Pedro Bárcena González

Constituye uno de los principales ejes de persecución penal en la Fiscalía Regional de Los Lagos. Sus implicancias socio-delictivas tienen un arraigo tal que no basta solo con la denuncia, formalización y eventual salida judicial de la causa. También deben trabajarse de cerca las medidas precautorias, seguimiento de la víctima y medidas de reparación. Los delitos sexuales dejan una huella casi imborrable.

Las antenas del Ministerio Público están puestas hace años en la incidencia de estos ilícitos, pero especialmente en los abusos y violaciones impropias. Sí, porque los menores de edad sufren en su mayoría el impacto de estos casos. Son el principal objetivo de los depravados en la zona y considerando su fragilidad, estas agresiones gatillan un daño enorme que repercute en las mismas investigaciones, ya sea desde una tardía develación, como también en la retractación y en la dificultad de levantar antecedentes probatorios.

En Chiloé estos factores tienden a incrementarse debido a las propias características del territorio, con su falta de conectividad y atomicidad y, por la cultura insular, que en muchos sectores deja de manifiesto como mudo testigo que estas aberrantes prácticas son reconocidas y no denunciadas.

Impulso

Sin embargo, el trabajo desarrollado para instalar este problema como uno de los más complejos y necesarios de abordar ha rendido sus frutos desde la arista del ente persecutor. Así lo reconoce el fiscal jefe de Castro, Enrique Canales, quien destaca la alta preponderancia que se le ha dado a estos ilícitos por tres factores principales.

"Se encuentran dentro de los ejes de persecución penal por constituir delitos complejos de investigar porque, por lo general, solo tenemos el relato de la víctima. Además, se infringe como bien protegido la indemnidad sexual, lo que quiere decir que estos delitos atentan contra el normal desarrollo de la sexualidad de la víctima. Hacen padecer a un niño efectos que pueden ser permanentes en el área sico-afectiva de la víctima sin existir intervención oportuna", acota el abogado.

Como tercer punto está la prevalencia de estos hechos delictivos. "Este es un fenómeno que se mantuvo oculto por un factor social y cultural por décadas. Antes de la Reforma (Procesal Penal) estos delitos prácticamente no existían en los tribunales del crimen, pero son una realidad, son comunes y habitualmente se producen en el ámbito más cercano y protegido de la víctima", explica.

Los estadísticos también ratifican que esta problemática está más instalada en la provincia.

Según los datos proporcionados por el Ministerio Público de las 339 causas que ingresaron el 2016 en las fiscalías de Chiloé por delitos sexuales, el 75,1 por ciento corresponde a víctimas menores de edad. Una tónica que se ha mantenido en el tiempo dentro de los mil 564 casos que ha indagado por ultrajes este organismo desde el 2011.

Reacción

-Considerando esta prevalencia, ¿cómo ha reaccionado la Fiscalía para cubrir esta demanda?

-Los fiscales estudiamos el fenómeno desde distintas perspectivas, no solo la jurídica. Nos hicimos cargo de la afectación, dependencias económicas y afectivas entre los intervinientes, nos concentramos en la problemática general y dimos una mirada más integral en contacto con los organismos auxiliares. Así se alineó a las policías, instituciones del área de la salud y educacional, porque la mayoría de las denuncia vienen de ahí. Por ello, se impulsó la coordinación con todas estas entidades que participan en red.

-Desde el plano investigativo, ¿qué avance ha permitido sustentar este trabajo y ver reflejado estos índices?

-Uno de los principales progresos se vio con el arribo de la policía experta que se requirió por años y que el 2015 se pudo concretar en la Isla. (La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores) Ha sido un aporte al contar con un equipo experto, donde tres policías son también sicólogos. Un impulso operativo que ha significado que ante casos graves podemos contar con los informes en los pocos días. También tenemos investigaciones muy agotadas y con alto estándar.

