Pedro Bárcena González

El debate estará centrado en la acreditación de la prueba y en la configuración organizativa y jerárquica del grupo. Y se prevé una extensa y compleja discusión entre los intervinientes. Por lo menos, así queda graficado desde ayer en el inicio del juicio que determinará la responsabilidad de once acusados en el delito de tráfico de drogas y de ocho de ellos en el ilícito de asociación ilícita en la ciudad de Castro.

El denominado Caso Nenuco está siendo analizado por la sala del Tribunal Oral en lo Penal de la capital isleña, presidida por el magistrado Claudio Ayala. Tras los alegatos preliminares comenzó el despliegue probatorio, que incluirá más de una decena de testigos y peritos, como también el estudio de más de 110 pruebas documentales, principalmente transcripciones telefónicas aportadas por el Ministerio Público e informes toxicológicos entregados por la defensa.

Penas

El fiscal Javier Calisto, quien está siendo apoyado en la audiencia por su colega Karen Rosas, invoca más de 200 años totales de presidio contra los imputados por ambos delitos que se habrían perpetrado entre mayo y noviembre del 2013, instante en que fueron capturados los imputados tras un amplio operativo del OS-7 de Carabineros, centrado especialmente en la población Juan Soler.

Tras el dispositivo, en el cual también actuó personal del GOPE de Puerto Montt, se incautaron más de 8 mil dosis de estupefacientes, equivalente a casi 3 kilos de droga (cocaína, marihuana y pasta base), como también cerca de 10 millones de pesos en dinero en efectivo.

Todos estos antecedentes ya entraron al ruedo en la audiencia sobre un caso calificado por el persecutor como un "negocio familiar", centrado en la estructuración para vender drogas en la comuna y sus alrededores.

"Esto va más allá de la droga, existe una organización para comercializar sustancias ilícitas, donde se observa la distribución de funciones y centro de poder, la colaboración para un fin delictivo que se sostiene en el tiempo, con una formalidad específica", apuntó el abogado.

Asimismo, el abogado aclaró que la ley no determina magnitud de la organización o flujo de droga para sustanciar la asociación ilícita, por eso encasilla a este grupo como un negociado entre parientes, identificando al líder -de iniciales J.S.C.C. (27)- y al resto de la estructura criminal. También detalla a sus presuntos colaboradores directos, asistentes, vendedores de droga, proveedores, intermediarios y guardadores de la sustancia y los recursos derivados de estas prácticas.

Pericias

Calisto enfatizó que la indagatoria comandada por los especialistas de Carabineros permitirá sustentar tanto el tráfico, como la organización delictiva. "Se presentan pruebas, interceptaciones telefónicas, seguimientos, trabajo de inteligencia que permitirán concluir la configuración de estos delitos", aclaró.

A su vez, la fuente recalcó que el tribunal "se percatará que este es un caso distinto, que estamos ante una asociación ilícita".

Por su parte, los tres defensores de los acusados coincidieron en sus argumentaciones para solicitar la absolución de sus representados.

Claudio Herrera, quien defiende al presunto líder de este grupo, resaltó como fundamentación para llegar a este resultado el concurso de varias aristas. "La prueba fue obtenida con infracción a las garantías fundamentales", apuntó, explicando que no existió rigor en los procedimientos policiales, que muchos se realizaron sin autorización del fiscal, de manera autónoma, por lo cual debe validarse negativamente esta información.

Además, el profesional expresó que no existen antecedentes de participación de su representado en el tráfico de drogas y menos se puede configurar una asociación ilícita. "No hay elementos para sustentar la jerarquía en el grupo, solo suposiciones derivadas de las escuchas telefónicas, tampoco se pueden determinar las formas en que operaban ni fechas sobre su mantención en el tiempo y que cada uno de los acusados obtuvo ganancias", acotó.

Por su parte, Nelson Troncoso, quien representa a ocho de los acusados, también se enfocó en la imposibilidad de demostrar jerarquía, funciones, tiempos y lucro. Igualmente, señaló que "al ser detenidos no portaban la droga", sumando que los hechos imputados se enfocarían en un microtráfico.

Pureza

En ese aspecto profundizó Filippo Corvalán, quien defiende a los otros dos acusados, manifestando que para sustentar la figura del tráfico debe acreditarse la pureza de la droga, la cual descartó tras los análisis químicos realizados.

A su vez, el jurista insistió en el incumplimiento de las normas procesales. "Los procedimiento de droga deben ser claros, prístinos, rigurosos para asegurar su legalidad, lo que en este caso no se vio, constatándose numerosas infracciones", finalizó.

El juicio continúa esta jornada con el despliegue de la prueba y se prolongará la próxima semana hasta determinar la responsabilidad de los acusados, quienes pese a arriesgar severas penas, se encuentran libres.

"El tribunal se percatará que este caso es distinto, que estamos ante una asociación ilícita".

Javier Calisto, fiscal."