por los $500 millones.

En el Juzgado de Letras del Trabajo de la capital chilota la recurrente interpuso el requerimiento que suma otro episodio legal entre las partes, después de la denuncia por hurto presentada en agosto por el alcalde Juan Eduardo Vera (UDI), quien la vincula en la sustracción de documentos desde el ente corporativo en la previa a una auditoria externa.

En esta ocasión, la demandante llegó junto a sus abogados Pablo Lehnebach y Fabián Quiroz para formalizar el recurso, con el cual espera, literalmente, limpiar su nombre enlodado en esta polémica.

Como indicó el segundo jurista, se espera evidenciar "cómo se trató su desvinculación, en donde se le imputaron una diversidad de delitos, usando publicidad y todo el aparataje de la corporación, publicando información confidencial de ella".

El profesional hizo hincapié en que no se han respetado las garantías fundamentales de la trabajadora, apuntando que más allá de las acusaciones que puedan existir, la presunción de inocencia debe prevalecer. Y bajo ese marco, aunque pueda existir una acción penal en tramitación, no tendría cabida legal un despido.

Quiroz explicó que "pedimos al tribunal que se declare la vulneración de derechos fundamentales y segundo que tome las medidas para que no sigan sucediendo con ella y que se abstenga la corporación de seguir vulnerando los derechos del resto de los trabajadores".

Alcances

Esta figura incluye todos los alcances de una indemnización por un despido injustificado, por lo cual los montos se incrementan. Es más, el abogado detalló que son cerca de una decena de ítems o prestaciones las que se demandaron junto a la desvinculación, como el mes de aviso, lucro cesante, daño moral, cotizaciones y recargos legales. Una secuencia que llegaría a los $500 millones solicitados.

Por su parte, Olivares recalcó que "lo que se me ha hecho no se le hace a nadie en este país. Es vivir un inmenso daño, lo único que le faltó a las autoridades era colgarme en el árbol más alto de la plaza".

Ante la eventualidad de optar por una reincorporación en un supuesto fallo favorable, la fuente fue categórica en señalar que no retorna a la entidad corporativa. "Era mi vida, trabajé 18 años siempre de una manera profesional, con la frente en alto y no permitiré que nadie por circunstancias políticas me envuelva en estas cosas", concluyó.

En tanto, el alcalde Juan Eduardo Vera (UDI), dijo que "no hemos sido notificados, pero tenemos la tranquilidad y razones suficientes que motivaron su desvinculación". Además, negó una actuación política dentro de su administración: "Si fuera así, la jefa de Finanzas se habría desvinculado el primer día en que asumí como alcalde".