Carolina Larenas Faúndez

Aclarar y determinar el cumplimiento de los compromisos institucionales por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos relativos al muestreo y fiscalización de la presencia del veneno paralizante de los mariscos (VPM) en las costas de Cucao, Chanquín y Huentemó, en Chonchi, fue el objetivo de una investigación que el diputado Alejandro Santana (RN) solicitó a la Contraloría.

En los últimos días el informe del trabajo realizado por el organismo fue remitido al parlamentario por Chiloé y Palena, centrado en cuatro preguntas de investigación y dentro de los principales resultados se advierte de algunos incumplimiento del organismo en materia de educación, así como un monitoreo inferior a los de otros meses y otro asociado al sistema informático que no ha sido repuesto.

En este sentido, según se desprende del resumen ejecutivo del documento final de investigación especial N° 581, de 2016, se explica que en uno de los puntos que "la Seremi de Salud no llevó a cabo las acciones de educación para la salud en una data anterior a la detección de la presencia de la marea roja en los sectores Cucao, Chanquín y Huentemó, contraviniendo lo preceptuado en los numerales 6.2.5 del título 'Objetivos' y 17 del Comité Regional de Marea Roja del Programa Nacional de Vigilancia y Control de las Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos".

Asimismo, frente a esta situación la Contraloría da cuenta que "corresponde que esa entidad sanitaria arbitre las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, se dé estricto cumplimiento al mencionado programa u otro instrumento que se disponga al efecto, en especial en lo que atañe a la difusión y educación preventiva de dicho fenómeno".

En otro de los puntos, el informe plantea "sobre el funcionamiento del Comité Regional de Marea Roja, reuniones y trabajo intersectorial, la Seremi de Los Lagos no dio cumplimiento a lo relacionado con la elaboración de actas con los temas tratados, asistentes y acuerdos alcanzados, así como la remisión de las mismas a la Subsecretaría de Salud Pública".

La Controlaría añade que ello "se suma a la ausencia de invitaciones a representantes de los pescadores y de las industrias del área y la designación a través de un acto administrativo de los integrantes del comité de marea roja, lo que no se ajusta a los dispuesto en el numeral 17 del aludido programa, y a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley N° 19.880, debiendo la Autoridad Sanitaria tomar las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren las situaciones antes descritas".

Igualmente, expone que "se constató que en los meses de enero, febrero y marzo de 2016, respecto de las 56 estaciones dispuestas en los sectores de extracción de recursos hidrobiológicos denominados Chiloé norte, centro y sur, los monitoreos en las área de extracción y frecuencia de muestreo fueron inferiores a los advertidos en los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de esa mismas anualidad".

Lo anterior, según el ente contralor, "no se ajusta a las letras a) y b) del punto 5.1 'Metodología objetivo específico' 1, del Programa de Monitoreo de la Marea Roja en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes (X Etapa) 2016-2017", convenido entre la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y el Instituto de Fomento Pesquero (IFOP), aprobado mediante la resolución exenta".

Sistema

Del mismo modo, el informe detalla que "se verificó que el sistema informático de respaldo asociado al establecimiento de las estaciones de monitoreo, según lo informado por doña Cristina Hernández Gallardo, jefa del Departamento de Laboratorio de Salud Pública de la aludida seremi, fue dado de baja por medio de la resolución exenta N° 1.105, de 2011 de la Subsecretaría de Salud Pública".

Acota que "al 6 de octubre de 2016, dicha situación no ha sido resuelta con la implementación de otro sistema de información, lo cual no se ajusta a lo preceptuado en el punto 8.1, del mentado Programa Nacional de Vigilancia y Control de Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos".

En el mismo punto el informe señala que "la Autoridad Sanitaria debe continuar con las gestiones pertinentes ante la Subsecretaría de Salud Pública, para formalizar el sistema informático Midas, informando documentadamente de ello a esta institución de control, en el plazo de 60 días hábiles, contado de la recepción del presente informe".

Tras recibir los resultados de la investigación, el diputado Santana sostuvo que "el tratamiento al problema de la marea roja por parte del Gobierno tuvo problemas de forma y de fondo, los de forma dicen relación a que esta requería una permanente vigilancia y control de las intoxicaciones por fenómenos algales y eso no sucedió. De hecho, la Contraloría verificó que en 56 estaciones de la provincia de Chiloé estos controles no se realizaron como se deberían realizar".

Al mismo tiempo, mencionó que "lo que se había comprometido en términos de un sistema informático de respaldo al monitoreo todavía no se ha implementado en el 2017, lo que implica que sumado a lo que fue un apoyo a solo 1 de cada 4 afectados por la marea roja, todas las acciones de carácter preventivas no se han realizado, o sea, el Gobierno vio esto como una situación puntual y no ha entendido que es una situación que llegó para quedarse".

"El tratamiento al problema por parte del Gobierno tuvo problemas de forma y de fondo".

Alejandro Santana,, diputado."