Luego del escándalo generado por la información emanada del contralor regional de Los Lagos, Víctor Fritis, respecto a que funcionarios públicos habrían recibido bonos correspondientes a la marea roja el 2016, el diputado Alejandro Santana /RN), gestor de la investigación del ente fiscalizador, hizo un llamado a que las autoridades responsables del error dejen sus cargos.

En total son 11 empleados públicos de la provincia de Chiloé los que durante el año pasado, además de sus cargos pagados por el Estado, recibieron estas ayudas solidarias ante la emergencia por el veneno paralizante de los mariscos. Se suman otros tantos que recibieron estas bonificaciones sin ser pescadores, viviendo en otras regiones e incluso fallecidos.

"Ya en junio y julio del año pasado el Gobierno tenía conocimiento de estos pagos mal hechos, no de los de funcionarios públicos, sino de los entregados por error", advirtió Santana, recalcando que "si no hicieron nada en ocho meses para regularizar estos pagos y siguieron pagando mal, sin duda, los responsables tienen que dejar el cargo, porque no es posible tanta negligencia y que esa negligencia no tenga sanción, sobre todo cuando tantos pescadores artesanales quedaron sin este beneficio".

autoridades

El parlamentario por Chiloé y Palena apuntó directamente como responsables de estos errores en la entrega de los beneficios a diversos personeros. "Esto estaba en conocimiento del ministro de Economía, el intendente, el director de la Corfo y de los encargados regionales en implementar el plan de apoyo y, en el caso del intendente, estaba en conocimiento desde junio y julio del año pasado y reaccionar hoy por un informe de Contraloría es algo que le hace muy mal a la imagen de la gestión pública".

Recalcó Santana que la investigación que ha efectuado la Contraloría Regional de Los Lagos obedece a dos oficios presentados por él en su rol de congresista, con fechas del 25 de julio y el 21 de septiembre del 2016, solicitando la posibilidad de instruir una indagatoria especial "respecto a la correcta recepción, ejecución y rendición de los recursos relacionados con pago del aporte solidario entregado a personas directamente afectadas por el fenómeno de marea roja". Junto al documento se adjuntaban antecedentes de, a lo menos, 27 personas que habrían recibido erróneamente el bono.

En este contexto y a una semana de entregar dicha indagación por parte de la entidad respectiva, el contralor regional Víctor Fritis adelantó a la prensa regional algunos de los puntos cuestionables detectados respecto de la entrega y recepción del aporte solidario, confirmando que empleados públicos, entre ellos funcionarios municipales de Chiloé, habrían recibido el bono.

"Precisamente era uno de los requisitos que no se debía cumplir; es decir, una persona que percibía una remuneración permanente no tenía derecho a esto y que sí lo estaban percibiendo", manifestó el directivo, añadiendo que "ahora estamos en la etapa del seguimiento y ver cómo se actuó respecto a esos funcionarios".

Por su parte, el intendente de Los Lagos, Leonardo de la Prida, salió al paso de la revelación de estos errores, señalando que estarían dentro del margen esperable dentro del pago a 6.700 personas, esgrimiendo que solo 11 de ellos son funcionarios públicos.

"Primero, hay que aclarar que no hay aquí ningún funcionario público que haya pedido que se le entregara este beneficio. No es que aquí se haya hecho una adulteración de algún documento o que haya recibido de alguna manera dolosa o de alguna manera fraudulenta. Aquí lo que ocurre es que nosotros entregamos aportes a 6.754 beneficiarios y estamos hablando de 11 beneficiarios que además de haber revestido las características de tener Registro Pesquero Artesanal, tuvieron en algún momento cuando recibieron los pagos la calidad de funcionario públicos, municipales o de alguna entidad pública", afirmó.

Sumó el representante del Ejecutivo que "nos hicimos cargo de esta situación no desde el día de ayer (el miércoles) cuando apareció esta información en la prensa", citando como ejemplo un documento del 20 de diciembre, dirigido a un funcionario, en el que se pide la devolución de los dineros entregados por error y que quienes no reintegren estos recursos serán objeto de acciones legales.

Mundo pesquero

Para los dirigentes de la pesca artesanal, la información no cayó nada bien. Entre ellos el presidente de la Mesa de Marea Roja de Ancud, Pablo Oyarzo, calificó que "yo creo que si esta gente tiene conciencia debiera devolver ese dinero, aunque al devolver esos bonos, esa plata tampoco se le va a dar a la gente, a los pescadores artesanales que se quedaron sin ayuda del Estado".

Sumó el isleño que "acá lo que debiera pasar es que el Gobierno reconozca su error, porque acá hay doctores y gente que estaba fallecida que recibieron los bonos".

"Los responsables tienen que dejar el cargo, porque no es posible tanta negligencia y que esa negligencia no tenga sanción".

Alejandro Santana, diputado."

Víctor Fritis, contralor regional de Los Lagos

"(El funcionario público) Tiene la obligación de cumplir sus funciones en forma honesta y hacer prevalecer el interés general sobre el interés particular. Entonces, cuando una persona ha obtenido recursos públicos, sin cumplir requisitos, eventualmente esto podría implicar una infracción a ese principio", recalcó.

Denisse Álvarado, dirigenta de la pesca artesanal de Quellón

"Ellos recibieron esas platas y se quedaron callados; entonces, creo que va a ser un escándalo más y no va a quedar en nada, porque no creo que este gobierno haga algo, porque fue poco competente cuando ofreció este bono, porque nunca cotejó bien y le llegó a la gente que menos necesitaba", apuntó la líder social.

11 funcionarios públicos de Chiloé recibieron aportes solidarios por la crisis de la marea roja.