El Gobierno continúa con la improvisación, la descoordinación, la falta de prolijidad para enfrentar una política pública tan importante como es la gratuidad de la educación.

El recién ingresado proyecto de Educación Superior, presenta varias deficiencias, partiendo por un diagnóstico errado, que desconoce fortalezas y debilidades del actual. Aunque muchos no lo reconozcan, sí ha contribuido a ampliar el acceso y la equidad. En 1990 sólo el 6% de los alumnos era del primer quintil, en 2013 representaba el 15%. Lo malo, ha sido el aporte discriminatorio en igual condición socioeconómica. Si comparamos las becas de arancel que reciben alumnos del CRUCH con aquellos que estudian en universidades que están fuera, es 84% superior, más injusto es para los Centros de Formación Técnica, donde la diferencia es de 253%.

La gratuidad universal se comprometió durante la campaña de la presidenta Bachelet. Siendo Gobierno han tenido que ajustar los porcentajes de gradualidad, reconociendo que se deben cumplir ciertas condiciones. Pese a que la titular de Educación desconoce cuánto le cuesta al país este beneficio, lo cierto es que creciendo a un 3% anual no llegaría antes del 2060.

Esta promesa se hizo humo y el deseo de favorecer a miles de familias que ven en ésta, una opción real para sus hijos. La irresponsabilidad está en prometer gratuidad a la clase más rica; en no sacar la calculadora y generar las condiciones económicas y por último, en desconocer las recomendaciones de invertir en las etapas previas. El proyecto de Educación Superior implica 3.500 millones de dólares versus los 3.800 contemplados en el resto de iniciativas de la Reforma Educacional. Una decisión más de este Gobierno, que no deja conforme a nadie.