El Ministerio Público estudia los antecedentes asociados a la posible figura de maltrato animal luego de ser incautado un ejemplar de choroy (Enicognathus leptorhynchus) en Ancud.

Las primeras diligencias surgen a partir de una denuncia que confirmó la Fiscalía tras comprobarse la existencia de esta especie nativa en una casa particular en la ciudad del Pudeto.

Jorge Raddatz, fiscal jefe del Ministerio Público, aseguró que hasta el momento aún resta por resolver la apertura de una investigación formal respecto a la persona infractora de la norma legal que protege este tipo de aves.

"Todavía no se ha decidido formalizar, estamos viendo algunas diligencias que faltarían, todavía no se ha decidido formalizar al respecto", señaló el abogado.

Agregó el profesional que "se comprobó la tenencia de este lorito choroy pero todavía no hemos resuelto formalizar", acotando que se pudo establecer que el ejemplar presentaba algún deterioro en su aspecto físico. Bajo esta condición se podría formalizar la investigación por la figura de maltrato animal.

En la oficina local del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) se confirmó el procedimiento que terminó con la recuperación de este ejemplar propio de los campos del Archipiélago. Frente a este tipo de hallazgos el jefe comunal de este servicio Guillermo Berríos sugirió a la población que "se debe avisar a Carabineros, Armada o el SAG, que somos los organismos que fiscalizamos la ley de caza".

El funcionario precisó que este loro ostenta en Chiloé la condición de especie vulnerable, mientras que en otras regiones aparece lisa y llanamente en peligro de extinción.

Berríos consignó que el SAG mantiene un convenio con la Universidad San Sebastián de Puerto Montt, hasta donde llegan especies como aves o mamíferos para ser examinados por médicos veterinarios.

Precisó que además de este ejemplar, se han rescatado recientemente tres nuevos ejemplares de pudúes, los cuales se encuentran en etapa de rehabilitación en la USS.

Una millonaria e histórica incautación de prendas de vestir falsificada concretaron detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI en distintas comunas de la provincia de Chiloé.

La masiva confiscación que incluyó la detención de cinco personas respondió a las acciones desprendidas de la operación organizada por la Unidad de Tráfico de Ilícitos de Mercadería de la Interpol para actuar coordinadamente con las policías de Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, Paraguay y Chile para pesquisar en la primera mitad de octubre la venta ilegal de ropa falsa.

Germán Cea, subcomisario de la Bicrim de la capital chilota, subrayó que este operativo se llevó a cabo ayer logrando el decomiso de valiosa mercadería. "Se llevaron a cabo en las comunas de Ancud, Dalcahue, Castro y Quellón y el balance hasta el momento son aproximadamente 2.500 prendas incautadas y el perjuicio ascendería a los 200 millones de pesos", mencionó el detective.

La fuente precisó que en esta diligencia conjunta se detuvo a comerciantes que vendían en locales establecidos productos de las reconocidas marcas The North Face, Lippi, Adidas y Columbia a precios inferiores a los valores reales del mercado formal.

Sin autorización

"Las prendas ni siquiera eran adulteradas, derechamente falsificadas, prendas de vestir que tenían el logotipo de la marca pero en resumidas cuentas no eran fabricadas por los fabricantes autorizados", afirmó.

El policía sentenció que los imputados fueron detenidos por infracción a la Ley de Propiedad Industrial.

Cea manifestó que por disposición del Ministerio Público solamente dos de los aprehendidos serán pasadas al control de detención y formalización de cargos tanto en los juzgados de garantía de Castro y Quellón.

Los tres restantes quedaron en calidad de citados a las respectivas fiscalías para dar cuenta de su actuar en el comercio establecido.

Con relación a la millonaria mercadería, el subcomisario de la Bicrim castreña precisó que tras su confiscación, la ropa quedará en poder del Ministerio Público para resolver su destino.

El jefe policial sentenció que el organismo persecutor debería decidir eventualmente la destrucción del producto.

Luis Contreras Villarroel

luis.contreras@laestrellachiloe.cl