Judicialización

Todo este trabajo ha redundado en una mayor judicialización de casos en el Archipiélago. Las salidas alternativas y sentencias han mostrado un constante aumento en el tiempo, incluso superiores a los niveles regionales. Esta dinámica ha incidido en que los archivos provisionales han disminuido de manera sostenida.

Las salidas judiciales llegaron a un 42,4 por ciento en Chiloé durante el año pasado (34,2% fueron en toda la región), lo que marca un incremento en casi 17 puntos con respecto al 2011. Mientras que las causas que debieron archivarse ante falta de antecedentes alcanzaron un 28,5% el 2016, lo que corresponde a 34 puntos menos que en el 2010 y casi 22 puntos con respecto hace cinco años. En la Región de Los Lagos, los archivos de causas en la última temporada sumaron un 41,2%.

Esta situación como lo califica el fiscal Canales, da cuenta que "se tiende a encontrar una solución a estos casos, llegando a resultados judiciales", lo que trasciende en la mayor tranquilidad de los afectados y sus familias. Un resultado que explica no solo por la prioridad que se le otorga a este fenómeno desde el plano persecutorio, sino también por el rol que juegan los afectados menores de edad.

-¿Cómo posicionan en su labor el papel de la víctima en este flagelo?

-Es una obligación constitucional dar protección a la víctima en el proceso penal. Esto tiene un alcance mayor a una medida de protección, lo entendemos por la complejidad del delito. La víctima debe ser el centro de atención en los delitos sexuales. Los niños sufren la revictimización cada vez que cuentan lo sucedido, cuando se someten a un examen médico o sicológico.

Todo el proceso es doloroso para los niños, por eso no podemos desentendernos de esta situación porque son personas más vulnerables por lo que están viviendo.

-¿El sistema está al debe con respecto al tratamiento de la víctima?

-Sí, todo lo que se ha construido ha nacido por la práctica. Hemos elaborado métodos en la protección, declaración en juicio oral. Son grandes pasos. Hace 14 años era difícil pedir un biombo para una declaración en juicio, ahora tenemos una sala contigua, especial. Es un avance gigantesco pero no suficiente.

-¿La entrevista única incidiría en una mayor protección a los afectados por estos ilícitos?

-Es importante que se esté discutiendo a nivel legislativo esta entrevista única investigativa, que tiene que ver con el establecimiento de salas Gesell. Pero somos críticos con la legislación porque tiene problemas técnicos y otra dificultad es la demora en concretarse.

Difusión

El fiscal Canales, especialista en investigar delitos sexuales, destaca el progreso a nivel persecutorio, judicial y hasta normativo con respecto al tratamiento de este flagelo. Además, resalta el impacto que han tenido iniciativas relacionadas para dar a conocer el tema, eliminar los tabúes y empoderar a la comunidad como agente prioritario para abordar estos hechos.

"Soy optimista con ese aspecto por situaciones fácticas. Hace 20 años era un fenómeno invisibilizado, no se hablaba ni denunciaba. Eso es parte del trabajo que se ha realizado desde el inicio de la Reforma Procesal Penal (diciembre del 2003 en la zona). Se han realizado talleres de difusión con operadores sociales, trabajos que aumentan con los años", asevera el abogado.

La idea es continuar en esta misma línea con todos los entes relacionados a abordar la problemática. "Toda persona e institución que se sume la apoyaremos", acota el profesional, explicando que esta consigna se aplica en la participación que tendrá la Fiscalía en el Primer Congreso Nacional "Chiloé combate con fuerza el abuso sexual infantil".

"Estaremos presentes en esta iniciativa porque es relevante ocupar todos los espacios para difundir la necesidad de denunciar este fenómeno por las consecuencias que tiene en las personas que sufren estos delitos", concluye Canales.

"Este es un fenómeno que se mantuvo oculto por un factor social y cultural por décadas".

Enrique Canales,

fiscal jefe de Castro."