Luis Contreras Villarroel

Dos demandas judiciales ganaron igual número de docentes chilotes a sendas corporaciones municipales de Chiloé.

Uno de los casos corresponde al del profesor ancuditano Miguel Brulé, tras acusar despido injustificado en marzo de 2015 y que en los últimos días obtuvo un fallo favorable por parte de la Corte Suprema.

Según lo expresado por el abogado demandante, Julio Álvarez, el máximo tribunal de justicia resolvió puntualmente un recurso de unificación de jurisprudencia que en su momento presentó la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Ancud en contra del fallo que dictó en su momento la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.

Dijo que en esta instancia y "por unanimidad, es decir de tres votos contra cero, resolvió finalmente acoger la demanda condenando al sostenedor al pago de la suma de 20 millones de pesos como consecuencia de la vulneración de los derechos fundamentales del profesor".

Brulé aseveró que con este fallo se hizo justicia a partir de la forma en que fue desvinculado desde el establecimiento público donde se desempañaba. "La titularidad queda claramente demostrado que corresponde por ley y está muy bien argumentado en el fallo que hizo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt".

El exdirector de la Escuela San Miguel de Koñimó recalcó que "estaba jurídicamente o con la condición contractual como profesor desde el 2001".

A su vez, el secretario general de la corporación ancuditana, Luis Ampuero, admitió que frente a este resultado judicial no queda más que acatar lo que indica el Poder Judicial.

Sin embargo, acotó el también docente, que "el tribunal laboral, la Corte de Apelaciones y Suprema no acogió lo que era el fondo del tema que es una demanda por tutela laboral, el tema de la titularidad que la justicia no lo acogió".

Otro

El segundo caso judicial se sustanció en el Juzgado de Letras y del Trabajo de Castro al condenar a la Corporación Municipal de Educación, Salud y Atención al Menor de Queilen al pago de 5 millones de pesos a la asistente de la educación Angélica Hernández.

A través del fallo se deja establecida la orden de pago a la entidad educacional chilota dentro de un plazo de cinco días una vez realizada la notificación de la causa respectiva.

El caso tiene su origen en una agresión de la cual habría sido objeto la trabajadora a manos de un alumno en el internado de la comuna, materia que se instaló en los tribunales durante el 2015.

Manuel Godoy, alcalde y presidente de la corporación aludida, señaló que "la funcionaria demandó por más de 50 millones de pesos y, bueno, se hicieron los descargos correspondientes y el tribunal de Puerto Montt determinó que tenga una indemnización de 5 millones de pesos".

El edil señaló que este caso quedó "zanjado" y, por lo tanto, se procederá a la cancelación de los dineros a la funcionaria en ejercicio del internado queilino.

Con respecto a este dictamen, la inspectora Hernández precisó que solo tiene antecedentes generales asociados al resultado de la condena que el Poder Judicial aplicó a su empleador y que por ahora no puede emitir reacciones por desconocer los "detalles" de la determinación judicial.