La joven que fue formalizada en el Hospital San Carlos de Ancud la tarde del martes por el delito de aborto señaló que tiempo antes habría sido esterilizada en el sistema público de salud, por lo que no descarta una eventual negligencia médica, argumentando que por esta razón no estaba en conocimiento de su embarazo.

La capitalina se acercó ese día al centro asistencial portando un feto de cinco meses de gestación en una bolsa y con un fuerte sangrado vaginal. Trabaja en un local nocturno y reside en Lechagua.

Tal información fue revelada por la imputada a su abogado defensor, Luis Mora, quien argumentó que "ella se encuentra esterilizada y siempre ha tenido el conocimiento que ella no puede tener hijos, por lo tanto, es un asunto que hay que estudiarlo".

El profesional advirtió que en la formalización se aplicaron medidas cautelares menores debido a "los pocos antecedentes que hay, donde había antecedentes de un embarazo interrumpido y de supuestos medicamentos, pero eso también es objeto de estudio, porque la chica se presenta al hospital, lleva el feto que expulsa y esto todo se entiende en un embarazo desconocido y un aborto espontáneo".

"hemorragia"

En el mismo punto, el jurista manifestó que "este feto no tenía intervención de elementos filosos o cortantes, simplemente se produce una hemorragia y una expulsión de la criatura y a eso se suma el desconocimiento absoluto que tenía ella por la intervención que realizó el sistema público (de esterilización)".

Mora mencionó que su defendida se encontraba con "pérdida de consciencia" durante la tarde de la formalización, por lo cual no pudo recabar mayores antecedentes a los expuestos, no descartando un eventual delito de negligencia por la supuesta esterilización realizada en otro centro hospitalario.

Este mismo punto es una de las diligencias pendientes que deberá informar el Servicio Médico Legal, a fin de corroborar o no la versión de la imputada.

Además, se esperan los exámenes de los medicamentos encontrados en la sangre de la misma investigada, para de esta forma verificar de qué tipo son, ya que fuera de un embarazo, se trataría de remedios comunes.

La Fiscalía de Puerto Montt junto a la Brigada de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema) de la Policía de Investigaciones (PDI) comenzaron el martes una serie de entrevistas en calidad de imputados a distintas autoridades de Gobierno, entre los que se incluyó el director regional de Sernapesca, Eduardo Aguilera, en el marco de la indagación que el organismo persecutor lleva adelante por el vertido de salmones en descomposición frente a las costas de Chiloé.

La abogada defensora del funcionario del Servicio Nacional de Pesca, Milena Galleguillos, informó que "él estaba citado como imputado", explicando que "esta no es una citación tan anormal, sino que se están haciendo en este tenor para las autoridades que se está citando como imputados".

La fuente precisó que lo que se está investigando es un eventual vertimiento ilegal de salmones en descomposición, referido al artículo 136 de la Ley de Pesca, consignando que no se trata de que a los interrogados se les impute algún dolo en particular, sino que eventualmente podrían ser indagados bajo esta figura ante una formalización de quienes resultaran responsables.

Galleguillos advirtió sobre esta investigación desformalizada que "para nosotros es mejor, porque si se piensa que ellos pueden tener todos los derechos que, en definitiva, tiene un imputado, con acceso a los antecedentes antes, contar con abogado defensor, poder ir acompañado, eso garantiza aún más los derechos".

La entrevista duró cerca de cinco horas, debido a que -según expone la profesional- "además de los antecedentes de la investigación de los cuales se pidió cuenta, se conversaron otros temas con los detectives".

La calidad de doctor en Acuicultura de Eduardo Aguilera y su conocimiento en temas ambientales, habría alargado la entrevista con los efectivos de la PDI de Valdivia, recalcó la fuente, citando que "se conversó con él temas más técnicos, que no tenían que ver con la declaración, sino más bien contarle antecedentes técnicos y cosas que habían pasado en la región en años anteriores".

La defensora pública agregó que en el caso de Sernapesca "solo actúa como un ente fiscalizador y quien autorizó el vertimiento de salmones fue la Armada de Chile".