Eduardo Burgos S.

José María Escobar, subgerente general de Toralla, empresa con sede en Chonchi, informó que su equipo de abogados está estudiando acciones legales contra el werkén de la comunidad Wicha-Pukatué.

El ejecutivo de la industria de cultivo y procesamiento de chorito señaló que "nuestro asesor jurídico está evaluando la interposición de las acciones legales por hostigamiento y posible extorsión del dirigente de la comunidad".

Recalcó la fuente que desde sus inicios la empresa habría mantenido una relación "positiva" con la comunidad, menos con el comunero.

"No entendemos la posición que ha tomado tal dirigente, en orden a exigir una serie de aportes, que pasan por terrenos, vehículos, embarcaciones, entre otros, que en suma son valorados en más 130 millones de pesos, ello a cambio indica el señor dirigente, de poder permitirnos continuar con nuestras actividades en el sector donde nos emplazamos, por un período de tres años, que cumplido ese plazo se volvería a analizar los términos de negociación", indicó.

Advirtió el empresario sobre esta situación y dos cortes carreteros fuera de la industria, que estas serían "supuestamente vinculadas a la reclamación del Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (Ecmpo), que pretende esa comunidad" y que usarían esto como "herramienta de presión y violencia, justificando así sus actos temerarios y contrarios a derecho con la finalidad real de obtener las exigencias económicas".

En regla

Recalcó Escobar que "Toralla opera y cumple con toda la normativa vigente", ante las críticas de supuesta contaminación de la costa, uno de los puntos reclamados por los comuneros, destacando que la forma genera más de mil empleos en el sector y que ha invertido más de 40 millones de dólares.

Finalmente, la fuente indicó: "Si el otorgamiento de la Ecmpo contempla la actual superficie ocupada por nuestro emisario, la empresa podría verse abocada al cierre de la misma por la imposibilidad operativa de su operación".

Agregó que "si esto se produjera traería como consecuencia la pérdida de los empleos descritos anteriormente, así como las inversiones comprometidas, los ingresos de contratistas y en términos generales un empobrecimiento de la zona".

Por su parte, Emilio Guaquín, el wekén aludido por la empresa, sobre la supuesta solicitud de 130 millones de pesos en especies, dijo que "con la Toralla conversamos hace unos tres años, la primera vez, cuando fuimos con los dirigentes de las organizaciones y le pedimos apoyo de un terreno, porque no teníamos dónde hacer una junta de vecinos y ellos dijeron que lo iban a ver y a analizar, pero nunca llamaron".

Asimismo, el dirigente agregó que "hemos conversado con ellos y eso no lo puedo negar, pero lo que les estamos pidiendo es que el tiempo que han estado ilegal, por ejemplo, nos apoyaran y si eso ocurría no teníamos problemas en que siguieran funcionando, pero tenían que solucionar el tema de contaminación".

Consulta

Sumó el líder indígena que la empresa les habría preguntado en qué podían ayudarles y que "les dijimos, los equipos para trabajar en el mar, no plata, solamente especies que tengan que ver con su giro, como botes, embarcaciones y equipos de buceo, más que nada para trabajar el borde costero y ellos podían seguir trabajando sin problemas, pero la contaminación tenían que resolverla".

Reconoció Guaquín que la propuesta tendría una validez, de llegar a acuerdo, de tres años, advirtiendo que "yo les dije que era así porque finalmente iban a ocupar el espacio que era nuestro, o sea la concesión y todo eso era nuestro".

"No entendemos la posición que ha tomado tal dirigente, en orden a exigir una serie aportes".

José María Escobar,, subgerente general de la empresa Toralla."

40 millones de dólares dice el ejecutivo de la firma que se han invertido en la zona.