Actualmente se discute en la Comisión de Vivienda del Senado la moción parlamentaria que busca declarar inembargable las viviendas en cuatro situaciones para viviendas de emergencia, adquiridas con subsidio sin deuda, viviendas con subsidio con deuda, sin pago contribuciones y finalmente aquellas denominadas como sociales de valor inferior a las 400 UF o 520 en caso condominio.

Permitir que en el caso de deudas las viviendas no sean embargadas, es sin duda una forma de proteger el único patrimonio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, además considerando que estas han sido adquiridas con recursos de todos los chilenos.

Si bien en Chile hoy no consideramos la vivienda como un derecho social, sino que, como parte del derecho a la propiedad, es necesario tener en cuenta la función social del bien raíz, como el medio de protección, albergue de la familia y la formación del hogar de los más desposeídos.

Pero no me parece justo que una vivienda adquirida principalmente mediante recursos privados tenga la misma categoría que aquellas entregadas por el Estado sin ningún tipo de deuda. Por lo mismo es necesario modificar el proyecto estableciendo un porcentaje de corte que se adecue a los planes de subsidios del Estado y sea realista.

Y esto no tiene razón en proteger a la banca en cuanto al pago de los compromisos adquiridos por los deudores, sino a que estas propiedades también pueden ser una herramienta de movilidad social, en caso de querer iniciar un emprendimiento o querer adquirir una segunda propiedad en cuyo caso se requiere presentar un bien en garantía.

Sin duda debemos buscar fórmulas para incentivar el ahorro y resguardar el patrimonio de las familias más vulnerables del país, cuya condición de inseguridad laboral, bajo nivel de estudios, los convierte en sujetos de derechos más que de mercado y quienes hemos sido elegidos por la comunidad tenemos el deber de representar y proteger.