Luego de pasar más de 48 horas detenido por la policía venezolana, Braulio Jatar fue imputado por el cargo de legitimación de capital, más conocido como lavado de dinero.

Así lo informó Reporte Confidencial, el mismo sitio que el periodista y abogado venezolano dirige.

El sábado el periodista fue detenido en la Isla de Margarita. Según sus familiares, por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), horas después de difundir videos de una protesta en contra del presidente venezolano Nicolás Maduro que se desarrollaba en la isla.

En la jornada, también fueron apresadas otras 30 personas, quienes fueron liberados durante el fin de semana.

En Chile, el canciller Herlado Muñoz inició conversaciones con su símil venezolano para recabar antecedentes, asegurando que "Chile defiende a sus conciudadanos, es nuestro derecho y el de nuestro compatriota". Mientras un grupo de políticos chilenos se dirigió ayer a la embajada de Venezuela para entregar una carta y abogar por la liberación de Jatar.

Cualquier costo adicional en el que incurra el Consorcio Puente Chacao, cuyo principal referente es la empresa Hyundai, en la realización del proyecto que unirá la Isla Grande de Chiloé con el continente, es "responsabilidad del contratista, no responsabilidad del Estado", aseguró este lunes el ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

"El contrato del Puente Chacao es un contrato a suma alzada, no a precio unitario, por lo tanto, cuando hay un problema de aumento de costo de algunos de los componentes es riesgo del contratista, no es riesgo del Estado", expresó el secretario de Estado.

Esta declaración la entregó luego de que la firma contratista solicitara un aumento en el presupuesto de la obra de más de 70 millones de dólares, debido a la actualización de la rentabilidad social del proyecto, al proyectar un crecimiento del flujo vehicular que transitará por el puente.

Respecto a esto, el ministro aseguró que donde sí podrían aumentar los recursos proveniente del Estado es en el caso de que hayan obras adicionales, que no estuvieran contempladas en el contrato original. Eso, sin embargo, sería "una porción muy menor de esa cifra (US$70 millones)", aseguró el titular de Obras Públicas.

Solicitud

En ese caso, el MOP tendrá que aprobar o rechazar la solicitud del consorcio. "Se analizará en su mérito, si las obras son necesarias o no son necesarias", sentenció. Cualquier aumento en el costo de los materiales, cambio en el valor del dólar o cualquier otra consideración de ese tipo, deberán asumirlas las compañías.

La comisión especial de la Cámara de Diputados que revisaba la segunda acusación constitucional en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, concluyó ayer que el libelo no era procedente.

La instancia, encargada de revisar y emitir un informe sobre la pertinencia del requerimiento presentado por parlamentarios de Chile Vamos, recomendó desestimar la acusación por tres votos contra dos.

Este libelo apuntaba a las irregularidades en Gendarmería, luego de la divulgación de millonarias pensiones injustificadas de algunos de su ex funcionarios, como la ex subdirectora, Myriam Olate.

La decisión fue adoptada por tres votos en contra de Sergio Ojeda (DC), Marcelo Schilling (PS) y Jaime Pillowsky (DC) y dos a favor, de Marcela Sabat (RN) y René Saffirio (Independiente).

A pesar del informe de la comisión, el cual debe ser entregado al Parlamento en un plazo de seis días, aún queda una instancia para que la titular de Justicia sea "juzgada" por el Congreso en el Caso Gendarmería. La Cámara de Diputados discutirá, con el informe de la comisión en mano, si continuar o no con la acusación constitucional.