Las 22 denuncias por clonación de tarjetas interpuestas en las policías solo en un par de días durante febrero, prendieron la alerta sobre la existencia de estos delitos en Chiloé. Desde ese instante se intensificaron las acciones preventivas para enfrentar esta ramificación delictiva. Hoy, con casi cinco meses del 2017, las notificación por estos ilícitos supera los 60 casos. Un dato preocupante y las autoridades lo saben.

Por ello, con el objeto de evitar nuevas defraudaciones de este tipo, se lanzó ayer una campaña en el frontis de BancoEstado.

Autoprotección

Como indicó el gobernador provincial René Garcés, la iniciativa "da cuenta de los cuidados que se deben tener al emplear las tarjetas, apuntando también a la autoprotección". Dentro de las advertencias que entregó está la actualización de claves, inspección de los cajeros al momento de retirar dinero y no compartir las contraseñas.

Por su parte, el prefecto de Carabineros, coronel Eduardo Barrios, enfatizó que dentro de la planificación institucional se encuentra el resguardo de los expendedores de dinero. Además, instó a solo solicitar ayuda a personal de los bancos y no de terceros, agregando que también existen otros delito asociados a estos trámites.

"Existen bandas organizadas que hacen seguimiento a estos giros", acotó el oficial, señalando que han existido casos de robos a personas que han sido seguidas.

Todos apuntan a la denuncia oportuna. Así lo especificó el jefe de la Prefectura de la Policía de Investigaciones de Chiloé, Néstor Arias, explicando que estos "delitos emergentes" están asociados a bandas especializadas. "Es preciso estar alertas ante cualquier sospecha, sobre todo siempre verificar los movimientos en mi cuenta. Las bandas usan mecanismos, como ingreso internet o dispositivos para copiar la tarjeta y las claves", detalló .

Pedro Bárcena González

En vísperas a la celebración del Día del Patrimonio Cultural, personal de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Castro capturó a un sujeto que comercializaba ilegalmente libros en calle San Martín de la capital chilota. Frente a las escuelas Inés Muñoz y Luis Uribe se ubicaba el vendedor, quien fue detenido con 420 ejemplares avaluados en más de 4 millones de pesos.

El operativo se gestó después de los datos entregados por testigos y un representante del Grupo Editorial Penguin Random House, quienes detectaron el continuo negocio que realizaba el sospechoso en dicho lugar, infringiendo la Ley de Propiedad Intelectual.

Así lo indicó el jefe de la unidad policial castreña, comisario Víctor Allende, recalcando que con la información se desplegaron las diligencias que permitieron "comprobar los hechos" y aprehender in fraganti al imputado de iniciales S.A.H.A. (52).

"Se encontraba comercializando libros de diferentes autores, títulos y editoriales, a simple vista falsificados, tanto por su confección, material y precio, ostensiblemente menor al real", señaló el oficial.

Una muestra del botín decomisado fue remitida al Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de Puerto Montt, para que sea periciada por el área de documentación forense.

A su vez, el jefe policial recalcó que la institución "actúa de manera proactiva en la persecución de este delito, el que afecta a la producción artística de los autores y editoriales afectados, como también lesiona el patrimonio general de las personas, al adquirir productos que de su contenido no exista fe que se trate de obras fieles a sus auténticos".

Audiencia

Durante la jornada de ayer, el comerciante fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Castro, donde se acreditó la legalidad de su detención y fue formalizado por infringir esta normativa. Sin embargo, al no tener antecedentes delictivos anteriores y por la baja gravosidad penal asignada al ilícito accedió a una salida alternativa.

El defensor Claudio Herrera explicó que su representado quedó con una suspensión condicional del procedimiento.

"Lo relevante de esta decisión del imputado es que no solo pone término al proceso, sino que además lo exime de un reproche penal de haberse logrado establecer el delito y la participación que el Ministerio Público le asignaba", acotó el abogado.

Por el plazo de un año el imputado quedará sujeto a fijar domicilio periódicamente y la otra medida impuesta fue la destrucción de los libros.

"Terminada la audiencia se dispuso la libertad y acordamos la concurrencia a la Defensoría local para afinar la forma de cumplimiento de las condiciones judicialmente impuestas", concluyó Herrera.

420 ejemplares fueron sacados de circulación gracias al dispositivo policial.

28 de mayo es la fecha en que se celebra en todo el país el Día del Patrimonio Cultural.