Fijan prueba por caso de abusos en serie en Castro
Acusado de ultrajes reiterados en la vía pública contra ocho escolares arriesga 10 años de cárcel.
35 testigos y tres peritos fueron fijados en audiencia realizada ayer en el Juzgado de Garantía de Castro, prueba destinada a exponer los alcances de lo que constituye uno de los pocos casos de ultrajes en serie indagados en Chiloé. Ocho escolares acusan que un joven las atacó en plena vía pública, seguidilla de abusos sexuales por la cual arriesga 10 años de cárcel.
En la audiencia se llevó a cabo la fase previa del juicio contra el depravado de 34 años, quien ya posee condenas anteriores por una violación y otro delito similar pero en carácter de tentado. Se le asocia responsabilidad en las agresiones reiteradas contra las liceanas, de entre 14 y 17 años, ocurridas entre mayo y septiembre del 2016, en las cercanías del Cementerio Municipal, sector Cancha Rayada y el radio céntrico de Castro.
Evidencia
El fiscal Enrique Canales recalcó la importancia de concretar esta preparación en el menor tiempo, augurando la realización del juicio para unos 45 días más. No modificó mayormente la evidencia incluida en la acusación, solo eliminando prueba documental.
Por su parte, el defensor Nelson Troncoso, junto con adherirse a la prueba fiscal, añadió otros dos testigos y un par de peritos, para sustentar su teoría que desligaría de participación en estos hechos a su cliente.
Es más, el abogado insistió en que su representado "dice que no es el autor de estas tocaciones, indicando que estaba trabajando -en una empresa de aseo- en esa época".
Considerando esta postura y sumando el tiempo en que ha permanecido el obrero en prisión -desde el 2 de septiembre del 2016-, la defensa invocó la modificación de cautelar por el arresto domiciliario total.
"Está hace casi un año preso, tiempo en que los fines del procedimiento están más que garantizados, más al estar ad portas del juicio oral. Además, ha colaborado con la investigación, declarando ante el fiscal", detalló el jurista, exponiendo un informe social donde se acreditaría el arraigo social y familiar del castreño.
El persecutor se opuso a este requerimiento señalando que las circunstancias de la indagatoria no han variado. Incluso, sostuvo que los antecedentes que han emergido reforzaron su hipótesis, tanto en número de casos -primero se denunciaron cuatro víctimas- como en la participación del detenido (reconocido por las niñas).
"Esta es una persona peligrosa para la seguridad de las afectadas y para la sociedad. Además, la necesidad de cautela no descansa en el arraigo y hay que incluir que es reincidente, como también la pretensión de pena que es alta -10 años de cárcel efectiva- que configura un eventual riesgo de fuga", expresó Canales.
La magistrado Alejandra Varas acogió los argumentos del Ministerio Público y mantuvo la cautelar más gravosa, enfatizando que "cualquier pena que reciba sería efectiva" por sus condenas anteriores.
Cambio de unidad
El acusado de estos ultrajes solicitó ayer al tribunal su traslado desde el Complejo Penitenciario Alto Bonito de Puerto Montt al CDP de Ancud. Indicó que "me tienen en el módulo de los castigados, con un colchón mojado... perdí mi ropa, no dejan que mi familia me visite". La jueza Alejandra Varas pidió un informe a Gendarmería, que analizará esta solicitud.