Pedro Bárcena González

Tras cumplir 48 días privado de libertad, el Juzgado de Garantía de Castro revisó ayer la cautelar que pesa sobre el transportista sindicado como responsable de los ultrajes contra ocho estudiantes de la Escuela Ana Nelly Oyarzún de Nercón. Una audiencia en que se ratificó la medida al no variar los antecedentes de la formalización.

Con expectación llegó al tribunal cerca de una decena de parientes y cercanos al conductor de 58 años, esperando la modificación de la precautoria. Para ello, la defensa particular expuso una serie de informes.

Así lo detalló el abogado Nelson Troncoso, especificando que se solicitó el arresto total en base a antecedentes sociales y periciales presentados.

"Dimos cuenta de un informe social y otro sicológico, como también la declaración jurada ante notario de dos testigos", aclaró el profesional.

A juicio de esta fuente, "no se dan los presupuestos materiales para la existencia del delito", sosteniendo que las menores involucradas mencionan solamente tocaciones en las piernas, costillas y besos que no tendrían connotación sexual. Otro de los elementos que han discutido es la recalificación de los hechos, que podrían constituir ofensas al pudor.

Asimismo, el defensor enfatizó que la necesidad de cautela como la comparecencia del imputado a todos los actos de la indagatoria podrían asegurarse con una medida menos gravosa. No obstante, la sentenciadora desestimó estas alegaciones.

El fiscal Luis Barría expuso que no han variado las circunstancias presentadas durante la audiencia en que fue encausado el "tío del furgón". Es más, las víctimas que tienen entre 8 y 12 años no han modificado sus posturas, se han mantenido firmes y consistentes con sus declaraciones que vinculan a este sujeto como el responsable de los abusos sexuales. Tampoco incidieron los informes presentados por la defensa.

Esta resolución judicial dejó conformes a las madres y apoderadas de las niñas afectadas. Una de ellas, mamá de una escolar de 12 años que aparece como una de las víctimas de estas tocaciones, resaltó que pese a no ser notificadas de esta audiencia, "estamos satisfechas que se haya mantenido la prisión preventiva, considerando la gravedad de los delitos que se reiteraron en el tiempo y todo el daño que provocaron".

A su vez, la joven destacó que las estudiantes ahora "respiran un poco más tranquilas", debido a que una mujer las transportan y que se han tomado las medidas para "que no sigan ocurriendo estas situaciones que muchas veces permanecen ocultas".

Además, la isleña apuntó a que "se les debe creer a nuestras niñas, ya que se les trata de desvirtuar o que actuaron motivados por un reproche, acusando sin fundamento al transportista. Pero esto no fue así, ellas fueron vulneradas y coincidieron en sus dichos. Ellas dicen la verdad".

Para sustentar esta posición, la apoderada junto a otra de las afectadas interpondrán una querella particular que se materializaría en los próximos días y estaría bajo el alero del Programa Reparación y Justicia.

Este recurso se sumaría al que ya está en trámite y que a fines de mayo colocó en el juzgado castreño el Servicio Nacional de Menores.

Riesgo

Justamente, desde el Sename Los Lagos se informó que se excusaron de asistir a la audiencia de este miércoles, pero que "compartimos la postura del Ministerio Público en torno a que el imputado no puede estar libre ya que representa una amenaza para las víctimas". Incluso, añadieron que las alumnas pueden verse coartadas o inhibidas en sus relatos con la presencia en libertad del transportista.

Tal como lo adelantó la propia directora de la institución, Pamela Soto, al momento de querellarse indicó que esperan la realización de una serie de diligencias, como peritajes especializados al furgón, la búsqueda de nuevas víctimas que no hayan denunciado y que se puedan encontrar en todos los círculos que frecuentaba el imputado.

Tal como lo había solicitado el defensor Mauricio Díaz, un campesino fue sentenciado a 3 años y un día de libertad vigilada intensiva por su responsabilidad en un caso de abuso sexual contra una menor de apenas 9 años. Un aberrante ultraje que se registró al interior de la casa de este sujeto, en el sector Quiao de Chonchi.

Así fue resuelto por la sala presidida por la magistrado Loreto Yáñez, del Tribunal Oral en lo Penal de Castro, tras el juicio al que fue sometido el sujeto de iniciales R.C.M.S. (59). Una audiencia en que se analizaron los antecedentes de los intervinientes.

"Invocamos la irreprochable conducta anterior y entregamos informes sociales favorables", indicó el abogado para sustentar su petición que fue considerada por los sentenciadores, quienes además decretaron como accesorias especiales la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años siguientes al cumplimiento de la pena principal y a la inhabilitación absoluta y perpetua para este sujeto en cuanto empleos o cargos que tengan contacto con menores.