La semana recién pasada, la Cámara de Diputados despachó al Senado dos proyecto de ley que van dirigidos a mejorar las condiciones de aquellos funcionarios que jubilan tanto en la atención primaria de salud como de aquellos trabajadores de la salud pública.

Lo anterior, haciendo que en el caso de la salud primaria se vean alcanzados por este beneficio hasta 7 mil funcionarios durante los diez años de vigencia de la ley, una vez tramitada en su totalidad, que cumplieron o cumplirán, entre el 1 de julio de 2014 y el 30 de junio de 2024, 60 años de edad si son mujeres, o 65 si son hombres, siempre que reúnan los demás requisitos para acceder a cada uno de los beneficios.

A esto, se suma la indicación que solicitaron gremios del sector -la que votamos en la comisión de hacienda- que hace referencia a la heredabilidad de esta bonificación en caso de muerte.

Sin lugar a dudas, con proyectos como estos, se viene a hacer justicia con funcionarios que han dedicado su vida a trabajar por mejorar la salud de los chilenos y chilenas, pero que, con el actual sistema previsional, no pueden jubilarse porque las condiciones son absolutamente insuficientes para mantenerse dignamente.

Y es aquí donde se debe hacer un llamado al Gobierno respecto a la modificación al sistema de pensiones, que como bien sabemos la comisión asesora presidencial, "validó" el actual sistema desechando la idea de un modelo de reparto y por lo cual se deben hacer modificaciones entre otras para garantizar mejores pensiones asistenciales. Sin lugar a dudas el gran desafío pasa por un cambio estructural del sistema que tenga viabilidad, sustentabilidad y solidaridad, donde la rentabilidad mínima esté garantizada y el riesgo no sea absorbido por el trabajador que cotiza, como pasa hoy. Además la tasa de ahorro previsional, y los mercados donde se invierten los fondos debe ser revisada y ajustada a garantizar un mínimo digno de pensión.