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La contundencia de los testimonios vertidos en audiencia fueron primordiales para acreditar la responsabilidad de un sujeto en los constantes ultrajes perpetrados contra su propio sobrino. Una serie de agresiones consumadas al interior del hogar del acusado en la comuna de Dalcahue.

En el Tribunal Oral en lo Penal de Castro se realizó el juicio contra el imputado de iniciales P.E.V.R., quien fue sentenciado a una pena de 3 años y un día de presidio efectivo, como también a las sanciones accesorias de sujeción a la vigilancia por los 10 años posteriores al cumplimiento del fallo y la inclusión de su huella genética en el registro de condenados.

De acuerdo a lo señalado por el fiscal Enrique Canales, quien instruyó las diligencias de este caso, los hechos se produjeron entre el 2011 y el 2012, siendo un año después la develación.

El persecutor, junto con destacar la declaración del ofendido -tenía 15 años al momento de las agresiones-, resaltó el aporte de los funcionarios educacionales que constataron la pesadilla por la cual pasó el menor.

"Fue muy relevante en este juicio la declaración del director del colegio y dos educadores que dieron cuenta los cambios sufridos por el joven producto de estas acciones", aseveró el abogado, sumando que la madre del adolescente se acogió a su derecho de no prestar testimonio al ser hermana del acusado.

apoderado

Asimismo, con relación de la dinámica de las tocaciones de connotación sexual, el representante del Ministerio Público apuntó que el hoy condenado "se aprovechaba de ser el sostén económico de la familia. Además, era el apoderado de la víctima".

Por su parte, el defensor Mauricio Díaz, quien había solicitado la absolución al considerar que la prueba era insuficiente para desvirtuar la presunción de inocencia", de su representado analiza la sentencia ante un eventual recurso de nulidad.

El jurista, a su vez, había invocado la concurrencia de las atenuantes de reparación celosa del mal causado y colaboración sustancial para llegar una pena de 300 días de prestación de servicios. Una postura que fue rechazada por los sentenciadores. J

Ante el incumplimiento de la "correcta ejecución de las obras" de los centros de salud familiar de Chonchi y Dalcahue por parte de la Empresa CVC S.A. y la posterior demanda ante el Juzgado Civil de Santiago interpuesta por el Servicio Salud Chiloé, el tribunal ordenó el pago de 60 millones de pesos a la compañía Cesce Chile Aseguradora S.A.

La génesis del recurso interpuesto por los abogados patrocinantes, Jaime Monsalves y Javier Verdugo, se remonta al 2013 cuando queda frustrada la construcción y abandonadas las faenas de los establecimientos, después que la constructora se declarara en quiebra en 2013.

El 2011 se contrató el seguro y al no obtener respuesta de la compañía aseguradora en orden a pagar dichas pólizas, el departamento jurídico del S.S. Chiloé demandó a principios de este año directamente en la capital.

Tras ser notificada de las demandas, la compañía de seguros tuvo que allanarse al pago de la totalidad de lo demandado, adicionando un monto de $1.002.876, que representa la diferencia del valor de la Unidad de Fomento entre la presentación de las demandas y la fecha en que la aseguradora aceptó las mismas.

acciones

Asimismo, desde el Servicio Salud Chiloé se informó que estas acciones judiciales se realizaron paralelamente a la demanda interpuesta por el mismo departamento jurídico, cuya sentencia de septiembre pasado se encuentra pendiente de apelación, ordenando a la compañía aseguradora el pago de unos $610 millones a favor del organismo insular. J

Con el objeto de reforzar la prevención del VIH y enfermedades de transmisión sexual (ETS) en Quellón, se realizó ayer una campaña informativa y de entrega de preservativos en el muelle artesanal.

Personeros de Salud y de la agrupación Kelwo llevaron a cabo la iniciativa que se concentró en el sur de la Isla por la alta incidencia de infecciones de transmisión sexual. El 2014 se registraron 398 consultas por estas enfermedades en la comuna.

"Hemos tenido una buena recepción de las pescadores, pero nos faltaban más acciones de prevención en salud sexual", dijo el jefe de Oficina Provincial de la Seremi de Salud, Cristián Araneda.

coordinación

En tanto, Willy Morales, representante de Kelwo, recordó que si bien es el Estado el responsable de difundir las políticas de salud sexual en la comunidad, se desarrolló un trabajo conjunto con la sociedad civil bastante adecuado. "Acá en Quellón nuestros mensajes fueron bien recibidos por los pescadores", recalcó. J